El debate sobre la financiación de los partidos políticos en España ha vuelto a estallar con fuerza. Esta vez, no por una sentencia judicial, ni por un informe de la UCO, sino por algo que, paradójicamente, pretende cerrar la polémica: una auditoría interna encargada por el propio PSOE tras el estallido del caso Ábalos–Cerdán–Koldo.

Y sin embargo, lejos de apagar el incendio, el informe ha avivado un debate político, mediático y moral de enorme calado. En el centro, una palabra que en la política española funciona como dinamita: financiación ilegal.

La conclusión oficial: “100% legal”

El PSOE sostiene que la auditoría demuestra que su financiación es “100% legal”. Así lo concluyen un catedrático y un profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, encargados de analizar las entradas y salidas de la conocida como “caja de Ferraz” entre los años 2017 y 2024.

Según el informe, el sistema contable es “coherente, cerrado y verificable”, y no existen movimientos ajenos al circuito ordinario. Los peritos descartan, por tanto, la existencia de financiación ilegal.

Pero el propio informe introduce un matiz inquietante: sí existen gastos improcedentes, y algunos de ellos resultan, cuanto menos, difíciles de justificar en un partido político financiado en gran parte con fondos públicos.

Los gastos que sí aparecen

Entre los ejemplos recogidos figuran comidas navideñas para nueve comensales, menús infantiles pagados por el partido, noches de hotel a nombre de la madre de una expareja de José Luis Ábalos o facturas en restaurantes que superan ampliamente el umbral considerado “suntuario” (60 euros por persona).

En los años 2017 a 2019, estos gastos representaban menos del 5% del total. Pero en 2020, último año de Ábalos como secretario de Organización, el porcentaje se dispara hasta el 25%.

Mariscadas y asados a 100 euros por cabeza. Menús individuales de entre 160 y 400 euros. Todo ello, abonado con dinero del partido.

No es financiación ilegal, concluye el informe. Pero sí un descontrol evidente.

El argumento clave: no hay pruebas de dinero negro

Aquí reside el núcleo del razonamiento que defienden tanto el PSOE como algunos analistas: no hay prueba fehaciente de que haya entrado dinero ilegal en las cuentas del partido.

Ni la auditoría, ni los informes conocidos de la UCO, ni las investigaciones judiciales en curso han acreditado hasta ahora que el PSOE haya blanqueado comisiones o utilizado fondos opacos para financiar su estructura.

Y esto es relevante. Porque en materia de financiación ilegal, la clave no está solo en cómo se gasta el dinero, sino en de dónde procede.

El informe analiza gastos. No analiza ingresos ocultos. No puede hacerlo, porque por definición, el dinero ilegal no deja rastro contable.

La gran pregunta que sigue sin respuesta

Aquí es donde se abre la grieta. Porque si bien el informe verifica que lo que está registrado cuadra, no responde a la gran incógnita:

¿Hubo dinero que nunca entró en la contabilidad oficial?

Las conversaciones de Koldo, las referencias a “bolsas”, los comentarios sobre pagos en Ferraz, las declaraciones de Carmen Pano… Todo eso sigue fuera del alcance de esta auditoría.

Por eso, algunos expertos subrayan que el informe no exonera al PSOE de futuras responsabilidades. Simplemente afirma que, con la documentación analizada, no hay indicios de financiación ilegal.

El PP ataca… pero con un pasado incómodo

El Partido Popular ha reaccionado con desdén. Considera la auditoría un informe “de parte”, encargado por el propio PSOE, y la ridiculiza públicamente.

Pero aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.

Tras el estallido del caso Bárcenas, el PP hizo exactamente lo mismo: una auditoría interna, encargada a su propia tesorera, que concluyó que no había pasado nada. Años después, varias sentencias firmes acreditaron décadas de financiación ilegal en el PP.

Gürtel. Bárcenas. Caja B. Todo ello está asentado judicialmente.

Por eso, como subraya Jesús Maraña, resulta cuando menos irónico escuchar lecciones de regeneración democrática por parte de dirigentes que formaron parte de aquella etapa.

El riesgo político para el PSOE

Dicho esto, el PSOE no está libre de peligro. Muy al contrario.

La financiación ilegal es, probablemente, la línea roja absoluta para sus socios parlamentarios. Mucho más que cualquier otro escándalo. Mucho más que los casos personales. Mucho más que la mala gestión.

Si apareciera una prueba sólida de financiación irregular, el daño sería devastador.

De momento, esa prueba no existe. Pero el partido camina, como se ha dicho, por un campo minado: caso mascarillas, comisiones de Cerdán, Plus Ultra, investigaciones pendientes en la Audiencia Nacional y el Supremo, y procesos judiciales que aún no han concluido.

El problema de fondo: el uso del dinero público

Más allá de la legalidad estricta, hay una cuestión ética ineludible.

¿Cómo es posible que un secretario de Organización pueda pasar gastos tan desorbitados sin que nadie pregunte, sin que nadie frene, sin que nadie fiscalice?

La financiación de los partidos políticos no es un asunto menor. Es dinero público, sometido a límites, controles y códigos deontológicos.

Que se cuelen gastos de este tipo no prueba financiación ilegal, pero sí fallos graves de control interno.

Y eso exige una autocrítica que va más allá de un informe técnico.

El contraste mediático: Cospedal en plató

El debate alcanzó tintes casi surrealistas cuando María Dolores de Cospedal reapareció como analista televisiva criticando la auditoría del PSOE.

La misma Cospedal que fue secretaria general del PP durante los años de la caja B. La misma dirección que negó Gürtel hasta que los tribunales hablaron.

Para muchos ciudadanos, este tipo de escenas no solo resultan chocantes, sino ofensivas para la inteligencia colectiva.

Lo que sabemos hoy… y lo que no

A día de hoy, con la información disponible, no hay indicios sólidos de financiación ilegal del PSOE. Ni en la auditoría interna, ni en los informes de la UCO conocidos hasta ahora.

Lo que sí hay es un retrato preocupante de cómo se gestionaron ciertos gastos. Y una larga lista de preguntas que siguen sin respuesta.

La justicia tendrá la última palabra. Pero la política ya está pagando el precio de la desconfianza.

Porque en España, la financiación de los partidos no es solo una cuestión contable. Es una herida histórica. Y cualquier sombra, por pequeña que sea, reabre viejos fantasmas.