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No fue una entrevista más. Tampoco una reflexión académica ni un ajuste de cuentas personal. Lo que Baltasar Garzón puso sobre la mesa fue algo mucho más grave: una acusación frontal contra el deterioro sistémico de la justicia, dentro y fuera de España, en un año —2025— que ya muchos describen como el más convulso en la relación entre tribunales y poder político desde la Transición.

Desde los resultados electorales en Extremadura hasta las sanciones económicas contra jueces internacionales que investigan a Israel por lo ocurrido en Gaza, el exmagistrado trazó un mapa inquietante: uno en el que la justicia deja de ser un contrapeso del poder para convertirse, en demasiados casos, en su rehén o en su objetivo.

Extremadura: la antesala del problema

Garzón comenzó por lo doméstico. Los resultados electorales en Extremadura no le sorprendieron. El Partido Popular ganó, sí, pero sin mayoría absoluta. Un “fracaso relativo”, en palabras del jurista, que deja la llave del poder en manos de Vox, capaz de marcar el paso desde su posición más extrema.

“El ascenso de la extrema derecha no es anecdótico ni local”, advirtió. “Es un fenómeno europeo y global”. Y Extremadura no es una excepción, sino un síntoma.

Para Garzón, la lectura es doble: por un lado, el desgaste previsible del PSOE; por otro, el fracaso recurrente de la izquierda española para entender que la unidad no es una consigna, sino una necesidad estratégica. “La izquierda es experta en dispararse en el pie”, sentenció sin rodeos.

2025: el año en que la justicia entró en la arena política

Si hubo un eje central en su intervención fue este: 2025 ha sido un año especialmente dañino para la credibilidad de la justicia española.

“No está siendo un papel edificante”, afirmó. Y puso un ejemplo concreto, explosivo: la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo.

Para Garzón, no se trata solo de una sentencia discutible, sino de una resolución profundamente injusta, carente de pruebas sólidas y sostenida sobre conjeturas, presunciones y una interpretación forzada de los hechos.

“No hay prueba objetiva”, insistió. “Lo que hay es una lectura perjudicial elegida entre varias posibles”. Una elección que, según él, no genera confianza ciudadana, sino todo lo contrario.

El Supremo bajo sospecha

Uno de los puntos más delicados fue la composición del tribunal sentenciador. Cinco de los magistrados habían participado previamente en la sala de admisiones que permitió que la causa avanzara, pese a considerar inicialmente que los hechos no eran delictivos.

Para Garzón, esto compromete gravemente la apariencia de imparcialidad. No basta con ser imparcial, recordó: hay que parecerlo.

“El tribunal estaba contaminado”, dijo sin ambages. Y señaló un detalle clave: la ausencia de una abstención voluntaria por parte de los magistrados, incluso aunque no se hubiera planteado formalmente una recusación.

Ese déficit, advirtió, abre la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional y, más allá, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque aquí no está solo en juego un nombre propio, sino principios básicos como la presunción de inocencia, la motivación suficiente de las sentencias y la confianza en el sistema judicial.

¿Jueces haciendo política?

La pregunta era inevitable. ¿Hay jueces haciendo política? Garzón no esquivó el debate.

“No es una agresión a la separación de poderes criticar a la justicia”, afirmó. La crítica, cuando está fundada, forma parte de una democracia sana. Lo peligroso, dijo, es la desconfianza sistémica que se está instalando en la sociedad.

“Nunca habíamos llegado a este nivel de incomprensión de determinadas resoluciones judiciales”, alertó. Y esa incomprensión, en un contexto de polarización extrema, es combustible puro para el descrédito institucional.

El CGPJ y el bloqueo estructural

Otro frente abierto es el del Consejo General del Poder Judicial. Garzón no considera inadecuado el sistema parlamentario de elección de los vocales. El problema, explicó, viene después: cuando los elegidos actúan como bloques ideológicos alineados con partidos políticos.

“La independencia se pierde cuando el consejo funciona por cuotas”, denunció. Y señaló especialmente al bloque conservador.

La solución, en su opinión, pasa por exigir perfiles incuestionables, mecanismos de responsabilidad más estrictos y una ruptura clara con la lógica de reparto partidista.

Púnica y la justicia que llega tarde

El caso Púnica sirvió para ilustrar otro mal endémico: la lentitud judicial. Once años después de los hechos, las condenas llegan descafeinadas. El corruptor principal recibe la pena más dura; muchos responsables políticos, penas que probablemente no impliquen prisión.

“La justicia tardía pierde eficacia, credibilidad y sentido”, explicó Garzón. Y recordó que las dilaciones indebidas, aunque atenuantes legales, erosionan la percepción de justicia real.

Gaza, Israel y la persecución a los jueces internacionales

Pero si hubo un momento que heló el debate fue cuando Garzón habló de la Corte Penal Internacional. Lo que describió no fue una metáfora, sino una “película de terror” jurídica.

Jueces y fiscales de la CPI que se atrevieron a investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Gaza han sido sancionados económicamente por Estados Unidos. No pueden usar tarjetas de crédito, reservar hoteles, comprar billetes de avión ni realizar operaciones bancarias básicas.

“No pueden vivir”, resumió Garzón.

Las sanciones, impuestas de forma unilateral por la administración estadounidense, afectan no solo a los jueces, sino a cualquiera que les preste apoyo económico. Incluso familiares.

Estados Unidos contra la justicia internacional

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI. Pero eso no le ha impedido utilizar su poder financiero para asfixiarla.

“Nadie puede juzgar a ciudadanos estadounidenses o a sus aliados”, es el mensaje implícito. Una doctrina que, según Garzón, dinamita décadas de avances en derechos humanos desde Núremberg hasta el Estatuto de Roma.

Lo más grave, denunció, es el silencio de la Unión Europea. Las sanciones se ejecutan en suelo europeo, afectan a jueces europeos, y aun así Bruselas mira hacia otro lado.

Europa: silencio, miedo y falta de autoridad moral

Garzón fue demoledor con las instituciones comunitarias. Ni la Comisión Europea ni el Banco Central Europeo han articulado una respuesta contundente.

“Europa tiene más poder económico que Estados Unidos”, recordó. Pero carece de voluntad política para ejercerlo.

Mientras tanto, países como Hungría desafían abiertamente a la CPI, acogen a líderes con órdenes de detención y amenazan con abandonar el Estatuto de Roma sin consecuencias reales.

La justicia como enemigo del poder

El diagnóstico final fue inquietante: cuando el poder decide que la justicia es un obstáculo, la neutraliza. No con tanques, sino con sanciones, bloqueos financieros y aislamiento personal.

“Hoy son jueces internacionales. Mañana puede ser cualquiera”, advirtió Garzón.

Cuando se acepta que un gobierno extranjero pueda decidir si tú puedes usar tu dinero, viajar o vivir con normalidad por hacer tu trabajo, la legalidad internacional deja de existir. Y la democracia entra en terreno desconocido.

Epílogo: la gran pregunta

La entrevista terminó, pero la pregunta quedó flotando en el aire:

¿Qué queda del Estado de derecho cuando los jueces son perseguidos, la justicia se instrumentaliza y Europa guarda silencio?

Para Garzón, la respuesta es clara y alarmante: queda muy poco. Y lo que se pierde hoy, no se recupera fácilmente mañana.