La escena se ha repetido tantas veces en la política española que ya casi parece un ritual: el Gobierno anuncia una medida estructural, con impacto real en la vida de millones de personas, y la derecha responde con alarmismo, bulos y discursos apocalípticos que rozan el delirio. Pero lo ocurrido esta semana con la regularización de personas migrantes y la regulación de las redes sociales ha ido un paso más allá. No solo ha quedado en evidencia el vacío de proyecto del Partido Popular, sino que además Feijóo y su entorno han protagonizado uno de los episodios más bochornosos de oposición política de los últimos años.

Y lo peor para ellos no ha sido la medida en sí, sino el espejo que les han puesto delante periodistas y analistas como Royo, Intxaurrondo y Gómez: un espejo que refleja contradicciones, cinismo, racismo encubierto y una alarmante deriva hacia los marcos ideológicos de la ultraderecha.

La regularización: de problema “legal” a cuestión moral

La propuesta del Gobierno de regularizar a cerca de medio millón de personas que viven y trabajan en España sin papeles no nace de la nada. Surge de una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por organizaciones sociales, sindicatos, ONG y colectivos de derechos humanos que llevan años denunciando una situación insostenible: cientos de miles de personas sosteniendo sectores enteros de la economía sin derechos, sin seguridad jurídica y sin reconocimiento institucional.

Lo relevante no es solo el número —500.000 personas—, sino el enfoque. Por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno ha decidido colocar el debate no solo en términos económicos, sino morales. No se trata únicamente de cuánto aportan al PIB o al sistema de pensiones, sino de una pregunta mucho más básica:
¿Puede una democracia avanzada permitirse tener a medio millón de personas viviendo en una especie de limbo legal, sin derechos plenos, sin acceso normalizado a sanidad, educación o protección laboral?

Pedro Sánchez ha sido claro: regularizar es una cuestión de justicia, de seguridad jurídica y de dignidad democrática.

La reacción del PP: bulos, miedo y “gran reemplazo”

La respuesta del Partido Popular ha sido, sencillamente, un catálogo de tópicos de la extrema derecha internacional.

Feijóo y sus portavoces han hablado de “regalar papeles para conseguir papeletas”, insinuando que el Gobierno busca nuevos votantes extranjeros. Un bulo fácil de desmontar: la regularización no implica derecho al voto, ni a nivel nacional ni autonómico, y mucho menos sin una reforma constitucional.

Pero el discurso ha ido más lejos. En algunos espacios mediáticos afines al PP se ha llegado a hablar de “reemplazo poblacional”, de jueces “ultraconservadores que quieren destruir España”, de inmigrantes asociados a delincuencia sexual, abusos, violencia y criminalidad. Un marco discursivo peligrosamente similar al de Vox, Trump o la ultraderecha europea.

No estamos ante una crítica política legítima. Estamos ante una estrategia de miedo: convertir a un colectivo vulnerable en chivo expiatorio para movilizar emocionalmente a una parte del electorado.

El ridículo histórico: la Golden Visa

Aquí es donde entra una de las mayores contradicciones del PP, expuesta con una claridad demoledora por Intxaurrondo y Royo.

Durante años, el propio PP defendió y promovió la llamada Golden Visa: un sistema por el cual cualquier extranjero con medio millón de euros podía comprar una vivienda en España y, automáticamente, obtener residencia y permiso de trabajo.

Es decir:
— Si vienes con dinero → bienvenido, residencia exprés.
— Si vienes a trabajar limpiando, cuidando mayores o recogiendo fruta → sospechoso, amenaza, problema social.

Nadie hablaba entonces de “gran reemplazo”, ni de inseguridad, ni de colapso del sistema. Porque la Golden Visa beneficiaba a ricos, fondos de inversión y especuladores inmobiliarios. El Gobierno actual la eliminó precisamente por injusta y por contribuir a la burbuja de vivienda.

La paradoja es brutal: el PP aceptaba inmigración comprada con dinero, pero rechaza inmigración que sostiene la economía real.

España: el caso que desmonta todos los bulos

Uno de los argumentos más sólidos del debate es empírico: los datos.

España es hoy uno de los países de Europa con mayor crecimiento poblacional gracias a la inmigración. Ha superado ya los 50 millones de habitantes y se estima que antes de 2030 superará los 52 millones.

¿Resultado?
— Mayor crecimiento económico.
— Más cotizantes a la Seguridad Social.
— Sostenimiento del sistema de pensiones.
— Mano de obra en sectores críticos: cuidados, agricultura, hostelería, construcción.

Y, contra el relato del miedo, España no vive una crisis de convivencia comparable a la de otros países. No hay guetos generalizados, ni estallidos sociales masivos, ni incremento significativo de criminalidad asociado a la inmigración.

Al contrario: la tasa delictiva de población migrante es, de media, inferior a la de la población autóctona.

Es decir, los hechos desmienten punto por punto el discurso del PP.

Regularizar no es “efecto llamada”, es orden social

Uno de los mayores mitos difundidos es que regularizar genera un “efecto llamada”. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra lo contrario.

Lo que genera problemas no es la regularización, sino la irregularidad. Cuando tienes a cientos de miles de personas fuera del sistema legal:

— No cotizan (aunque trabajen).
— No pueden acceder a derechos básicos.
— Son más vulnerables a la explotación laboral.
— Viven con miedo, invisibilidad y precariedad.

Eso sí crea bolsas de pobreza, exclusión y conflicto.

Regularizar, en cambio, permite:

— Control administrativo.
— Acceso a educación y sanidad.
— Integración real.
— Contribución fiscal y social.

Es una política de orden, no de caos.

La internacional de la derecha y los tecnooligarcas

Otro punto clave del análisis es el contexto internacional. No se trata solo de España. Lo que estamos viendo es una ofensiva global de la derecha radical y de grandes magnates tecnológicos contra los Estados democráticos.

Elon Musk, Pavel Durov (Telegram) y otros actores similares han reaccionado con furia a la propuesta española de regular las redes sociales y proteger a los menores de 16 años.

¿Por qué? Porque por primera vez un Estado importante se atreve a decirles:
“No sois dueños del mundo. Las leyes las ponemos los gobiernos democráticos, no vosotros”.

Las redes sociales no son neutrales. Son hoy:

— Canales de desinformación masiva.
— Plataformas de radicalización política.
— Espacios de acoso, bullying y violencia simbólica.
— Instrumentos de manipulación emocional.

Y además, son el principal altavoz de esa “internacional de la derecha” que conecta a Trump, Vox, Milei, Le Pen, Orbán y compañía.

Regularlas no es censura: es defensa democrática.

Feijóo: del centrismo al seguidismo de Vox

Quizá lo más grave del episodio es la transformación política de Feijóo. Llegó al liderazgo del PP con la promesa de moderación, gestión y “sentido de Estado”. Hoy repite prácticamente el mismo marco discursivo que Vox:

— Criminalización de inmigrantes.
— Desconfianza hacia derechos humanos.
— Teorías conspirativas demográficas.
— Ataque constante a medios públicos.

Feijóo no lidera una alternativa de gobierno. Lidera una adaptación táctica al discurso ultras, con la esperanza de no perder votantes por su derecha.

El problema es que en ese camino pierde credibilidad por el centro.

Royo, Intxaurrondo y Gómez: cuando el periodismo hace su trabajo

Frente a este panorama, el papel de periodistas como Royo, Intxaurrondo y Gómez ha sido fundamental. No por militancia, sino por algo mucho más simple y más escaso: hacer preguntas incómodas, aportar datos y desmontar bulos en directo.

No han necesitado gritar. No han necesitado insultar. Solo han hecho lo que debería ser normal en una democracia: contrastar discurso político con realidad.

Y el resultado ha sido demoledor: Feijóo y su entorno han quedado como lo que son en este tema: una oposición sin proyecto, sin datos y atrapada en un marco ideológico ajeno.

España frente a EE.UU.: dos modelos opuestos

Mientras España regulariza, integra y normaliza, Estados Unidos vive una auténtica caza de inmigrantes. Redadas, detenciones masivas, familias separadas, centros de internamiento que recuerdan a campos de detención.

Trump ha convertido la inmigración en un problema de seguridad nacional, no en una cuestión social. El resultado: miedo, tensión, radicalización y una sociedad cada vez más fracturada.

España, con todos sus problemas, está optando por el camino contrario:
derechos, integración, pedagogía y política pública.

No es casualidad que la política migratoria española esté siendo elogiada en medios internacionales como el New York Times.

Jugada maestra frente a oposición vacía

La regularización y la regulación de redes sociales no son solo medidas concretas. Son símbolos de un modelo de país:

— Un país que reconoce la realidad social.
— Un país que legisla pensando en derechos.
— Un país que se atreve a enfrentarse a poderes económicos globales.
— Un país que no se esconde detrás del miedo.

Frente a eso, Feijóo ofrece:

— Bulos.
— Alarmismo.
— Discursos importados de la ultraderecha.
— Nostalgia de un orden social que ya no existe.

Por eso el contraste ha sido tan brutal. No porque el Gobierno sea perfecto, sino porque la oposición ha decidido jugar en el terreno más débil posible: el del miedo y la mentira.

Y cuando enfrente tienes periodistas que hacen su trabajo, analistas que conocen los datos y una realidad social que contradice tu relato, lo único que queda es lo que hemos visto estos días:

Un enésimo ridículo histórico.
Una oposición desnuda.
Y una jugada política que, esta vez, sí ha sido realmente maestra.