España ante una fractura institucional: cuando los tribunales y el poder político colisionan
España vive uno de los momentos más delicados de su historia constitucional reciente. Lejos de los titulares ruidosos sobre guerras internacionales o crisis geopolíticas, una batalla silenciosa se libra en el corazón mismo del Estado: los tribunales, los parlamentos autonómicos y el poder ejecutivo están atrapados en una confrontación que amenaza con desdibujar las reglas fundamentales de la democracia.
Dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional han actuado como una bomba de relojería. Por un lado, la anulación de decisiones de la Mesa de la Asamblea de Madrid que bloquearon el control parlamentario sobre el núcleo duro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por otro, la corrección histórica al Tribunal Supremo por haber invalidado ilegalmente el nombramiento de un fiscal de menores realizado por la entonces fiscal general del Estado, María Dolores Delgado.
Ambos casos tienen algo en común: revelan un patrón inquietante de insumisión institucional, donde órganos que deberían garantizar la Constitución parecen actuar movidos por intereses políticos.
El caso Ayuso: cuando el Parlamento deja de ser Parlamento
El Tribunal Constitucional ha dictaminado algo que en cualquier democracia madura debería ser obvio: impedir que la oposición controle al gobierno es inconstitucional.
La Mesa de la Asamblea de Madrid —controlada por la mayoría absoluta del Partido Popular— bloqueó sistemáticamente iniciativas parlamentarias que buscaban fiscalizar la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. No se trataba de cuestiones menores, sino de asuntos gravísimos: la gestión de la pandemia, las relaciones público-privadas, las presiones a periodistas y el origen de informaciones que desencadenaron una de las mayores crisis institucionales recientes.
La oposición solicitó comparecencias, reprobaciones y preguntas parlamentarias. La Mesa las rechazó una tras otra.
¿El argumento? Que no eran “competencia autonómica”.
El Tribunal Constitucional ha sido tajante: esa interpretación vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Madrid. La función de control al gobierno es una de las tres funciones esenciales de cualquier parlamento.
Sin ella, no existe sistema parlamentario.
La función que más teme el poder: el control
La Constitución española no deja lugar a dudas. El Parlamento tiene tres funciones nucleares:
Legislar.
Aprobar los presupuestos.
Controlar al gobierno.
De esas tres, solo una pertenece en exclusiva a la oposición: el control. Es el único espacio donde las minorías pueden representar a millones de ciudadanos que no votaron al gobierno.
Cuando se impide ese control, se les arrebata la voz.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Madrid.
La Mesa no solo bloqueó preguntas incómodas: dejó de calificarlas, impidiendo incluso que fueran debatidas. Un uso arbitrario del reglamento para blindar al poder.
Como señalan juristas constitucionalistas, esto equivale a convertir un parlamento en una oficina de propaganda del Ejecutivo.
Miguel Ángel Rodríguez: el poder que nadie votó
La figura de Miguel Ángel Rodríguez aparece una y otra vez en el centro de la polémica.
No es un cargo electo. No es un consejero. No responde ante el Parlamento. Pero controla buena parte de la maquinaria política y mediática del gobierno de Ayuso.
Las amenazas a periodistas.
Las filtraciones interesadas.
La difusión de bulos.
La construcción de narrativas contra la Fiscalía.
Todo ello motivó que la oposición exigiera explicaciones.
La respuesta fue el silencio impuesto por la Mesa.
El Tribunal Constitucional ha desautorizado esa estrategia: Rodríguez debía ser fiscalizado.
Pero llega tarde.
Porque el daño ya está hecho.
Cuando la justicia llega tarde: una victoria sin efecto real
Uno de los aspectos más perversos del bloqueo parlamentario es su temporalidad. Las sentencias llegan uno o dos años después, cuando los hechos ya no pueden ser investigados con eficacia.
La legislatura puede haber terminado.
Los protagonistas pueden haber cambiado.
Los escándalos ya no están en la agenda.
El control parlamentario no puede ser retroactivo. Su valor está en el momento.
Así, aunque el Constitucional ha dado la razón a la oposición, el daño democrático es irreparable.
El otro escándalo: cuando el Supremo decide saltarse la ley
Si lo de Madrid es grave, lo ocurrido en el Tribunal Supremo es aún más inquietante.
El Constitucional ha anulado dos sentencias del Supremo que impidieron el nombramiento de un fiscal de menores designado por María Dolores Delgado.
El motivo del Supremo: no le gustaba el candidato.
Literalmente.
No porque incumpliera la ley.
No porque no tuviera los requisitos.
No por ningún defecto jurídico.
Sino porque no encajaba políticamente.
El Constitucional ha sido contundente: el candidato cumplía escrupulosamente todos los requisitos legales. La fiscal general tenía plena competencia para nombrarlo.
El Supremo se arrogó una potestad que no le correspondía.
Eso es una violación directa del Estado de Derecho.
Un precedente explosivo: el poder judicial contra el poder constitucional
La gravedad de este caso es histórica.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano del Poder Judicial. Su función es aplicar la ley, no reinterpretarla según conveniencia política.
Cuando decide ignorar una ley clara para anular una decisión legítima del fiscal general del Estado, está sustituyendo la voluntad del legislador por la suya propia.
Eso no es control judicial.
Es usurpación de poder.
El fiscal perjudicado: una víctima invisible
En el centro de esta tormenta hay una persona concreta: un fiscal con más de veinte años de carrera, destinado en el Tribunal Constitucional, de reconocido prestigio y sin proyección mediática.
Fue designado conforme a la ley.
Fue apartado por el Supremo sin base legal.
Tuvo que acudir dos veces al Constitucional.
Ganó… cuando ya era demasiado tarde.
Nunca pudo ocupar el cargo.
La sentencia reconoce que se vulneraron sus derechos fundamentales: el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y la tutela judicial efectiva.
Pero nadie puede devolverle lo que perdió.
El daño a la democracia es mayor que el daño al individuo
Lo más grave no es solo el perjuicio personal.
Lo devastador es el mensaje que se envía a la ciudadanía:
Que los tribunales pueden decidir según afinidad política.
Que el gobierno puede ser desacreditado desde los jueces.
Que las reglas cambian según quién esté en el poder.
Eso erosiona la confianza en todo el sistema.
Una pauta que se repite: amnistía, Fiscalía, parlamentos
Los juristas alertan de un patrón:
– Bloqueo del control parlamentario en comunidades con mayoría absoluta del PP.
– Intervenciones del Tribunal Supremo contra decisiones del Gobierno.
– Resistencia a la aplicación de la ley de amnistía.
– Ataques a la Fiscalía General del Estado.
No son hechos aislados.
Son piezas de una estrategia de desgaste institucional.
¿Estamos ante una insumisión constitucional?
La palabra empieza a circular entre expertos: insumisión.
No es un golpe de Estado clásico.
No hay tanques.
No hay suspensión formal de la Constitución.
Pero sí hay una rebelión silenciosa dentro de las instituciones.
Una parte del poder judicial y una parte del poder político están ignorando la Constitución cuando no les conviene.
Eso es extremadamente peligroso.
La sombra de Aznar
Muchos ven una continuidad ideológica: la concepción del poder como propiedad de una élite, no como mandato democrático.
La herencia de José María Aznar sigue proyectándose sobre sectores del PP, de la judicatura y del aparato del Estado.
Una idea clara: “el que puede, hace”.
Cuando el guardián se convierte en agresor
El Poder Judicial debería ser el refugio último de los derechos fundamentales.
Pero cuando es el Tribunal Supremo quien los vulnera, ¿a dónde puede acudir el ciudadano?
Al Tribunal Constitucional.
Pero si cada vez más casos llegan allí, algo falla en el sistema.
Una democracia bajo tensión
España no está viviendo una dictadura.
Pero sí una crisis profunda del Estado de Derecho.
Cuando los parlamentos no pueden controlar.
Cuando los jueces ignoran la ley.
Cuando los derechos fundamentales se vulneran desde arriba.
La democracia se vacía por dentro.
Y eso es mucho más peligroso que cualquier escándalo pasajero.
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