RTVE bajo presión: cuando la crítica política se transforma en intimidación
La comparecencia del presidente de Radio Televisión Española (RTVE) en la Comisión de Control Parlamentario ha provocado un auténtico terremoto político y mediático. Lo que debía ser una sesión más de fiscalización institucional se convirtió en un cruce de acusaciones, reproches y, sobre todo, en una denuncia de enorme gravedad: la existencia de amenazas, persecuciones y campañas de intimidación contra profesionales de la televisión pública, especialmente presentadores, tertulianos y colaboradores señalados por sectores de la derecha política y mediática.
El presidente de RTVE fue contundente: no se trata ya de un debate sobre líneas editoriales, pluralismo o discrepancias ideológicas. Lo que está ocurriendo, afirmó, “desborda cualquier manual de estilo” y entra de lleno en el terreno del matonismo político, con nombres propios, mensajes privados, presiones directas y amenazas explícitas de muerte.
En el centro del conflicto se sitúa un clima de creciente hostilidad hacia RTVE, alimentado por el Partido Popular y Vox, que acusan a la corporación de actuar como “altavoz del Gobierno” y de “manipulación informativa”. Pero, según la dirección de la cadena pública, esa narrativa ha derivado en algo mucho más peligroso: una campaña sistemática de señalamiento personal contra periodistas concretos.
De la crítica política al señalamiento personal
El detonante inmediato de la polémica ha sido una serie de intervenciones parlamentarias en las que diputados de Vox y del PP acusaron a RTVE de dilapidar dinero público, manipular informaciones sobre Venezuela, ocultar casos de corrupción del Gobierno y actuar como “televisión del régimen”.
Sin embargo, el presidente de la corporación respondió con un giro radical del discurso: el problema no es solo la crítica, sino el acoso directo a personas concretas.
“Estamos hablando de amenazas, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de señalamientos a colaboradores de RTVE. El matonismo que se está instalando contra profesionales de esta casa me preocupa muchísimo”.
La afirmación no fue retórica. En la sesión se mencionaron casos concretos, como el de la periodista Sara Santaolalla, que habría recibido amenazas de muerte en redes sociales, algunas de ellas vinculadas simbólicamente a espacios de memoria histórica como el muro de las Trece Rosas.
También se citó el caso del colaborador Hugo Pereira, quien publicó mensajes privados supuestamente enviados desde entornos vinculados al PP en los que se le advertía de que “le estaba haciendo daño ir a Televisión Española”.
Un mensaje que, según la dirección de RTVE, representa una forma clara de presión política directa sobre profesionales de un medio público.
Vox y el discurso del “asalto” a RTVE
Uno de los momentos más tensos de la comparecencia se produjo cuando un diputado de Vox afirmó abiertamente que, cuando su partido llegue al poder, “cambiará en profundidad” RTVE, acusando a su presidente de gestión desleal, desvío de dinero público y connivencia con productoras privadas.
La respuesta del presidente fue demoledora:
“Escuchándole, tengo la impresión de que a usted le gustaría entrar en RTVE no con un lanzallamas o con una motosierra, sino expulsando en caliente a todos los que no comparten el ideario de su partido”.
La metáfora no fue casual. En el discurso de Vox aparece con frecuencia la idea de “limpiar” RTVE, “depurarla” o “reconquistarla”, lo que para muchos analistas supone una visión profundamente autoritaria de los medios públicos: no como servicio a la ciudadanía, sino como instrumento ideológico del poder político de turno.
La batalla por Venezuela: récords de audiencia y acusaciones de manipulación
Otro de los ejes centrales del enfrentamiento fue la cobertura informativa de RTVE sobre los acontecimientos en Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos y la crisis política en Caracas.
Desde la derecha se acusó a la cadena pública de llamar “secuestro” a la detención de Maduro, de blanquear al régimen venezolano y de ofrecer una cobertura sesgada.
El presidente de RTVE respondió con datos:
Más de 16 horas de emisión en directo.
Liderazgo de audiencia con un 14,7% de cuota diaria.
En la mañana, una cuota conjunta del 33,8% entre La 1 y Canal 24 Horas.
Más de 12 millones de espectadores conectaron en algún momento con RTVE para seguir la cobertura.
“Los datos son objetivos. Las sensaciones son libres. Yo respeto sus sensaciones, pero los espectadores son soberanos”.
Para reforzar su posición, citó un mensaje de la periodista Ana Bosh, profesional del área internacional de RTVE, que agradecía a los espectadores su confianza y ironizaba sobre quienes los acusaban de “chavistas”:
“A quienes nos habéis llamado chavistas o portavoces de Telesur, tomaos una tila”.
La acusación más grave: amenazas de muerte en democracia
El momento más delicado de la sesión llegó cuando el presidente de RTVE exigió explícitamente a los diputados de la derecha que condenaran las amenazas de muerte sufridas por colaboradores de la cadena.
“No me gustaría irme de aquí sin escuchar una condena a las amenazas que ha sufrido Sara Santaolalla. Las amenazas de muerte no se pueden permitir en democracia”.
Sin embargo, esa condena nunca llegó de forma clara. En su lugar, los diputados continuaron hablando de manipulación, gastos, contratos millonarios y supuestos bulos.
Para la dirección de RTVE, este silencio es profundamente revelador: se puede criticar a la corporación, pero no se quiere asumir la responsabilidad política del clima de hostilidad que se genera contra sus trabajadores.
WhatsApp desde Génova: la política en los mensajes privados
Uno de los episodios más inquietantes revelados en la sesión fue la existencia de mensajes privados enviados desde entornos de la sede nacional del PP (Génova) a tertulianos de RTVE.
En uno de esos mensajes, dirigido a Hugo Pereira, se le preguntaba:
“¿Qué daño te está haciendo ir a Televisión Española?”
La pregunta, aparentemente inocente, fue interpretada como una forma de presión indirecta: una advertencia de que colaborar con RTVE podía tener consecuencias profesionales o reputacionales.
El presidente de la corporación fue claro:
“Ese es el criterio democrático que ustedes intentan aplicar en RTVE: señalar, presionar, intimidar”.
El Consejo de Informativos y la guerra interna
La derecha también utilizó un informe del Consejo de Informativos de RTVE para acusar a la dirección de manipulación y mala praxis.
El presidente respondió con una defensa matizada: respeto total a la institución, pero críticas al método y a la gravedad de algunas afirmaciones.
“Creemos en los consejos de informativos. Jamás hemos apoyado su eliminación, como han hecho ustedes en algunas televisiones autonómicas. Pero un informe así exige responsabilidad y rigor”.
Además, reprochó al Consejo no haber defendido públicamente a la redacción frente a lo que considera un bulo político promovido por el PP sobre la cobertura de Venezuela.
Dinero público, IVA y la acusación de “quiebra”
Otro frente de ataque fue el económico. Vox y PP acusaron a RTVE de deber 739 millones de euros a la Agencia Tributaria, de estar en quiebra técnica y de firmar contratos millonarios con presentadores como David Broncano.
El presidente de RTVE lo negó tajantemente:
RTVE no ha pedido ningún préstamo.
No existe una deuda real de 739 millones.
Lo que existe es un conflicto jurídico sobre el IVA, arrastrado desde 2015, que afecta a todas las televisiones públicas y tiene su origen en una reforma impulsada por el ministro Montoro.
“Nuestras cuentas son públicas, están auditadas y en el portal de transparencia”.
Incluso devolvió la acusación:
“A lo mejor son ustedes los que tienen que aclarar con Hacienda qué han hecho con el dinero recaudado para las víctimas de la Dana”.
Verifica RTVE: la guerra contra los bulos
En respuesta a las acusaciones de desinformación, el presidente recordó el trabajo del equipo Verifica RTVE:
Más de 515 artículos de verificación publicados.
Más de 300 chequeos sobre desinformación viral.
Reconocimiento de la CNMC como el medio que más contribuye a la alfabetización mediática en España.
Incorporación a la Public Media Alliance.
Para la dirección de la corporación, el ataque de la derecha a RTVE no es casual: se produce precisamente cuando se refuerzan los mecanismos de verificación y se desmontan bulos difundidos por partidos políticos.
El caso Móstoles y la hipocresía informativa
Uno de los momentos más tensos fue cuando una diputada del PP acusó a RTVE de silenciar casos de acoso sexual cuando afectan al PSOE.
La respuesta del presidente fue demoledora: recordó que ese mismo día la prensa publicaba que el PP de Madrid había presionado a una concejala para tapar una denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles.
“Hoy no es el día para que usted me dé lecciones de moral informativa”.
Y aportó datos: 87 noticias emitidas sobre el caso Salazar en RTVE entre el 1 y el 18 de diciembre.
Un patrón inquietante: del ataque mediático al autoritarismo
Lo que emerge de toda esta comparecencia es un patrón preocupante: una parte de la derecha española no concibe RTVE como un servicio público plural, sino como un territorio a conquistar, controlar o depurar.
La retórica del “TelePedro”, “tele del régimen” o “putrefacción del Gobierno” no es solo discurso político: genera un clima que legitima el acoso a profesionales concretos.
Cuando se señala a presentadores con nombres y apellidos, cuando se difunden teorías conspirativas, cuando se envían mensajes privados desde sedes de partidos, el debate democrático se convierte en presión personal.
El mensaje a los periodistas: miedo o resistencia
El efecto más devastador de este clima no es político, sino profesional y humano.
El mensaje implícito para los trabajadores de RTVE es claro:
Si informas de algo que no gusta a la derecha, te señalan.
Si participas en un programa crítico, te amenazan.
Si eres colaborador visible, te conviertes en objetivo.
En ese contexto, el presidente de RTVE lanzó una advertencia que resume toda la crisis:
“Sin condena de las amenazas no hay diálogo posible. Sin respeto a los profesionales, entramos en la selva”.
Una democracia a prueba
Lo ocurrido en la Comisión de Control de RTVE no es un simple rifirrafe parlamentario. Es un síntoma de algo más profundo: la tensión entre una concepción democrática de los medios públicos y una visión autoritaria que los entiende como herramientas de poder.
La derecha española, especialmente Vox y sectores del PP, está jugando una partida peligrosa: cuestionar la legitimidad de RTVE, desacreditar a sus profesionales y alimentar un clima de hostilidad que ya ha derivado en amenazas de muerte.
El presidente de RTVE ha puesto el problema sobre la mesa con una frase que debería resonar más allá del Parlamento:
“La crítica es legítima. La intimidación no. Y en democracia, las amenazas se condenan, no se relativizan”.
Porque cuando los periodistas tienen miedo, lo que está en juego no es una cadena de televisión. Es el derecho de toda una sociedad a estar informada sin presiones, sin matones y sin silencios impuestos.
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