Nuevo y demoledor revés judicial para el juez Juan Carlos Peinado.
La Fiscalía ha presentado un escrito durísimo en el que acusa al magistrado de forzar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de mantener artificialmente viva una investigación sin hechos nuevos ni indicios reales de delito.

El mensaje del Ministerio Público es tan claro como incómodo:
lo que se está produciendo no es una investigación ordinaria, sino algo que se parece peligrosamente a una operación encubierta de lawfare.

“No hay hechos, no hay novedades, no hay delito”

Según la Fiscalía, el juez Peinado insiste en “engordar la causa” tratando de vincular a Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, pese a que la Audiencia Nacional ya delimitó de forma expresa el objeto de la investigación.

No ha aparecido ningún dato nuevo,
no hay modificación sustancial de los hechos,
no existe ni un solo euro irregular,
ni indicios de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida o intrusismo profesional.

Aun así, el juez continúa solicitando informes a la UCO que la Fiscalía considera improcedentes y prospectivos, una práctica que, en palabras del escrito, desnaturaliza la función judicial.

De la sospecha a la persecución

Durante meses, el foco mediático ha señalado a Begoña Gómez no por lo que haya hecho, sino por quién es: la mujer del presidente del Gobierno.

Hasta ahora, algunos podían escudarse en la duda.
Pero con este escrito, la Fiscalía no deja margen a la ambigüedad:
no hay base penal que justifique la causa.

Y aun así, el daño ya está hecho.

Porque en estos casos —como advierten juristas y analistas— la peor condena no es la judicial, sino la mediática. La del telediario. La del titular repetido. La del descrédito permanente.

La Audiencia de Madrid y el tono que alarma

Especialmente grave resulta, según varias voces jurídicas, el papel de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, cuyo auto supervisor ha sido calificado como inusualmente duro, despectivo y carente del respeto institucional mínimo.

En él, Begoña Gómez es tratada como si fuera una delincuente, cuestionando incluso decisiones que entran de lleno en el ámbito discrecional y político, como la contratación de personal de confianza.

La pregunta que muchos se hacen es inevitable:
¿desde cuándo los tribunales deciden a quién debe contratar la esposa de un presidente?

No es un caso aislado. Otras primeras damas en España —de distintos signos políticos— han contado históricamente con personas de confianza sin que ello provocara una ofensiva judicial.

Lawfare: cuando la justicia se convierte en arma

Este caso encaja, según numerosos expertos, en un patrón conocido:
querella inicial → amplificación mediática → investigación prolongada → archivo final…
pero con un objetivo ya cumplido: desgastar políticamente y desalentar la participación pública.

El lawfare no necesita condenas.
Le basta con el proceso.

Así ocurrió con el procés,
con Mónica Oltra,
con Victoria Rosell,
con Ada Colau,
con Podemos y el caso Neurona,
con Alberto Rodríguez.

En muchos de ellos, las causas acabaron archivadas, pero las carreras políticas quedaron seriamente dañadas.

Una advertencia para la democracia

La Fiscalía lo deja claro:
cuando se investiga sin indicios,
cuando se persiste contra los límites marcados por instancias superiores,
cuando se convierte la sospecha en estrategia,

no se está fortaleciendo el Estado de derecho.
Se está debilitando.

Porque el lawfare no solo afecta a quienes están en el punto de mira.
Es un aviso a navegantes: cualquiera que ose disputar el poder puede acabar sentado en un banquillo simbólico, aunque no haya delito alguno.

El caso Begoña Gómez no es —según la Fiscalía— un escándalo de corrupción.
Es un ejemplo preocupante de judicialización de la política.

Y la pregunta que queda flotando ya no es si hubo delito,
sino quién responde por el uso indebido de la justicia como herramienta de combate político.

Porque cuando la ley se instrumentaliza,
la democracia es la que acaba en juicio.