Durante años, el problema de la vivienda en Alicante ha sido el mismo que en casi toda España: precios imposibles, alquileres desbordados, jóvenes expulsados del mercado y familias que no consiguen acceder ni siquiera a una vivienda modesta. En ese contexto, la aparición de una nueva promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) fue recibida, en teoría, como una buena noticia.

Era la primera gran promoción de este tipo en más de dos décadas. Vivienda pública, supuestamente destinada a personas con ingresos limitados, pensada para garantizar el acceso a un derecho básico. Al menos, eso decía el discurso oficial.

Pero lo que empezó como una política social terminó convirtiéndose en algo muy distinto.

Porque lo que se ha construido en una de las mejores zonas de Alicante no se parece en nada a la idea clásica de vivienda protegida: pisos de tres y cuatro dormitorios, urbanización privada, piscina, gimnasio, pistas de pádel, club social y primeras calidades. Un complejo residencial que, en el mercado libre, estaría fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población.

La pregunta es inevitable: ¿quién necesitaba realmente protección para vivir allí?

Los nombres que empiezan a repetirse

Conforme fueron conociéndose los adjudicatarios, la sorpresa fue creciendo. Entre las personas beneficiadas aparecían:

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento.

El arquitecto municipal.

Hijos de altos cargos responsables de contratación pública.

Familiares directos de responsables políticos.

Es decir, perfiles que difícilmente encajan con el concepto de “vivienda social”.

Desde la oposición se denunció inmediatamente que muchos de los adjudicatarios no cumplían los requisitos económicos. Y no solo eso: estaban directamente relacionados con personas que, de una forma u otra, habían participado en el proceso administrativo que permitió sacar adelante el proyecto.

Un círculo perfecto: quienes diseñan, validan y gestionan el sistema… acaban beneficiándose de él.

La Generalitat y los datos “validados”

Uno de los elementos más delicados del caso es la implicación de la Generalitat Valenciana. Según se ha sabido, un funcionario fue suspendido por haber validado datos falsos para adjudicar una vivienda a su propia esposa.

No se trata de un error menor. Significa que los controles que debían garantizar la legalidad del proceso fueron, como mínimo, manipulados. O directamente inexistentes.

Y lo más inquietante: ese funcionario pertenecía a la misma unidad administrativa encargada de comprobar si los solicitantes cumplían los requisitos.

Es decir, el sistema se controlaba a sí mismo.

Reventa y alquiler: el negocio oculto

Pero el verdadero escándalo no terminó en las adjudicaciones. Poco después de conocerse la promoción, empezaron a circular anuncios de reventa y alquiler de esas mismas viviendas.

Alquileres de hasta 1.800 euros al mes.
Reventas por más de 400.000 euros.

Cuando el precio oficial de la VPO rondaba los 230.000.

¿La diferencia? Según los audios publicados por varios medios, se pagaba en metálico.

En negro.

Los audios: dinero antes de ir a notaría

Los audios son demoledores. En ellos se escucha con total naturalidad cómo se explica el mecanismo:

“Tendríais que entregar del metálico que hablamos, 172.000 euros. Yo sé que es mucho, pero es lo que dice el propietario.”

“El mismo día de la notaría se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad y luego ya vamos todos juntos. Porque en notaría esa transacción no se puede hacer.”

Traducido: se firma una escritura por el precio legal y se entrega, aparte, un sobre con casi 200.000 euros en efectivo.

La pregunta es brutalmente simple:
¿qué persona que dispone de 200.000 euros en billetes necesita una vivienda protegida?

VPO convertida en instrumento de especulación

Lo que debería ser una política social se convierte así en una operación especulativa de alto nivel. La vivienda pública deja de cumplir su función y pasa a ser una inversión encubierta.

Un activo privilegiado:

se compra por debajo del mercado,

se paga parte en negro,

se revende al doble,

o se alquila a precios de lujo.

Todo ello con dinero público, suelo público y protección institucional.

Dimisiones… pero no renuncias al piso

Ante la presión mediática, llegaron las primeras dimisiones. La concejala de Urbanismo. La responsable de contratos públicos. Algún funcionario suspendido.

Pero hay un detalle que no pasó desapercibido: nadie renunció a la vivienda.

Se pierde el cargo, pero no el piso.
Se abandona el despacho, pero no la propiedad.

Como si la consecuencia política fuera un simple trámite, mientras el verdadero premio —la vivienda— permanece intacto.

El Ayuntamiento: “no tenemos competencias”

La reacción del Ayuntamiento fue previsible: desmarcarse.

“No tenemos competencias.”
“Eso depende de la Generalitat.”
“No hay ninguna norma que establezca control municipal.”

Es la clásica estrategia de dispersión de responsabilidades: cada institución señala a otra, y al final nadie es responsable de nada.

El problema es que todas las administraciones implicadas están gobernadas por el mismo partido.

Lo que convierte el cruce de acusaciones en una coreografía perfectamente sincronizada.

La normalización del escándalo

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es cómo se ha normalizado. No ha habido una comisión de investigación real. No ha habido auditoría independiente. No ha habido explicación pública detallada.

Solo titulares.
Algunas dimisiones.
Y silencio administrativo.

El sistema funciona así: deja caer a algunas figuras, sacrifica peones, pero protege la estructura.

El verdadero daño: la confianza social

El mayor daño no es económico, aunque el fraude sea evidente. El mayor daño es simbólico.

Porque este caso transmite un mensaje muy claro a la ciudadanía:

La vivienda pública no es para quien la necesita.

Es para quien tiene contactos.

Para quien controla el sistema.

Para quien puede pagar en negro.

Y ese mensaje destruye cualquier idea de justicia social.

VPO de lujo: la perversión del concepto

Lo ocurrido en Alicante no es solo un caso de corrupción puntual. Es la perversión total de un concepto: la vivienda protegida convertida en privilegio de élite.

No hablamos de errores administrativos.
No hablamos de mala gestión.
Hablamos de un modelo donde lo público se privatiza en silencio.

Donde las políticas sociales se transforman en oportunidades de negocio para quienes gobiernan.

El patrón que se repite

Este caso encaja en un patrón conocido:

Proyecto público.

Gestión opaca.

Beneficiarios cercanos al poder.

Reventa encubierta.

Dinero negro.

Dimisiones simbólicas.

Ninguna consecuencia estructural.

Un ciclo perfecto.

No es un escándalo, es un sistema

Lo de Alicante no es un escándalo aislado. Es una radiografía del funcionamiento real de determinadas redes de poder.

Un sistema donde:

las leyes existen, pero se rodean,

los controles existen, pero se manipulan,

las responsabilidades existen, pero se diluyen,

y la vivienda pública termina siendo un lujo privado.

No es solo corrupción.
Es algo más profundo: la captura de lo público por intereses privados.

Y mientras tanto, miles de personas siguen esperando una vivienda que, en teoría, estaba pensada para ellas. Pero que, en la práctica, ya tenía otros dueños antes incluso de construirse.