La UCO apunta que Cerdán actuó de “enlace” con Acciona a cambio de un 2% del importe de obras presuntamente amañadas

El último informe que la Guardia Civil ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ahonda en el funcionamiento de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño de adjudicaciones de obras públicas que implica a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que Cerdán actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos para lograr comisiones del 2% por el amaño de obra pública.

Los investigadores explican que el 75,33% de los ingresos de la empresa Servinabar —propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán— provenían de Acciona y que esta pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenían de forma irregular.

El instituto armado ha identificado al menos tres obras amañadas.

La Guardia Civil sitúa a Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, como la persona que se encargaba de gestionar los cobros, parte de los cuales terminaban redundando en beneficios para Ábalos y el que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, también imputado en el Tribunal Supremo.

El último informe de la UCO, de 227 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla el funcionamiento de la trama y cómo se benefició de ella Cerdán y su entorno.

Según el documento, el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar; esta pagó el alquiler para él de dos casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y tuvo a sueldo a su esposa, su hermana y su cuñado.

Tras recibir ese documento policial, el juez Puente decidió abrir una pieza separada, declararla secreta y ordenar varios registros en empresas de la trama, entre ellas, en las sedes de Bilbao y Madrid de la constructora Acciona y en el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini.

Este martes, el instructor ha levantado el secreto, ha dado traslado del informe de la UCO a las acusaciones y las defensas y ha imputado a Pelegrini y a dos antiguos subordinados suyos que siguen siendo empleados de Acciona, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.

Tras la difusión del informe, la empresa ha comunicado la suspensión cautelar de ambos en sus funciones y ha asegurado que los contratos asociados a los proyectos que la UCO pone bajo sospecha “cumplen con los estándares exigibles, que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial”.

Pelegrini salió de la empresa en junio pasado, días después de que trascendiera el primer informe de la UCO que implicaba directamente a Acciona Construcción en el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicación de obras públicas.

En el auto por el que Puente acordó los registros, notificado también este martes, el magistrado explica que Acciona Construcción y Servinabar 2000 “podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública”.

El juez hace suyos los argumentos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y cree que pone el foco en el triángulo compuesto por Antxon Alonso, Cerdán y Pelegrini.

Los investigadores relacionan a Cerdán con la empresa Servinabar porque encontraron un contrato privado en el registro del garaje del empresario que, si bien no se llegó a elevar a público mediante notario, entregaba el 45% de las participaciones de la empresa al ex secretario de Organización socialista.

El último informe policial revela que en diciembre de 2016, seis meses después de esa operación, se firmó otro contrato de compraventa de participaciones por el que una tercera persona, identificada como Jon Aritz Santamaría, “habría adquirido 120 participaciones de Servinabar”, lo que supone el 4%.

Este porcentaje provenía de la parte de la empresa correspondiente a Joseba Antxon Alonso.

El modus operandi, según describe el auto del Supremo, consistía en adjudicar a Acciona Construcción obras que “se lograrían a cambio de indebidos pagos” a Servinabar que redundaban en el beneficio de Alonso y Cerdán, a quien la UCO sitúa como el “enlace” entre las constructoras y el Ministerio de Transportes.

El juez indica que “igualmente” en estos beneficios económicos “participarían” Koldo y Ábalos, que entonces estaban en el Ministerio de Transportes.

Los agentes relacionan esta “operativa común” con obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por las que, supuestamente, Cerdán adeudaba a Koldo García y Ábalos 450.000 euros provenientes de comisiones.

Para estos trabajos se firmó un primer “memorándum de entendimiento”, ante el inicio del expediente para la adjudicación de la obra, que después se rubricó con un contrato de prestación de servicios por el que cada obra adjudicada a Acciona suponía para Servinabar el 2% neto del importe de la adjudicación.

Los ingresos vinculados a Acciona percibidos por Servinabar —desde su constitución en 2015 hasta la fecha de recepción de la información bancaria por parte de la UCO— ascienden, al menos, a 6,7 millones de euros.

“Esta cifra supone un 75,33% de los ingresos totales percibidos por la sociedad en el periodo investigado, de lo que se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos”, señalan los agentes.

La colaboración entre ambas empresas se gestó en 2015 y fue fraguando en reuniones entre Pelegrini y Antxon Alonso, a las que, al menos en una ocasión, se incorporó también Cerdán. Los participantes de estos encuentros adoptaban “medidas de seguridad” como apagar los teléfonos móviles durante las reuniones; el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar “una mayor privacidad y anonimato”;

y se comunicaban con notas manuscritas mostradas en la pantalla durante videoconferencias. Al menos en una ocasión, Cerdán, Pelegrini y Alonso se reunieron en un piso previamente alquilado por la empresa de este último.

El informe de la UCO revela que Cerdán y Ábalos incluso desplegaron su influencia para que Acciona lograra obras fuera de España, en concreto en Marruecos y Gabón.

La UCO ha documentado un viaje a principios de 2019 del entonces ministro de Transporte y su asesor al que se sumó Cerdán, que no formaba parte del Gobierno.

Dos días antes, Acciona y Servinabar habían firmado un convenio para que esta se quedara con un 2% de los beneficios si Acciona se hacía con la adjudicación de la construcción de una infraestructura portuaria “bajo la colaboración público-privada” en la ciudad marroquí de Kenitra.

Un mes antes de este viaje, Cerdán envió a Koldo un mensaje con la fotografía y el nombre de dos ministros del Gobierno marroquí: Abdelkader Amara, ministro de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua; y Aziz Rebbah, de Energía, Minas y Medio Ambiente. Sobre este último decía: “Es de plena confianza”.

Un día después, el 29 de diciembre, Ábalos le comentó al que fuera su asesor en un mensaje que iba a viajar a Kenitra (Marruecos) a requerimiento de la embajada para ver un proyecto de puerto industrial y quiso saber si dicho proyecto era de Acciona.

Koldo le confirmó que sí. Además, los agentes han identificado gestiones de la trama para Acciona en Gabón en diciembre de 2021, cuando Ábalos ya no era ministro.

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