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Durante años, el debate sobre la privatización de la sanidad madrileña ha vivido entre cifras opacas, contratos blindados y discursos políticos enfrentados. Pero en las últimas semanas, una serie de audios filtrados, despidos fulminantes y datos económicos demoledores han hecho estallar una crisis que ya no afecta solo a un hospital concreto, sino que pone en cuestión todo el modelo sanitario impulsado por Isabel Díaz Ayuso.

El epicentro del escándalo es el Hospital Universitario de Torrejón, de titularidad pública pero gestionado por el grupo privado Ribera Salud. Lo que parecía una controversia más se ha transformado en una auténtica bomba política, judicial y social.

🧾 Audios que lo cambian todo: la rentabilidad por encima del paciente

En los audios revelados, el entonces CEO del hospital plantea sin ambigüedades una estrategia empresarial basada en no reducir las listas de espera, retrasar procedimientos y priorizar la rentabilidad económica frente a la atención sanitaria. El mensaje implícito es devastador: cuanto más tiempo espera un paciente, mayor es el beneficio.

Lejos de tratarse de una ocurrencia aislada, los hechos posteriores refuerzan la gravedad del caso. Cuatro altos cargos del hospital —médicos y responsables de gestión— fueron despedidos tras oponerse a estas prácticas, lo que ha sido interpretado como una represalia directa contra quienes intentaron frenar una deriva que vulneraba los principios básicos de la ética médica.

💰 2.200 millones de euros: el gran agujero

La investigación periodística ha puesto cifras al escándalo. Desde que Ayuso llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2019, los cinco hospitales públicos gestionados por concesión privada (cuatro de Quirón y el de Torrejón de Ribera Salud) han recibido 2.200 millones de euros adicionales por encima de lo presupuestado.

Solo en los nueve primeros meses del último año, el Ejecutivo regional destinó 228 millones de euros extra a estos centros. Mientras tanto, Madrid sigue siendo una de las comunidades que menos invierte por habitante en sanidad pública directa, y más de un millón de personas permanecen en listas de espera.

La paradoja es brutal: se inyectan miles de millones en la sanidad privatizada mientras la red pública se colapsa.

🏥 Rescate con dinero público: pérdidas privadas, ayudas públicas

En julio, la Comunidad de Madrid aprobó un rescate de 33 millones de euros al Hospital de Torrejón para “restablecer su equilibrio económico”. Es decir, cuando la gestión privada no resulta rentable, el dinero público acude al rescate. Un modelo que muchos ya comparan con lo ocurrido con la banca tras la crisis financiera.

Desde la Consejería de Sanidad insisten en que “no se han detectado incumplimientos contractuales”. Sin embargo, los audios, los despidos y las cifras cuestionan frontalmente esa versión.

⚖️ Fiscalía ausente y presión institucional

Una de las preguntas que más se repite en el debate público es:
¿Por qué la Fiscalía de Madrid no ha abierto todavía diligencias de oficio?

En los audios se habla explícitamente de poner en riesgo la salud de los pacientes para aumentar beneficios. Para juristas y asociaciones sanitarias, esto debería ser motivo más que suficiente para una investigación penal inmediata.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad ya ha anunciado el envío de la Alta Inspección y ha solicitado información económica y clínica detallada. Además, el PSOE ha elevado el caso a instancias europeas para que Bruselas analice si se están vulnerando los principios del servicio público.

🗣️ Ayuso: defensa del modelo y reacción tardía

La presidenta madrileña tardó varios días en pronunciarse. Cuando lo hizo, defendió de nuevo la colaboración público-privada como pilar del sistema sanitario de Madrid y aseguró que se actuaría “con contundencia” ante cualquier mala práctica.

Sus críticos han sido implacables:
—“El problema no es una desviación puntual, es el modelo entero.”
—“Cuando el paciente se convierte en cliente, la rentabilidad manda.”
—“Las listas de espera no son un fallo del sistema, son una herramienta de negocio.”

🏛️ Esperanza Aguirre y el pasado que vuelve

Incluso Esperanza Aguirre, símbolo histórico de las privatizaciones en Madrid, ha reconocido que “lo ocurrido no tiene buena pinta” y que, si se confirman los hechos, el contrato debería rescindirse. Sin embargo, añadió que la solución volvería a ser licitar de nuevo la gestión a otra empresa privada, lo que ha generado aún más indignación en amplios sectores sociales.

🧑‍⚕️ Ética médica contra lógica empresarial

Médicos, enfermeros y sindicatos sanitarios han sido contundentes:

La ética médica es incompatible con la lógica del beneficio extremo.

Alterar listas de espera, retrasar pruebas o priorizar pacientes por criterios económicos rompe el principio de equidad del sistema público.

La denuncia no es un caso aislado, sino la confirmación de prácticas estructurales normalizadas en varios centros.

Los testimonios de trabajadores de distintos hospitales de España refuerzan esta tesis: lo de Torrejón sería solo la punta del iceberg.

🏚️ Consecuencias reales: dolor, enfermedad y muerte

Detrás de cada cifra hay personas. Aumentar listas de espera no es solo un dato técnico:
significa dolor prolongado, enfermedades que avanzan sin tratamiento y, en algunos casos, muertes evitables.

Mientras tanto, la sanidad privada ofrece citas exprés para pacientes rentables, alimentando un sistema de doble velocidad donde quien puede pagar, entra; quien no, espera.

🏁 El modelo bajo sospecha

El caso Torrejón ya no es solo un escándalo local. Es el espejo de un sistema donde:

El dinero público garantiza beneficios privados.

Las pérdidas se socializan.

La fiscalización es débil.

Y la salud se convierte en un producto financiero.

El debate ya no es solo si hubo malas prácticas, sino si el propio diseño del modelo es incompatible con el derecho a una sanidad pública universal de calidad.