ESCÁNDALO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ: mentiras ante el Supremo, comidas pagadas con dinero público y una ofensiva mediática que apunta a jueces, fiscales y al corazón del Estado de derecho

Un caso que ya no es anecdótico: cuando el ruido se convierte en sistema

Lo que empezó como una polémica declaración más de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha terminado convirtiéndose en un escándalo de dimensiones institucionales. Mentiras ante el Tribunal Supremo, difusión de bulos a medios de comunicación, amenazas veladas a periodistas, ataques directos al presidente del Gobierno y un rastro de gastos públicos en comidas y cenas que supera los 50.000 euros en cuatro años. Todo ello dibuja un retrato inquietante: el de un poder que se siente impune.

Rodríguez no es un tertuliano cualquiera ni un agitador externo. Es un alto cargo de la Comunidad de Madrid, pagado con dinero público, con acceso directo a información sensible y con capacidad para influir en el relato político y mediático. Y, según múltiples testimonios y documentos, ha cruzado líneas que deberían ser infranqueables en una democracia consolidada.

Mentir no es ilegal… pero aquí sí lo sería

El Partido Popular ha intentado minimizar una de las acusaciones más graves con una frase que ya es símbolo del cinismo político: “Mentir no es ilegal”. Sin embargo, ese argumento se derrumba cuando se recuerda un detalle clave: Miguel Ángel Rodríguez declaró como testigo ante el Tribunal Supremo. Y los testigos están obligados por ley a decir la verdad.

Según los periodistas implicados, Rodríguez mintió al asegurar que se habían puesto en contacto con él para contrastar informaciones relacionadas con el correo del fiscal que investigaba al novio de Ayuso, Alberto González Amador. Los medios niegan rotundamente ese contacto y aseguran poder demostrarlo con pruebas documentales, incluidos mensajes de WhatsApp.

La pregunta es incómoda: si un testigo miente ante el Supremo y no ocurre absolutamente nada, ¿qué mensaje se envía al conjunto de la ciudadanía?

El bulo del correo y la admisión más inquietante

Lejos de disipar las dudas, el propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo haber enviado a los medios el correo del fiscal. Lo hizo, además, admitiendo que no tenía certeza alguna sobre la veracidad completa de la información difundida.

No se trata de un error menor. Difundir información sin contrastar, desde una posición institucional, con pleno conocimiento de su potencial impacto judicial y mediático, no es periodismo, no es comunicación política: es una estrategia de presión.

Y, sin embargo, el episodio parece no haber tenido consecuencias inmediatas para su carrera.

Comidas, cenas y una factura que crece sin freno

Mientras el ruido mediático se intensifica, los números hablan con una claridad difícil de ignorar. Según diversas informaciones periodísticas, Miguel Ángel Rodríguez ha gastado más de 50.000 euros en comidas y cenas de trabajo en apenas cuatro años. Más de 360 citas, con una media de 147 euros por encuentro. En algunos periodos, el gasto mensual supera los 1.000 euros.

El debate no es solo contable. Nadie discute que un jefe de gabinete tenga gastos de representación. La cuestión es otra: ¿es razonable este volumen de gasto cuando quien lo realiza percibe ya un salario elevado como alto cargo? ¿Dónde está la línea entre representación institucional y uso abusivo de fondos públicos?

Algunos defensores argumentan que 70 euros al día no es una cifra escandalosa. Otros recuerdan que 50.000 euros podrían destinarse a climatizar colegios o reforzar servicios públicos básicos en la Comunidad de Madrid. La comparación resulta demoledora.

Transparencia, ética y un blindaje político absoluto

Miguel Ángel Rodríguez no solo ha sido cuestionado por sus gastos. También por su comportamiento. Amenazas a periodistas, mensajes incendiarios en redes sociales, acusaciones directas de dictadura contra el presidente del Gobierno y vaticinios judiciales sobre la caída de Sánchez y su familia forman parte de un estilo comunicativo que roza lo institucionalmente inaceptable.

A pesar de todo, el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para impedir que Rodríguez comparezca y dé explicaciones. Un blindaje político que alimenta la sensación de impunidad.

El lenguaje del poder: “palante” como consigna

Los mensajes publicados por Rodríguez en redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex Fiscal General del Estado son especialmente reveladores. Ataques al Tribunal Constitucional, descalificaciones personales, acusaciones de dictadura y una retórica de confrontación total.

No es solo el contenido, sino el tono. Un alto cargo que habla como si estuviera en una guerra cultural permanente, utilizando un lenguaje propio de la trinchera política más radical, no de una institución que debería transmitir serenidad y respeto al Estado de derecho.

Un ecosistema mediático dividido en burbujas

El caso pone de manifiesto algo más profundo: la fragmentación absoluta del espacio mediático. Antes incluso de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, algunos medios ya daban por hecha su condena. Tertulias enteras coincidían sin fisuras en un veredicto anticipado.

Mientras tanto, otros sectores veían en el proceso una operación política. Dos realidades paralelas que apenas se tocan. Dos Españas informativas que consumen relatos completamente opuestos.

En ese contexto, figuras como Miguel Ángel Rodríguez actúan como catalizadores del conflicto, amplificando la polarización y erosionando la confianza en las instituciones.

¿Quién pierde realmente?

Más allá de vencedores y vencidos políticos, hay un consenso creciente en un punto: pierde el Estado de derecho. Pierden los ciudadanos. Pierde la credibilidad de la justicia. Y pierde el derecho a una información veraz.

Si se puede construir un relato basado en bulos, filtraciones interesadas y mentiras sin consecuencias, el daño es profundo. Si se puede desacreditar a jueces, fiscales y periodistas desde posiciones de poder institucional, el problema deja de ser coyuntural.

Un desbarajuste institucional sin precedentes recientes

Tribunal Supremo cuestionado, Fiscalía enfrentada internamente, Tribunal Constitucional bajo sospecha antes incluso de pronunciarse, gobiernos autonómicos utilizando la confrontación como estrategia y un clima político que convierte cada resolución judicial en un gol celebrado por una grada u otra.

España ya ha vivido crisis institucionales antes. Algunas muy graves. Y, como recuerdan los más veteranos, la democracia ha demostrado capacidad de regeneración. Pero el contexto actual es especialmente delicado: la desconfianza es más profunda y la polarización más intensa.

La pregunta final

Si todo esto puede ocurrir con un ex Fiscal General del Estado, con jueces del Supremo, con altos cargos autonómicos y con periodistas en el centro del huracán, la pregunta es inevitable y profundamente inquietante:

¿qué garantías le quedan al ciudadano común cuando el poder decide que la verdad es solo una versión más del relato?

Este caso no ha terminado. Y sus consecuencias, políticas, judiciales y sociales, apenas empiezan a desplegarse.