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MÍSIL MEDIÁTICO CONTRA ANA ROSA: EL SILENCIO ENSORDECEDOR ANTE LOS AUDIOS DE REVUELTA, LAS DONACIONES DE LA DANA Y UNA CORRUPCIÓN QUE NADIE QUIERE MIRAR DE FRENTE

La pregunta no es nueva, pero esta vez retumba con una fuerza incómoda en el ecosistema mediático español: ¿qué estaría pasando si los audios que hoy salpican a una organización juvenil vinculada a Vox afectaran a Podemos o al PSOE?

¿Cuántos editoriales incendiarios, cuántos especiales en prime time, cuántas portadas hablarían sin descanso de “corrupción moral”, “estafa” y “decadencia democrática”? La comparación, formulada con ironía feroz en plató, ha acabado convirtiéndose en el eje de un debate mucho más profundo: el silencio selectivo de parte de la prensa cuando la sospecha apunta a la extrema derecha.

El detonante ha sido la publicación de varios audios y denuncias internas que afectan a Revuelta, una asociación juvenil próxima a Vox, conocida por su protagonismo en las protestas de la calle Ferraz y por su discurso agresivo contra ONG y organizaciones humanitarias tras la tragedia de la DANA en Valencia.

Según las informaciones publicadas por El Plural, exdirigentes de la propia organización han denunciado ante la Fiscalía un presunto desvío de fondos recaudados para ayudar a las víctimas de la catástrofe.

La gravedad del asunto no reside solo en la cuantía del dinero o en la posible tipificación penal de los hechos, sino en el contexto: hablamos de donaciones realizadas por ciudadanos conmocionados por una tragedia humanitaria.

Dinero entregado con la confianza de que llegaría a quienes lo habían perdido todo. Y, según los denunciantes, una parte de esos fondos habría acabado en destinos muy distintos.

Revuelta dentro de Revuelta

Las denuncias no llegan desde fuera. No proceden de partidos rivales ni de investigaciones policiales iniciales. Provienen del interior de la propia organización. Arturo Villarroya, exvicepresidente de Revuelta y asesor de Vox en el Parlamento Europeo, junto a Javier Esteban, presentó el pasado 30 de noviembre una querella contra el presidente de Revuelta, Javier Hernández, y otros dirigentes como Pablo González Gasca y Santiago Aneiros.

En ella se detallan supuestas irregularidades graves en la gestión de cientos de miles de euros en donaciones, incluidos pagos a empresas vinculadas al propio presidente de la organización, retiradas de efectivo sin justificación clara y una estructura opaca que habría permitido el uso discrecional de los fondos.

Revuelta reaccionó con un comunicado en redes sociales asegurando que todo estaba “en orden”, que colaborarían con la Fiscalía y que habían iniciado una auditoría interna. Un mensaje que, lejos de disipar dudas, ha alimentado la sospecha, especialmente cuando antiguos dirigentes insisten públicamente en que el dinero destinado a la DANA no llegó íntegramente a las víctimas.

Vox, las juventudes y la guerra interna

El caso ha destapado también una guerra soterrada dentro del entorno de Vox. Analistas políticos señalan que Revuelta funciona de facto como las juventudes del partido, aunque sin una estructura orgánica formal. El control de esa cantera —política, simbólica y económica— es una pieza clave en las luchas internas de la formación.

Según se ha explicado en distintos programas, existiría un enfrentamiento entre sectores próximos a Jorge Buxadé y otros vinculados a corrientes ultracatólicas como El Yunque. Una disputa que, más allá de la ideología, tendría un elemento central: el control del dinero y de los recursos.

Las acusaciones de que hasta 35.000 euros se habrían utilizado para la compra de una furgoneta a nombre de una empresa vinculada a dirigentes de Revuelta han añadido un elemento casi grotesco a un caso que ya de por sí resulta explosivo.

El silencio que incomoda

Pero si algo ha encendido el debate público no es solo lo que se denuncia, sino lo que no se dice. La cobertura mediática ha sido escasa, fragmentaria y, en algunos casos, inexistente. De ahí el misil directo lanzado contra Ana Rosa Quintana y otros referentes del periodismo conservador.

La pregunta formulada en televisión es tan sencilla como devastadora: ¿habría el mismo silencio si los audios hablaran de jóvenes de Podemos desviando fondos con la mediación de Pablo Iglesias o Irene Montero? ¿O si Pedro Sánchez hubiera sugerido tapar un escándalo a cambio de disolver una organización juvenil socialista?

La respuesta parece obvia para muchos analistas: estaríamos ante un escándalo nacional, con editoriales diarios, tertulias monográficas y una presión política insoportable.

Audios, planes y frases que hielan

Los audios publicados añaden una dimensión inquietante. En ellos se escucha a dirigentes hablar de pagar “unos pocos impuestos”, donar una parte simbólica del dinero y disolver la organización para evitar consecuencias penales. Frases como “que no nos saquen titulares de ladrones” o “nos inventamos alguna apoyada” dibujan un escenario que, de confirmarse, tendría una enorme gravedad jurídica y ética.

El magistrado Joaquín Bosch ha sido claro al analizar el caso: si los hechos se confirman, podrían encajar en delitos de estafa y apropiación indebida, con penas de prisión que podrían alcanzar los seis años en caso de agravantes por cuantía o circunstancias.

Como valenciano, Bosch ha subrayado además el dolor añadido que supone que mientras se atacaba con bulos a ONG como Cruz Roja, ahora surjan indicios de que el dinero destinado a las víctimas pudo ser mal utilizado.

Pitorreo, estética y adoctrinamiento

El caso Revuelta no puede separarse de su estética y su discurso. Las imágenes de dirigentes como Figaredo arengando a jóvenes con banderas, parábolas bíblicas y un tono cuasi litúrgico han sido objeto de burla en plató. Pero varios analistas advierten del error de quedarse solo en el pitorreo.

Detrás de la gestualidad exagerada y el tono grandilocuente hay un mensaje que cala en parte de la juventud, especialmente en entornos acomodados, colegios concertados religiosos y círculos donde la extrema derecha ha encontrado un terreno fértil.

¿Hasta dónde llega el escándalo?

Sumar ya ha anunciado que solicitará la comparecencia de Revuelta y Vox en la comisión de investigación de la DANA. La clave ahora es determinar el recorrido judicial y político del caso, y si el silencio mediático podrá sostenerse si aparecen nuevas pruebas o más audios comprometedores.

Porque si algo ha quedado claro es que no se trata solo de un conflicto interno ni de una anécdota juvenil. Es un caso que pone en cuestión la credibilidad de un discurso político que presume de moralidad mientras, presuntamente, juega con la solidaridad de la gente.

La pregunta final sigue flotando en el aire, incómoda y sin respuesta clara: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse el silencio cuando el ruido ya es imposible de ignorar?