Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería del PP en pleno ‘caso Leire’
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; al vicepresidente, Fernando Giménez; y al alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, que estaban siendo investigados en el caso mascarillas.
Los arrestos se han llevado a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Almería en pleno caso Leire.
Los agentes han entrado en el palacio provincial sobre las 8:00 horas para registrar a fondo los despachos de Presidencia y los equipos informáticos conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López.
La juez también ha reclamado expedientes vinculados a las contrataciones.
La operación se ha saldado con siete detenidos, aunque de momento no ha trascendido la identidad de los otros cuatro, y el registro de 10 inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles.
Según el auto, existen «sospechas fundadas» de la comisión de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
La investigación muestra indicios de que los investigados habrían «colaborado» o al menos «facilitado» la «adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas «con el objetivo de cobrar comisiones».
Algunas de estas contrataciones podrían haberse llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.
El citado juzgado instruye precisamente el caso mascarillas, por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados.
La causa indaga presuntas comisiones ilegales en la contratación de suministro de material sanitario (mascarillas, guantes y equipos de protección individual) adjudicados por la institución provincial durante la fase más crítica de la pandemia.
El contrato, por valor de 2.036.186,24 euros, se adjudicó por vía de urgencia en abril de 2020. El coste hecho efectivo al proveedor no llegó al millón de euros y se observan indicios de posibles mordidas.
El caso, que mantiene a 14 personas y siete empresas bajo investigación, estalló en junio de 2021, cuando la UCO registró principalmente las dependencias del área de Fomento.
Entonces, su responsable era el ex diputado provincial Óscar Liria –también vicepresidente tercero–, que fue detenido y pasó varios meses en prisión preventiva.
En aquel registro se entregó el expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica, junto a otros 16 expedientes de obras adjudicados a Pulconar, cuyo administrador, Kilian L. S., también está investigado por su relación con Liria y por su papel como intermediario entre la Diputación y la empresa suministradora.
El contrato investigado contemplaba la compra de 500.000 mascarillas, además de monos de protección y guantes de nitrilo, mediante un decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.
El expediente se tramitó desde Presidencia y fue Liria quien facilitó el nombre de Azor para formalizar la adjudicación.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que esperará a disponer de la «información adecuada» para pronunciarse sobre la detención del presidente de la Diputación de Almería.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha emplazado su valoración al avance de la instrucción.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha tenido conocimiento de la noticia en directo, ha garantizado la «máxima colaboración» con la Justicia en declaraciones a Antena 3.
PSOE, acusación popular
A principios de mes, el PSOE –acusación popular en el procedimiento– pidió que el propio presidente de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, fuese citado a declarar como testigo.
El partido argumentó una supuesta «falta de concordancia» entre diversas declaraciones y nuevos datos incorporados al atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.
Los socialistas reclamaron la comparecencia de García en su condición de responsable último del contrato público que originó la causa para determinar cuándo y cómo tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.
Según el PSOE, el objetivo es aclarar si en la tramitación del contrato pudieron darse indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.
Además, el PSOE solicitó al juzgado la relación completa de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripciones, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y del actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.
También aportaron referencias a un grupo de mensajería llamado Naranjito en el que, según el escrito, García habría intercambiado mensajes con Liria y Giménez.
En uno de ellos se lee: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡Calla ya!». El PSOE sostiene que ese intercambio revela un «conocimiento directo de los hechos» y solicitó su incorporación íntegra al sumario.
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