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Feijóo dijo una frase que parecía inocua y terminó convertida en dinamita política: «Me ha mantenido informado en tiempo real». El problema no es solo que esa afirmación no coincida con lo declarado ante la jueza, sino que, a partir de ahí, se despliega una cadena de silencios, matices interesados y justificaciones que dejan al líder del PP atrapado en su propio relato.

La línea roja: verdad judicial y mentira política

Un magistrado lo explicó con claridad meridiana: en sede judicial existe la obligación legal de decir la verdad. Faltar a ella puede constituir delito de falso testimonio, con consecuencias penales. Fuera del juzgado —en mítines, entrevistas o tertulias— la mentira no suele tener reproche penal, pero sí tiene un coste político. Y ese es el terreno donde Feijóo queda expuesto.

La clave no es una frase aislada, sino la disonancia entre lo sostenido públicamente durante meses y lo que consta cuando una jueza requiere WhatsApps, horarios y pruebas. Catorce meses después, el castillo de arena se desmorona.

Risto Mejide: el testigo incómodo

Risto Mejide aporta un elemento devastador: la confirmación de los silencios. Relata conversaciones cara a cara en las que trasladó a Feijóo que la situación de Mazón era indefendible. La respuesta no fue una defensa sólida ni una explicación clara, sino el vacío: mirar hacia otro lado, no decir nada, levantar una ceja.

Ese silencio, repetido una y otra vez, pesa más que mil desmentidos posteriores. Porque no es ignorancia: es evitación consciente.

Aguirre y el “y tú más”

Esperanza Aguirre reaparece fiel a su estilo. Minimiza la cuestión de la mentira, desplaza el foco hacia presas, ríos, gobiernos pasados y responsabilidades ajenas. El manual clásico del y tú más. Pero la jueza no está valorando hipótesis históricas ni debates hidráulicos: está examinando una gestión concreta y una cadena de decisiones —o ausencias—.

Relativizar la falsedad no la borra. Solo la hace más visible.

El problema del relato

Los mensajes conocidos muestran una preocupación central: controlar la información. No aparecen prioridades claras sobre rescates, víctimas o coordinación inmediata, sino sobre cómo se cuenta lo ocurrido. El relato antes que la realidad.

Ahí emerge la acusación más grave en términos políticos: no es solo haber mentido, sino haber sostenido la mentira durante 14 meses, hasta que una jueza obliga a aportar pruebas. El envío de WhatsApps en Nochebuena se convierte en símbolo de una estrategia agotada.

Mazón, el lastre

El caso Mazón actúa como ancla. Cinco horas de ausencia en alerta roja. Mensajes que no se envían a tiempo. Decisiones que no llegan. Y, pese a todo, protección política continuada. No solo por el PP, también con la complicidad de Vox.

La pregunta ya no es si era indefendible —lo era— sino por qué se decidió sostenerlo. La respuesta apunta al miedo a una crisis política que, paradójicamente, se ha prolongado durante más de un año.

Videoconferencia y símbolo

Desde el punto de vista jurídico, declarar por videoconferencia es válido. Desde el punto de vista simbólico, es una oportunidad perdida. Comparecer en Catarroja, con familiares de cientos de víctimas, habría tenido un significado distinto. No cambia el contenido legal, pero sí el mensaje humano y político.

Inhabilitación política

No hace falta una condena penal para dictar un veredicto político. Basta con constatar los hechos:

Una afirmación pública que no cuadra con la realidad probada.
Meses de silencio y evasivas.
Un relato sostenido hasta que la justicia exige pruebas.
La protección de un dirigente autonómico claramente indefendible.

Todo ello configura una inhabilitación política. No por lo que un juez vaya a dictar, sino por lo que la ciudadanía ya ha visto. Porque cuando un líder miente sobre algo tan grave y sostiene esa mentira en el tiempo, el problema no es jurídico: es de confianza democrática.