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La tensión en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica sigue creciendo y ya no procede solo de la oposición. Esta vez, la presión llega desde dentro del propio Partido Socialista. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha alzado la voz para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez sobre los riesgos de iniciar el debate desde una posición que, a su juicio, favorece privilegios territoriales y rompe el principio de igualdad entre ciudadanos.

Sus palabras no dejan lugar a dudas: el problema no es que haya más recursos, sino cómo se distribuyen y con qué interlocutores se abre el debate.

Un inicio que no genera confianza

Page ha puesto el foco en el método elegido por el Gobierno para arrancar la discusión sobre la financiación autonómica. Según ha señalado, la información disponible apunta a que no ha habido negociación previa con el conjunto de las comunidades autónomas, sino contactos iniciales en Moncloa con fuerzas independentistas.

Para el presidente castellano-manchego, este planteamiento es un error de base. No solo porque excluye al resto de territorios, sino porque envía un mensaje político claro: el debate comienza con quienes, en su opinión, “no buscan solo tener más, sino tener más que los demás”.

Ese punto de partida, advierte, no facilita en absoluto un clima de entendimiento.

Diálogo sí, privilegios no

Pese a la dureza del diagnóstico, Page ha querido marcar distancia con una postura de bloqueo. Castilla-La Mancha, asegura, no se cerrará al diálogo. Todo lo contrario. Está dispuesta a sentarse a negociar siempre que el objetivo sea claro: un modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Sanidad, educación y bienestar social son, para Page, las competencias esenciales que deben guiar cualquier reforma. El modelo no puede construirse a partir de equilibrios políticos coyunturales, sino de necesidades reales de los servicios públicos.

Más dinero no significa más desigualdad

Uno de los puntos centrales de su intervención es la distinción entre volumen de recursos y reparto. Page reconoce que el nuevo modelo necesariamente tendrá que mover más dinero. Once años de retraso en la actualización del sistema hacen inevitable un incremento global de los fondos.

Sin embargo, insiste en que una cosa es que haya más recursos y otra muy distinta es cómo se distribuyen. Ahí es donde, según él, surge el verdadero riesgo: que algunos territorios pretendan consolidar una posición de ventaja permanente frente al resto.

La alerta constitucional

El mensaje más contundente llega cuando Page apela directamente a la Constitución. Recuerda que el artículo 138 prohíbe expresamente los privilegios entre territorios y garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles.

Desde esta perspectiva, su advertencia no es solo política, sino jurídica. Castilla-La Mancha, afirma, estará “muy atenta y muy vigilante” para que no se permita ningún tipo de trato privilegiado que vulnere ese principio constitucional.

Presión directa sobre Sánchez

Las palabras de Page sitúan a Pedro Sánchez en una posición incómoda. No se trata de un ataque de la oposición, sino de una crítica interna que cuestiona la estrategia del Gobierno y su forma de gestionar las negociaciones con los socios parlamentarios.

El presidente castellano-manchego se convierte así en la voz más clara dentro del PSOE que reclama una reforma basada en la igualdad, no en concesiones selectivas.

Un debate que va más allá de lo técnico

Aunque la financiación autonómica suele abordarse en términos técnicos, Page ha dejado claro que el debate es profundamente político. Habla de cohesión territorial, de justicia fiscal y de convivencia entre ciudadanos.

Para él, el riesgo no es solo económico, sino social: romper la idea de que todos los españoles reciben un trato equitativo por parte del Estado.

Igualdad como línea roja

El mensaje final es inequívoco. Castilla-La Mancha participará en el diálogo, pero no aceptará acuerdos que consoliden privilegios. La igualdad entre ciudadanos y territorios no es negociable, y la Constitución marca los límites.

Con esta intervención, Page eleva la presión sobre Sánchez y convierte la reforma de la financiación autonómica en uno de los debates más delicados —y políticamente sensibles— de la legislatura.