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Soberana paliza dialéctica a una derecha incapaz de gobernar: el demoledor retrato de Ramoncín e Ignacio Escolar en plena tormenta política y judicial

La escena no fue una más dentro del ruido político habitual. Tampoco un intercambio de opiniones amable ni un debate académico. Fue, más bien, un choque frontal, incómodo y sin concesiones, en el que quedaron expuestas las costuras de una derecha que exige elecciones mientras evita el único mecanismo constitucional que podría provocarlas: la moción de censura. Frente a ellos, Ramoncín e Ignacio Escolar trazaron un retrato implacable de la situación política, judicial y mediática que atraviesa España.

El punto de partida es claro: en España, a diferencia de otros sistemas parlamentarios, la potestad de convocar elecciones generales corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno. No lo decide el jefe del Estado, como ocurre en Portugal, ni un órgano externo. La prerrogativa es clara, constitucional y conocida. Y, sin embargo, el Partido Popular insiste, día tras día, en reclamar elecciones anticipadas sin asumir el coste político de presentar una alternativa real de gobierno.

El atajo imposible: pedir elecciones sin pasar por el Parlamento

Ramoncín fue directo. Si la oposición considera que el Gobierno ha perdido legitimidad, si cree que no puede gobernar o que está cercado por escándalos, existe un mecanismo democrático perfectamente regulado: la moción de censura. No basta con señalar, denunciar o exigir. Hay que presentarse ante el Parlamento y explicar al país qué se va a hacer después.

“El Partido Popular puede hacerlo. Vox puede hacerlo. Junts puede hacerlo. Si creen que tienen razón, que presenten la moción”, insistió. Pero no lo hacen. Y no lo hacen, según el análisis, porque no tienen los apoyos necesarios, ni un proyecto capaz de articular una mayoría alternativa.

Mientras tanto, el Gobierno continúa. No porque esté blindado políticamente, sino porque la oposición no logra convertir su indignación en una alternativa viable. “Si no la presentan, esto continúa”, resumió Ramoncín. Continúan los escándalos, continúan las investigaciones, continúa la erosión, pero también continúa el Ejecutivo.

Una semana negra: registros, detenciones y nuevos informes

El contexto no ayuda al Gobierno. La semana fue especialmente dura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Registros en ministerios, actuaciones en empresas públicas, detenciones y nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) han colocado al PSOE en una situación de extrema debilidad.

Las investigaciones apuntan a hechos gravísimos: ex altos cargos que, presuntamente, aprovecharon la pandemia para hacer negocio, mientras se aprobaban rescates millonarios con dinero público. Un escenario que ha golpeado directamente la credibilidad del Ejecutivo y ha generado una profunda desolación entre votantes progresistas.

Ignacio Escolar fue claro: la indignación es compartida. Nadie en la izquierda mira hacia otro lado ante la corrupción. La pregunta clave, sin embargo, es otra: ¿se trata de individuos corruptos que traicionaron al Gobierno o existía conocimiento desde la cúpula?

Esa distinción no es menor. Marca la diferencia entre una responsabilidad penal individual y una responsabilidad política estructural.

El caso González Amador y el silencio de Ayuso.

En paralelo, la conversación derivó hacia uno de los ejes más sensibles del debate público actual: la situación judicial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Está contratado por una empresa privada que recibe miles de millones de euros del presupuesto público madrileño? ¿Existe un conflicto de intereses? ¿Lo sabía la presidenta?

Según los tertulianos, aclararlo habría llevado apenas tres minutos ante los micrófonos de RTVE. Pero no ocurrió. El silencio, en política, rara vez es neutral. Y cuando se produce en un contexto de sospecha, suele alimentar aún más las dudas.

El espejo del pasado: Aznar y Rajoy

Uno de los momentos más tensos del debate llegó cuando se puso sobre la mesa el eterno recurso al “y tú más”. Ramoncín recordó que José María Aznar y Mariano Rajoy siguen dando lecciones públicas, a pesar de haber presidido gobiernos salpicados por múltiples casos de corrupción.

Ministros imputados, condenados, tramas estructurales como Gürtel, Kitchen o el uso partidista de la policía. Gobiernos que cayeron, en el caso de Rajoy, tras una sentencia judicial que acreditaba corrupción en el partido.

“¿Alguien pidió entonces que Aznar o Rajoy se fueran por saber o no saber?”, lanzó Ramoncín. La memoria selectiva vuelve a aparecer como arma política.

El papel de los socios y la coherencia política

Pero el debate no se limitó al bipartidismo. También se dirigió a los socios parlamentarios del Gobierno. Si partidos como Compromís exigieron responsabilidades políticas a gobiernos del PP por corrupción, ¿qué hacen ahora cuando los casos afectan al Ejecutivo del que forman parte?

La coherencia se convierte aquí en un concepto incómodo. No basta con indignarse; hay que decidir si se actúa o no. Y actuar implica asumir costes políticos.

El caso del fiscal general: una sentencia polémica

La conversación dio un giro decisivo al analizar la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Una resolución que ha generado enorme controversia en el mundo jurídico y periodístico.

El problema central es que la sentencia no prueba de forma directa quién filtró la información, ni descarta de manera clara que fuera otra persona distinta al acusado. Se basa en indicios débiles, inferencias discutibles y una interpretación extremadamente laxa del concepto de “conocimiento”.

Juristas como Joaquín Urías calificaron la sentencia de “mucho ruido y pocas nueces”, subrayando que convertir una nota de prensa en delito resulta jurídicamente insostenible, especialmente cuando la información ya era pública.

Periodistas en el banquillo moral

Otro aspecto especialmente delicado fue el trato a los periodistas que declararon como testigos. Todos negaron que la filtración proviniera del fiscal general. Sin embargo, la sentencia parece ignorar sistemáticamente sus testimonios, sin llegar a acusarlos formalmente de falso testimonio.

Una contradicción grave: o se cree que mintieron coordinadamente —lo que no se sostiene— o se acepta que la condena se apoya en una construcción forzada.

El mensaje implícito es inquietante: el periodismo queda atrapado en una lógica judicial que lo desautoriza sin pruebas, erosionando el secreto profesional y la libertad de información.

La justicia como campo de batalla política

Ignacio Escolar fue contundente al final: lo más grave no es solo esta sentencia concreta, sino el precedente que sienta. La validación de la mentira como herramienta política y judicial. Una justicia que deja de ser previsible desde el punto de vista legal, pero se vuelve sorprendentemente previsible desde el punto de vista político.

Según este análisis, lo ocurrido no es un episodio aislado. Comenzó con la negativa a aplicar la amnistía, continuó con causas judiciales endebles y amenaza con prolongarse en un calendario de procesos que marcarán el año político.

Un horizonte cargado de incertidumbre

España se adentra en un periodo extremadamente complejo. Un Gobierno debilitado por casos reales de corrupción. Una oposición incapaz de articular una alternativa parlamentaria. Una justicia cuestionada por decisiones controvertidas. Y un periodismo bajo presión constante.

En medio de ese escenario, Ramoncín e Ignacio Escolar lanzaron una advertencia clara: el problema no es solo quién gobierna, sino cómo se está erosionando el sistema democrático en su conjunto.

La partida sigue abierta. Pero las reglas del juego parecen cada vez más borrosas. Y eso, más allá de siglas y bloques, debería preocupar a todos.