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Un escándalo que sacude los cimientos de la sanidad madrileña

La información revelada en portada por El País ha provocado un auténtico terremoto político, sanitario y judicial en la Comunidad de Madrid. Según documentos internos y denuncias presentadas por antiguos directivos, en el Hospital de Torrejón de Ardoz —centro público gestionado por la empresa privada Ribera Salud— se habría dado la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso hasta en diez ocasiones, incluyendo catéteres utilizados en intervenciones cardíacas.

La gravedad de la denuncia no reside solo en un posible fraude económico, sino en el riesgo directo para la vida de los pacientes, al tratarse de dispositivos médicos que, por ley, deben ser utilizados una sola vez por razones de esterilidad y seguridad clínica.

El caso ha reabierto con fuerza el debate sobre el modelo de gestión público-privada, la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el control real de las concesionarias sanitarias y la frontera entre rentabilidad empresarial y salud pública.

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Documentos internos, denuncias éticas y represalias

Según el periodista que destapó la investigación, las órdenes de reutilización no proceden de rumores ni de filtraciones ambiguas, sino de instrucciones concretas dirigidas al personal sanitario, detallando cómo esterilizar los materiales para volver a utilizarlos hasta diez veces.

Estas prácticas habrían sido denunciadas previamente por cuatro directivos del hospital a través del canal ético de la empresa, alertando de su ilegalidad y del peligro que suponían. Tras estas denuncias, los directivos fueron despedidos.

La cronología resulta especialmente inquietante:

25 de septiembre: reunión del CEO con el equipo directivo en la que se piden “soluciones imaginativas” para reducir costes.

Semanas después: llegan las órdenes internas para reutilizar material sanitario de un solo uso.

Posteriormente: estalla el escándalo tras la publicación periodística.

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Catéteres al corazón: no son guantes, ni gasas

Uno de los aspectos más estremecedores del caso es el tipo de material afectado. No se trata de guantes quirúrgicos o utensilios de apoyo, sino de catéteres utilizados directamente en exploraciones e intervenciones cardíacas. Dispositivos que entran en contacto directo con el corazón del paciente.

Cada uno de estos catéteres puede superar los 2.000 euros por unidad, lo que explicaría, según varias fuentes, el interés económico en su reutilización sistemática. Pero el ahorro potencial se enfrentaría a un riesgo sanitario incalculable: infecciones, fallos en los procedimientos, complicaciones graves e incluso la muerte.

“La sola idea de que un catéter reutilizado entre hasta diez veces pueda llegar al corazón de una persona resulta escalofriante”, coinciden médicos consultados en privado tras la publicación.

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La Comunidad de Madrid: ¿ignorancia real o mirar hacia otro lado?

Una de las grandes incógnitas del caso es hasta qué punto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid conocía estas prácticas. Durante meses, según los sindicatos, los trabajadores ya habían alertado de recortes, selección de pacientes por rentabilidad y degradación del servicio.

En junio, 260 trabajadores firmaron un manifiesto denunciando que:

Se priorizaban pacientes de fuera del área de referencia porque generaban más ingresos.

Se estaban recortando prestaciones.

Se aceleraban altas para poder facturar nuevos ingresos.

Aumentaba la carga asistencial mientras huían profesionales por precariedad laboral.

Pese a todo, la respuesta oficial fue siempre la misma: “se cumplen los estándares de calidad”.

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Rescate millonario y silencio institucional

Uno de los datos más comprometidos para el Ejecutivo madrileño es que este mismo verano la Comunidad de Madrid rescató con 33 millones de euros al Hospital de Torrejón de Ardoz. Un hospital gestionado por una empresa privada que, en teoría, debía ser “eficiente” y “sostenible”.

Si la empresa funcionaba tan bien, ¿por qué necesitó ese rescate?
Y si la Comunidad intervino con fondos públicos, ¿cómo no detectó prácticas tan graves?

Las preguntas se acumulan mientras la consejera de Sanidad guarda silencio y la anunciada reunión urgente con la dirección de Ribera Salud sigue sin fecha definitiva.

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La primera denuncia ante la Fiscalía

Ya existe una primera denuncia formal ante la Fiscalía, presentada por el abogado Javier Flores. Los delitos que podrían investigarse incluyen:

Prevaricación

Malversación de fondos públicos

Coacciones al personal sanitario

Responsabilidad penal de la persona jurídica

Administración desleal

La clave jurídica, según Flores, está en que aunque la empresa sea privada, presta un servicio público esencial con dinero público, lo que eleva de forma muy significativa su nivel de responsabilidad legal.

Además, se investigan posibles represalias contra trabajadores que alertaron de las irregularidades.

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El modelo Alcira vuelve al centro del debate

Este escándalo reabre con fuerza el debate sobre el llamado modelo Alcira, basado en la concesión de hospitales públicos a empresas privadas. Un sistema impulsado en su día por gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana, Madrid y después extendido a Galicia.

Paradójicamente, en la propia Comunidad Valenciana, el modelo fue revertido tras años de polémicas, conflictos laborales, auditorías y acusaciones de opacidad. La reversión provocó fuertes campañas de desgaste político contra dirigentes como Mónica Oltra y Carmen Montón.

Hoy, la misma empresa, Ribera Salud, aparece de nuevo en el centro de un escándalo de dimensiones nacionales.

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“Sanidad convertida en sistema contable”

Uno de los argumentos más repetidos por sindicatos y expertos es que el modelo concesional tiende a transformar la sanidad en un sistema contable, donde cada prueba, cada intervención y cada alta se convierte en una línea de facturación.

Esto genera incentivos perversos:

Priorizar pacientes más rentables.

Reducir costes a cualquier precio.

Presionar al personal para aumentar la productividad.

Disparar las listas de espera para derivar pacientes a pruebas facturadas.

Forzar altas prematuras para reingresos posteriores.

Varios trabajadores describen los quirófanos como “una fábrica”, donde el ritmo asistencial ya no responde a criterios médicos, sino financieros.

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La huida de profesionales y la sobrecarga asistencial

Otra de las consecuencias más graves del modelo ha sido la fuga masiva de profesionales. Según sindicatos como SATSE, las condiciones laborales del Hospital de Torrejón no se asemejan a las de un hospital 100% público:

Salarios más bajos.

Jornadas más largas.

Ritmos asistenciales más agresivos.

Mayor presión jerárquica.

Menor estabilidad laboral.

El resultado es una rotación constante de personal, que obliga a formar continuamente a profesionales que terminan marchándose. Mientras tanto, los que se quedan soportan una carga asistencial cada vez mayor, con el consiguiente riesgo clínico.

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Auditorías internas: ¿investigación real o simulacro?

Tras el estallido del caso, Ribera Salud anunció una auditoría interna. Sin embargo, juristas y sindicatos dudan seriamente de su utilidad:

“Es poco razonable que se investigue quien puede estar siendo responsable de los hechos”, señalan fuentes jurídicas. Por eso, se exige que:

La inspección sea externa e independiente.

Acceda a todos los correos, protocolos y registros internos.

Tome declaración a trabajadores protegidos.

Se fiscalicen los contratos públicos.

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¿Sabía la Comunidad de Madrid lo que pasaba?

Quizás la pregunta más incómoda sigue sin respuesta:
¿La administración desconocía realmente lo que ocurría en el hospital… o lo conocía y miró hacia otro lado?

Los propios trabajadores afirman que avisaron directamente hace meses. Si esto es cierto, el problema ya no sería solo empresarial, sino político e institucional.

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El impacto político: Ayuso, en el centro de la tormenta

Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó rápidamente pidiendo auditorías hasta el final, el silencio de Isabel Díaz Ayuso ha generado una fuerte polémica. Para la oposición, este caso podría convertirse en el mayor escándalo sanitario de su mandato.

No se trata solo de un hospital: afecta al modelo sanitario madrileño en su conjunto, que Ayuso ha defendido como ejemplo de eficiencia.

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El derecho penal y la prudencia jurídica

Expertos en derecho recuerdan que no toda mala gestión es automáticamente delito. Para que haya responsabilidad penal, debería acreditarse que:

Existió un riesgo grave y consciente para los pacientes.

Se produjo un uso indebido del dinero público.

Hubo instrucciones ilegales claras y ejecutadas.

Existieron represalias o coacciones.

Solo entonces podrían activarse delitos como la malversación, la prevaricación o la administración desleal.

 

Mucho más que un escándalo puntual

Más allá del caso concreto de Torrejón, lo que se discute ahora es si el modelo de colaboración público-privada en sanidad está estructuralmente agotado. Países como Reino Unido, Canadá o Australia ya han devuelto hospitales privatizados al sistema público tras experimentar problemas similares.

La pregunta ya no es solo qué pasó, sino si esto es un fallo puntual o la consecuencia lógica de un modelo que incentiva ante todo la rentabilidad.

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La pregunta final

Miles de pacientes han pasado por el Hospital de Torrejón. Muchos lo seguirán haciendo. La investigación apenas comienza. Y mientras la justicia, los peritos y los inspectores avanzan, una pregunta sobrevuela el caso:

¿Hasta qué punto se puede permitir que la lógica del beneficio económico marque los límites de la salud pública?