JAKE “ACORRALA” A AYUSO: REBELIÓN INTERNA EN EL PP DE MADRID, EL “CLAN POCHOLOS” Y EL ESCÁNDALO DE LOS 11 CENTROS DE FP TROCEADOS PARA ESQUIVAR CONCURSOS PÚBLICOS

Lo que comenzó como una serie de dimisiones discretas en la Comunidad de Madrid ha terminado convirtiéndose en un terremoto político de gran alcance. En el epicentro, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una investigación judicial sobre la construcción de 11 centros públicos de Formación Profesional (FP) y una guerra interna en el Partido Popular madrileño que algunos ya describen como una nueva lucha de clanes por el control del poder y del dinero público.

No se trata simplemente de un debate sobre la ley de universidades o sobre el modelo educativo. Según analistas y voces críticas, estamos ante un conflicto con dos patas muy claras: el control económico de los recursos públicos y la posible comisión de irregularidades administrativas que podrían derivar en responsabilidades penales.

Un conflicto de poder, no una simple discrepancia técnica

Desde dentro y fuera del PP se insiste en que lo que está ocurriendo no es el fracaso de ninguna ley universitaria. Es, ante todo, un conflicto de poder. Un choque entre sectores del partido por el control de áreas estratégicas como Educación, universidades y presupuestos millonarios vinculados a la expansión de la FP tras la pandemia.

La expresión “clan pocholos”, utilizada de forma irónica y crítica en el debate público, ha servido para identificar a un grupo interno que habría impulsado el traslado a la Fiscalía de determinadas actuaciones relacionadas con la construcción de centros de FP. La salida o el desplazamiento de algunos de sus miembros ha alimentado la sospecha de que estamos ante una purga interna más que ante simples reajustes administrativos.

Los 11 centros de FP bajo sospecha

Entre 2021 y 2023, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid impulsó la construcción de hasta 11 nuevos centros de Formación Profesional. La expansión de la FP se presentó como una apuesta estratégica tras la pandemia, apoyada además por fondos europeos destinados a reforzar la capacitación laboral.

El problema no es que los centros no existan —de hecho, están en funcionamiento— sino cómo se construyeron y cómo se pagaron.

Según la investigación judicial en curso, en lugar de licitar públicamente las obras, como exige la Ley de Contratos del Sector Público para proyectos que superan los 40.000 euros, se habría recurrido a un sistema de fraccionamiento de contratos. Es decir:

Dividir una obra de uno o dos millones de euros en decenas de facturas inferiores a 40.000 euros.

Encargar directamente cada parte a empresas concretas.

Evitar así el procedimiento de concurso público, con sus plazos, controles y competencia entre compañías.

Este mecanismo permitiría adjudicar a dedo trabajos que, por su volumen económico, deberían haberse sometido a concurrencia pública.

El “truco” de las facturas menores

La ley permite contratos menores —sin concurso— siempre que el importe no supere los 40.000 euros en obras. Este procedimiento está pensado para intervenciones puntuales: pintar un vestíbulo, arreglar una instalación eléctrica concreta, sustituir un suelo.

Lo que se investiga ahora es si ese mecanismo se utilizó de manera sistemática para levantar edificios completos desde cero.

En algunos casos, según las diligencias judiciales, se emitieron decenas de facturas por importes cercanos al límite legal. Incluso se habrían distribuido pagos entre distintos ejercicios fiscales —una factura en diciembre y otra en enero— para espaciar los importes y evitar superar umbrales de control.

Un ejemplo paradigmático es el de la Escuela de Arte de Alcalá, cuya construcción, valorada en alrededor de 1,5 millones de euros, se completó en apenas seis meses. En tiempos normales, un procedimiento de licitación pública para una obra de esa envergadura requiere más tiempo solo en trámites administrativos.

Dos altos cargos investigados

Hasta el momento, hay dos altos cargos de la Consejería de Educación investigados por la justicia. El delito que se analiza es el de prevaricación administrativa: dictar resoluciones injustas a sabiendas de su ilegalidad.

Durante los años en que se produjeron los hechos investigados, la Consejería estaba dirigida por Enrique Osorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid y uno de los hombres de máxima confianza de Ayuso. La número dos del departamento era Rocío Albert, actualmente consejera de Economía y Hacienda.

Ambos forman parte del núcleo duro del gobierno regional. No eran figuras secundarias ni técnicas sin capacidad de decisión política. Esto ha intensificado el debate sobre hasta qué punto la responsabilidad es estructural y no meramente individual.

¿Sabía Ayuso lo que ocurría?

La gran incógnita política es si la presidenta regional conocía el sistema utilizado para financiar y construir los centros.

No existe, hasta ahora, prueba pública de que Ayuso diera instrucciones directas para fraccionar contratos. Sin embargo, la dimensión del proyecto —once centros, millones de euros, decisiones estratégicas— hace difícil imaginar que fuera una iniciativa aislada de funcionarios de rango medio.

En términos de responsabilidad política, incluso la ignorancia puede resultar problemática. Si no lo sabía, ¿cómo es posible que un mecanismo así funcionara durante años sin control interno? Si lo sabía, ¿por qué no se exigió el cumplimiento estricto de la normativa de contratación?

Hasta el momento, no ha habido dimisiones en la cúpula política ni explicaciones detalladas sobre el sistema utilizado.

Tradición de clanes en el PP madrileño

Algunos analistas recuerdan que la existencia de facciones enfrentadas dentro del PP de Madrid no es una novedad histórica. Bajo el liderazgo de Esperanza Aguirre, ya se vivieron intensas luchas internas entre figuras como Ignacio González y Francisco Granados, ambos vinculados posteriormente a casos judiciales relacionados con la gestión de contratos públicos.

La diferencia es que, si en aquella etapa el foco estaba en obra pública e infraestructuras, ahora el epicentro es la educación y la formación profesional.

El dinero europeo y la presión por gastar rápido

Tras la pandemia, España recibió importantes fondos europeos para impulsar la Formación Profesional. Las comunidades autónomas debían ejecutar esos recursos en plazos relativamente ajustados.

Una de las hipótesis que han surgido en el proceso judicial es que la presión por gastar rápidamente esos fondos pudo haber llevado a buscar atajos administrativos. Si no se ejecutaba el dinero, podía perderse o quedar sin asignación.

Sin embargo, la urgencia no exime del cumplimiento de la ley. Precisamente por tratarse de dinero público —y en parte procedente de la Unión Europea— los controles deberían ser especialmente rigurosos.

Pagos desde cuentas de otros institutos

Otro aspecto llamativo de la investigación es que, en algunos casos, los pagos a constructoras se habrían canalizado a través de cuentas corrientes de institutos ya existentes.

Es decir, centros que nada tenían que ver con la nueva infraestructura recibían fondos y órdenes para pagar facturas correspondientes a edificios distintos, incluso antes de que estos tuvieran entidad administrativa propia.

Este mecanismo, de confirmarse, evidenciaría una ingeniería financiera interna destinada a eludir controles presupuestarios y de intervención.

¿Por qué no estalla como escándalo nacional?

A pesar de la gravedad potencial del caso, la polémica no ha alcanzado la dimensión nacional de otros escándalos.

Varias razones pueden explicarlo:

La figura de Ayuso domina la agenda mediática con enfrentamientos constantes contra el Gobierno central de Pedro Sánchez.

El tema técnico del fraccionamiento de contratos resulta menos inmediato y más complejo de explicar que una declaración polémica.

La polarización política hace que cada bloque minimice o maximice los casos según la afiliación.

Sin embargo, si la instrucción judicial concluye que hubo un sistema organizado para adjudicar obras millonarias a dedo, el impacto podría multiplicarse.

Un modelo en cuestión

Más allá de la posible responsabilidad penal, el caso abre un debate más amplio sobre el modelo de gestión pública en Madrid. La expansión de la FP y la colaboración público-privada pueden ser objetivos legítimos, pero la forma de ejecutarlos es clave para garantizar igualdad de oportunidades entre empresas y protección del dinero de los contribuyentes.

Si se confirma que se pagaron obras más caras de lo necesario por evitar la competencia, el perjuicio sería colectivo.

Lo que está en juego

En última instancia, este caso no es solo una batalla interna ni una cuestión técnica de contratos administrativos. Es una prueba sobre la calidad institucional de la Comunidad de Madrid.

Si la justicia acredita que se fraccionaron contratos de forma sistemática para eludir la ley, estaremos ante un problema estructural de gobernanza. Si, por el contrario, las irregularidades no se sostienen jurídicamente, el gobierno de Ayuso podrá reivindicar que se trató de un ataque político amplificado.

De momento, la investigación sigue abierta. Y con ella, la pregunta que sobrevuela la Puerta del Sol: ¿fue un simple atajo administrativo o el síntoma de un modelo que confundió rapidez con impunidad?