Todo comienza con una comparecencia… y un silencio que pesa más que las palabras. Jordi Pujol vuelve a escena mientras la operación Catalunya resurge como un fantasma incómodo, marcando lo que podría ser el pistoletazo de salida del juicio más sensible de las últimas décadas. Ahora, la Audiencia Nacional tiene la llave: decidir si el expresident queda fuera del banquillo o si finalmente deberá responder por la fortuna familiar en Andorra. Un caso con demasiadas sombras, demasiados intereses… y una pregunta que nadie quiere responder: ¿Estamos ante justicia histórica… o ante un nuevo capítulo de impunidad?(hh)
La comparecencia de Pujol y la operación Catalunya, pistoletazo de salida del juicio a los Pujol
La Audiencia Nacional debe resolver si exime al president Pujol del juicio por la fortuna familiar en Andorra
La Audiencia Nacional celebrará, finalmente, a puerta cerrada la comparecencia de Jordi Pujol, antes de iniciar el juicio contra él y sus siete hijos por tener una fortuna sin declarar a Hacienda en Andorra, descubierta en 2014. Será el lunes, 24 de noviembre, a las 10 de la mañana.
El tribunal ha permitido que el president Pujol -que ha estado ingresado la última semana por una neumonía- comparezca telemáticamente desde su casa, además de los forenses adscritos al juzgado que le han examinado, para decidir si finalmente le eximen de ser juzgado ante su frágil estado de salud y que “no puede defenderse”, a juicio de los médicos.
El tribunal -formado por los magistrados José Ricardo de Prada, Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García, que es la ponente- acordó hacer “un examen personal” a Pujol, junto con los forenses que le han examinado.
En la vista, estarán todas las partes personadas, acusaciones y defensas.
El tribunal tendrá que resolver si archiva la causa contra Pujol, como ha pedido su defensa, o le juzga y le permite comparecer desde Barcelona, y no desplazarse a Madrid, a la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares.
Superado este trámite, el juicio se iniciará con las cuestiones previas, donde las partes pedirán nuevas pruebas o denunciarán vulneración de derechos.
Las defensas seguramente pedirán el archivo de la causa, al considerar que ninguno de los 19 acusados ha cometido delito. La Fiscalía los acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y contra Hacienda, y les pide de 8 a 29 años de prisión.
El juicio a los Pujol tiene 41 sesiones hasta el 14 de mayo, y esta primera semana durará de lunes a jueves: con dos días para las cuestiones previas y cerca de una veintena de testigos.
La actuación ilegal de la policía española
La persecución de la policía patriótica del PP al president Pujol, ya otros políticos catalanes, conocido por la operación Catalunya, será expuesto por la defensa de los Pujol Ferrusola, que –menos Oriol Pujol, con otro letrado- son defendidos desde el despacho de Cristóbal Martell.
Todos los escritos de defensa de Jordi, Josep, Pere, Marta, Mireia y Oleguer se inician exponiendo que esta causa “tiene su origen e impulso al margen de toda legalidad procesal y control judicial”.
Una irregularidad policial que llegó hasta Andorra, donde se presionó a los titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener las cuentas que los hijos y la madre, Marta Ferrusola, fallecida en verano de 2024, tenían en el Principado sin declarar a la Hacienda española.
Es una investigación prospectiva, que el president Pujol legalizó al confesar en verano de 2014 que su padre, el abuelo Florenci pujol, había dejado un dinero para los hijos y su esposa (unos 8 millones de euros en total).
Con todo, las defensas insistirán en este motivo irregular, que provocó el cierre de la BPA andorrana y su filial española, el Banco Madrid.
Para la Fiscalía, sin embargo, son fondos obtenidos de comisiones de empresarios para ganar adjudicaciones públicas.
Dinero declarado y prescripción
Una segunda alegación central de la defensa de los Pujol es que los hechos denunciados ya están prescritos, debido a los años que han pasado. Además, la mayoría de los hijos legalizó el dinero, como permite la ley Montoro (ley 7/2012) y pagaron la correspondiente cuota a Hacienda.
Las defensas detallan que en las cuentas en Andorra “no se habían producido nuevas entradas desde el año 2004” y que cuando son descubiertos, en julio de 2014 “es un momento abrumadoramente superados los plazos prescriptivos penal y administrativo ordinario”.
Es decir, que se considera una situación ya regularizada, que no se puede castigar, nuevamente.
Marta, Pere y Mireia regularizaron el dinero de Andorra, y pagaron a Hacienda en 2014, mientras que el hermano menor, Oleguer, los invirtió en negocios, haciendo declaraciones complementarias desde 2012.
El hermano de Felip Puig, entre los primeros testigos
Terminadas las cuestiones previas, será el turno de la declaración de los testigos. La primera programada es Cristina Isabel de Francisco, exsecretaria de Jordi Pujol Ferrusola, prevista para el martes, 25 de noviembre.
La hija de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, Núria, está citada para el miércoles, 26 de noviembre.
El mismo día también debe declarar el hermano del exconseller Felip Puig, Jordi Puig Godes. El tribunal ha permitido que la declaración de los acusados sea al final del juicio, entre abril y mayo de 2026.
