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La sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos no solo ha provocado un terremoto político y mediático, sino que ha abierto una grieta profunda en el propio sistema judicial español. Por primera vez en democracia, un fiscal general es condenado sin pruebas directas, con una argumentación basada en indicios difusos y en una construcción jurídica que numerosos juristas califican de “creativa”, “forzada” y, para algunos, abiertamente peligrosa.

La resolución llega, además, envuelta en una secuencia temporal inquietante: la condena se hizo pública antes de que el fallo estuviera redactado y la sentencia íntegra no se conoció hasta 19 días después. En ese lapso, el daño político y personal ya estaba consumado. García Ortiz dimitió sin conocer todavía los fundamentos jurídicos por los que se le castigaba.

Una condena sin prueba directa

El núcleo de la polémica es claro: no existe una prueba directa que acredite que Álvaro García Ortiz filtrara el correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— en el que se reconocían dos delitos fiscales. Ningún testigo lo sitúa como fuente, ningún documento lo implica de manera explícita y ningún periodista que declaró en el juicio señaló al ex fiscal general como origen de la información.

Aun así, la mayoría conservadora del Supremo optó por una vía alternativa: la llamada “convergencia de indicios”. Según esta tesis, aunque no se pueda probar quién filtró el documento, la responsabilidad recae sobre García Ortiz o “alguien de su entorno”, actuando con su conocimiento, autorización o aquiescencia. Una figura jurídica difusa que ha encendido todas las alarmas.

El precedente del “entorno”

Para muchos juristas, esta sentencia inaugura una doctrina inquietante: la responsabilidad penal por pertenencia a un entorno institucional. Si no se demuestra que una persona cometió un hecho, basta con que alguien de su entorno pudiera haberlo hecho. El concepto rompe con principios básicos del derecho penal moderno, como la presunción de inocencia y la responsabilidad personalísima.

Las dos magistradas que emitieron voto particular lo dicen con claridad: las pruebas practicadas en el juicio no permiten tener por acreditados los hechos en los términos recogidos por la mayoría. Subrayan, además, que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no solo permite, sino que obliga a informar a la ciudadanía cuando se difunden bulos que atacan la legitimidad de la institución.

La nota de prensa que lo cambia todo

La sentencia pone en el centro la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que sostenía falsamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Sin embargo, esa nota no contenía información nueva: todos los datos ya habían sido publicados previamente por distintos medios.

Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo puede hablarse de revelación de secretos si el contenido ya era público? Esta contradicción es uno de los pilares del voto particular y una de las críticas más repetidas por expertos independientes.

Periodistas ignorados

Durante el juicio declararon varios periodistas que afirmaron de forma rotunda que Álvaro García Ortiz no fue su fuente. Algunos invocaron el secreto profesional, pero aun así exculparon al ex fiscal general. La sentencia, sin embargo, pasa prácticamente de puntillas sobre estos testimonios.

Para el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, esto no es un detalle menor: supone una desautorización implícita de la palabra de los periodistas en sede judicial y abre un precedente peligroso para la libertad de información.

“Una sentencia plagada de vulneraciones”

Martín Pallín ha sido especialmente duro. A su juicio, la sentencia contiene vulneraciones múltiples de derechos fundamentales: desde el derecho de defensa hasta el principio acusatorio, pasando por la imparcialidad del tribunal.

Según su análisis, los magistrados que dictaron la condena ya estaban “contaminados” al haber impulsado previamente la apertura del procedimiento penal. Además, critica que se manipule el tipo penal aplicado y que se confunda un delito contra la Administración Pública con la actuación de una institución —la Fiscalía— que no forma parte de ella.

El Supremo y el Constitucional

Aunque la sentencia es firme al proceder del Tribunal Supremo, el camino judicial no ha terminado. García Ortiz presentará previsiblemente un incidente de nulidad ante la propia sala, paso necesario para acudir después al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

El Constitucional no revisará los hechos, pero sí podrá determinar si durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales. De ser así, la sentencia podría ser anulada total o parcialmente, lo que supondría un golpe histórico al Supremo.

Impacto político e institucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con García Ortiz y ha afirmado que quien debería pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso. Sus palabras marcan un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, una relación ya muy tensionada.

Para Martín Pallín, lo que estamos viendo forma parte de una secuencia más amplia: querellas masivas contra dirigentes políticos, imputaciones que acaban archivadas y una judicialización extrema de la vida política. Un fenómeno que él no duda en calificar como “golpe de Estado judicial”, en el sentido descrito por Curzio Malaparte: sin tanques ni uniformes, pero con resoluciones judiciales que alteran el equilibrio democrático.

Un caso con eco internacional

La condena a un fiscal general del Estado en un país de la Unión Europea ha tenido repercusión internacional. Sin embargo, lo que más desconcierta fuera de España no es la condena en sí, sino la debilidad de su fundamentación jurídica.

En palabras de Martín Pallín, pocos juristas europeos entienden que un asunto calificado en Alemania como “delito de bagatela” haya terminado con una condena de esta magnitud en la cúspide del sistema judicial.

¿Y ahora qué?

Más allá del destino personal de Álvaro García Ortiz, la gran pregunta es qué queda tocado tras esta sentencia. La Fiscalía, debilitada. El Supremo, cuestionado. Los periodistas, desautorizados. Y la ciudadanía, más desconfiada.

Si el Tribunal Constitucional anula la condena, el daño institucional ya estará hecho. Si la confirma, el precedente marcará durante décadas la forma en que el poder judicial puede intervenir en conflictos políticos.

En cualquier escenario, lo ocurrido no es un episodio aislado. Es un síntoma de una crisis más profunda, donde la frontera entre justicia y política se vuelve cada vez más difusa. Y cuando eso ocurre, el Estado de derecho deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita.