Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado

Teresa Peramato es fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la máxima de la carrera

Teresa Peramato ha sido propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz —que dimitió este lunes tras la condena del Tribunal Supremo.

De perfil progresista y especializada en violencia de género, en mayo de 2021 Peramato fue promovida a fiscal de Sala del Supremo, el máximo puesto de la carrera, y fue nombrada como responsable de la Violencia contra la Mujer.

Desde 2025, es fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal. También ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Con una amplia trayectoria de más de 35 años en ejercicio como fiscal, Teresa Peramato ha estado especialmente involucrada en la lucha contra la violencia de género y es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

El 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer a la Fiscalía Provincial de Madrid.

También ha sido miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, del comité que elaboró el primer informe anual sobre la cuestión el 2007.

Nacida en Salamanca en 1962, Peramato accedió a la carrera fiscal en 1989. Desde entonces, ha estado destinada en las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid y en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Catalunya y de la Comunidad de Madrid.

Por su labor como fiscal, Teresa Peramato ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Policía y de la Guardia Civil y ha recibido diversos premios de igualdad de colegios de abogados, así como un galardón del Ministerio de Igualdad.

Además, ha publicado diversos artículos sobre violencia contra las mujeres y un libro sobre desigualdad por orientación sexual.

Peramato cuenta con el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos“, según apunta el Gobierno en una nota.

De acuerdo con la Constitución, el Rey nombrará oficialmente al fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si bien dicho informe no es vinculante y, por ejemplo, el CGPJ se pronunció en contra del nombramiento del hasta ayer fiscal general Álvaro García Ortiz.

Después, el Gobierno deberá comunicar la propuesta al Congreso y Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia.

Tras la condena y dimisión de García Ortiz

De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde al fallo judicial del Supremo contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado condenado.

García Ortiz ha dimitido después de haber sido condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos.

Una decisión judicial rápida, todavía sin sentencia y con el voto particular de dos magistrados, que ha levantado polémica y la oposición del Gobierno.

El alto tribunal lo ha condenado a pagar una multa y una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al considerar que el fiscal general había filtrado los correos electrónicos en los cuales el empresario reconocía haber cometido delitos fiscales.

Durante el juicio, múltiples testigos defendieron su inocencia: los periodistas que recibieron la información aseveraron que no fue García Ortiz quien lo filtró.