El golpe no es simbólico. Es estructural

No es una discrepancia menor.
No es una interpretación discutible.
No es un tecnicismo jurídico más.

El Tribunal Constitucional ha propinado un nuevo varapalo —el segundo en apenas una semana— al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tumbando de forma contundente una de las decisiones más controvertidas de la Mesa de la Asamblea de Madrid: el veto absoluto a iniciativas parlamentarias incómodas.

Y lo hace con una frase que resuena como un martillo en el corazón de cualquier democracia:

👉 “Se ha hurtado la posibilidad inherente a toda democracia de que se celebre un debate público.”

No es solo un revés político.
Es una enmienda a la totalidad.

Qué ha anulado exactamente el Constitucional

La sentencia, aprobada por 10 votos frente a 2, declara nulas las decisiones de la Mesa de la Asamblea —controlada por el PP— que impidieron siquiera debatir varias iniciativas registradas por Más Madrid.

Iniciativas que pedían, entre otras cosas:

La creación de una comisión de investigación sobre más de 5.000 contratos de emergencia COVID

Una auditoría de la gestión público-privada sanitaria, con especial foco en el grupo Quirón

La comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para dar explicaciones sobre:

el bulo difundido sobre el novio de la presidenta

los insultos dirigidos a la periodista Esther Palomera

y la exigencia de disculpas públicas al diario elDiario.es

Nada de esto llegó siquiera a debatirse.

No porque fuera ilegal.
No porque vulnerara el reglamento.
Sino porque se cerró la puerta antes de entrar.

El problema no fue el “no”. Fue el silencio impuesto

El Tribunal Constitucional no entra a valorar el fondo de las iniciativas.
Lo que cuestiona —y condena— es algo mucho más grave:

👉 que ni siquiera se permitiera el debate parlamentario.

La Mesa no utilizó su mayoría para rechazar propuestas.
Utilizó su poder para borrar el debate del mapa.

Y eso, dice el Constitucional, no es una función técnica.
Es una decisión política encubierta, impropia de un órgano que debería limitarse a verificar si una iniciativa cumple o no el reglamento.

Cuando se hace lo contrario —advierte el tribunal—, se vulnera directamente el derecho fundamental a la representación política.

Una advertencia clara: la democracia no se gestiona desde un despacho

La sentencia subraya algo que incomoda especialmente al poder ejecutivo:

Las cámaras legislativas no pueden erigirse en filtros políticos.
No pueden decidir qué se debate y qué no en función de la conveniencia del gobierno de turno.

Porque hacerlo significa:

sustraer al Pleno y a las comisiones su papel

impedir el contraste entre fuerzas políticas

y ahogar el debate público, que es la base misma del parlamentarismo

El Constitucional no deja margen a la duda:
cuando una Mesa actúa así, no está ordenando el Parlamento, lo está bloqueando.

Una mayoría abrumadora… y dos nombres propios

El fallo solo cuenta con los votos discrepantes de Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, una minoría que no altera el mensaje político de fondo: el correctivo es rotundo.

Y no llega solo.

Este varapalo se suma al dictado apenas unos días antes, cuando el propio Constitucional sentenció por unanimidad que el Gobierno de Ayuso había vulnerado los derechos de una diputada del PSOE al vetar cinco preguntas parlamentarias relacionadas, de nuevo, con Miguel Ángel Rodríguez.

Casualidad o patrón.
Coincidencia o síntoma.

Miguel Ángel Rodríguez, el nombre que vuelve una y otra vez

No pasa desapercibido que el eje de ambas sentencias sea el mismo:

👉 el jefe de gabinete de la presidenta.

Un cargo no electo.
Un actor clave del poder en la sombra.
Y, según el Constitucional, un asunto legítimo de control parlamentario.

Intentar blindarlo —impidiendo preguntas, comparecencias o investigaciones— no solo no lo protege.
Lo expone.

Y deja una sensación inquietante:
¿qué se intenta evitar que se debata?

El relato que empieza a resquebrajarse

Durante años, el Gobierno de Ayuso ha construido una narrativa de fortaleza, control y eficacia.
Pero estas sentencias introducen una grieta peligrosa:

La de un poder que confunde mayoría con impunidad,
y gestión con silencio.

El Constitucional no habla de errores menores.
Habla de derechos fundamentales vulnerados.
Habla de debate robado.
Habla de democracia cercenada en su forma más básica: la palabra.

Y ahora, ¿qué?

El fallo obliga a que las iniciativas vetadas se debatan en la Asamblea de Madrid.

No dice cómo acabarán.
No dice qué resultado tendrán.

Pero dice algo más importante:

👉 que no podían ser enterradas sin discusión.

Porque en democracia, perder una votación es legítimo.
Impedir que se vote, no.

La pregunta incómoda

Con dos varapalos en una sola semana, la pregunta ya no es jurídica.
Es política.

👉 ¿Cuántas veces puede un gobierno ser corregido por el Constitucional antes de que el problema deje de ser la oposición… y pase a ser el método?

El debate vuelve al Parlamento.
Pero el daño —y la duda— ya están sobre la mesa.