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El escándalo de la Dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024 sigue dejando secuelas políticas y judiciales, revelando negligencias, contradicciones y omisiones que podrían tener repercusiones a largo plazo para dirigentes del Partido Popular y para la administración autonómica.

Las últimas novedades en la investigación judicial de este fenómeno meteorológico extremo muestran que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no será llamado como testigo, mientras que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, deberá declarar ante la jueza para aclarar sus declaraciones públicas sobre la gestión de la emergencia.

Rechazo judicial a Hazte Oír y punto para Sánchez

Recientemente, la jueza encargada del caso rechazó la solicitud de Hazte Oír para que Pedro Sánchez compareciera como testigo en la investigación.

Según la resolución judicial, la petición se considera improcedente porque la comunicación que mantuvo el presidente con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, se produjo a las 22:50 horas, muy alejada del momento central de la toma de decisiones sobre la alerta.

La jueza argumenta que la petición de Hazte Oír se basa en meras elucubraciones y no en pruebas sólidas sobre la gestión de la emergencia.

Esta decisión representa un varapalo para Hazte Oír y, de facto, un punto a favor de Sánchez, ya que limita la utilización política de la causa para desgastar al gobierno central.

Sin embargo, la investigación continúa con gran intensidad, centrada en esclarecer quién realmente tenía información crítica y cómo se gestionó la emergencia en los momentos previos al desastre.

Feijóo acorralado por sus propias declaraciones

El caso, sin embargo, ha puesto en aprietos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La jueza le ha citado como testigo para precisar qué información recibió de Carlos Mazón y, sobre todo, por qué aludió públicamente a fallecidos durante su rueda de prensa dos días después de la Dana.

Feijóo había declarado que Mazón le había mantenido informado “minuto a minuto” sobre la situación en Valencia, pero la investigación busca detallar el momento exacto de la comunicación y su veracidad, considerando que las declaraciones públicas del líder popular podrían no coincidir con los registros de mensajes y llamadas oficiales.

El interrogatorio judicial pondrá a Feijóo en una posición delicada, obligándole a esclarecer si su exposición mediática fue precisa o, por el contrario, un intento de autopromoción política en un contexto trágico, lo que podría generar un desgaste considerable para el PP en la Comunidad Valenciana.

Revelación de los audios: la orden de retirar a los bomberos

Uno de los elementos más graves que ha salido a la luz recientemente son los audios que muestran cómo los bomberos que actuaban en el Barranco del Pollo recibieron la orden de retirarse de la zona alrededor de las 14:42 horas del día de la Dana.

Las grabaciones, a las que tuvo acceso Radio Televisión Española, dejan claro que los bomberos cumplieron instrucciones de retirada mientras la zona ya estaba gravemente afectada por inundaciones.

Estos audios, que han sido incorporados a la causa judicial, plantean interrogantes fundamentales: ¿quién dio la orden? ¿Por qué se retiraron los servicios de emergencia mientras la situación se agravaba?

Las víctimas y la sociedad civil valenciana exigen respuestas concretas, ya que la información disponible indica que la Generalitat Valenciana contaba con datos suficientes para tomar medidas preventivas y alertar a la población a tiempo.

Negligencias y contradicciones en la gestión de la emergencia

El caso de la Dana evidencia una cadena de negligencias y contradicciones dentro de la administración valenciana. Salomé Pradas, exconsejera de Emergencias, compareció ante la Comisión del Congreso y declaró que estaba afectadísima, pero se negó a responder preguntas clave, argumentando que estaba en defensa judicial.

A lo largo de su comparecencia, insistió en responsabilizar al gobierno central y defendió su gestión, afirmando que estuvo “al pie del cañón” durante la jornada, sin proporcionar detalles sobre decisiones críticas, como la retirada de bomberos o el retraso en el envío de alertas.

Los audios y registros telefónicos contradicen sus afirmaciones, demostrando que se ocultó información vital y que muchas decisiones se tomaron de manera tardía o ineficaz, con consecuencias directas sobre la seguridad de los ciudadanos.

Esto ha generado indignación en las víctimas y en la opinión pública, que consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas por Pradas y otros responsables.

La paradoja del mando único y la responsabilidad compartida

Uno de los puntos más polémicos de la investigación es la gestión del mando único durante la emergencia. La Ley de Emergencias establece que la consejera de Emergencias asume la dirección del plan autonómico, sin embargo, Pradas y otros responsables han tratado de trasladar la responsabilidad al gobierno central.

Esta ambigüedad en la rendición de cuentas ha puesto de manifiesto fallos estructurales en la coordinación entre administraciones y ha generado un efecto de confusión que agravó la crisis.

Además, se ha documentado que la Generalitat Valenciana tenía información sobre desbordamientos de ríos y situaciones críticas desde horas antes, pero las medidas adoptadas fueron insuficientes o retrasadas, dejando a miles de ciudadanos en situación de riesgo.

Consecuencias políticas para Feijóo y Mazón

La investigación judicial y la difusión de estos audios suponen un desgaste político significativo para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Alberto Núñez Feijóo, como líder del partido, se enfrenta a la posibilidad de quedar asociado públicamente con errores de gestión y declaraciones inexactas.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat en ese momento, también se encuentra bajo la lupa judicial y mediática, ya que los registros muestran que tardó en actuar y en transmitir información crucial tanto a sus subordinados como a la ciudadanía.

El mantenimiento de cargos para los responsables en la Generalitat, a pesar de las evidencias, ha sido criticado por la sociedad civil, generando un sentimiento de impunidad y un aumento de la presión mediática sobre el PP.

Impacto sobre las víctimas y la sociedad valenciana

Más de un año después de la tragedia, las víctimas siguen demandando transparencia y responsabilidades. Los audios y registros recientemente revelados ponen de manifiesto que las decisiones críticas podrían haberse tomado a tiempo, evitando pérdidas humanas y daños materiales.

La sensación de injusticia y la frustración por la gestión ineficaz del gobierno autonómico alimentan el descontento social y cuestionan la eficacia de los protocolos de emergencia en situaciones de catástrofe.

Marilo Gradoli, portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana, ha señalado que la sociedad valenciana necesita verdad y honestidad. La falta de respuestas claras y la estrategia defensiva de los responsables públicos generan dolor y desconfianza, incrementando la presión para que las instituciones actúen con responsabilidad.

La cobertura mediática y el papel de los medios

El seguimiento de la investigación por parte de los medios de comunicación ha sido crucial para revelar información que de otro modo permanecería oculta. Radio Televisión Española y otros medios han obtenido audios y mensajes clave que muestran la magnitud de las negligencias y contradicciones.

Esta cobertura ha permitido que la opinión pública conozca detalles que podrían influir en el debate político y judicial, manteniendo la presión sobre los responsables y asegurando que las víctimas no queden olvidadas.

Reflexiones sobre la gestión de emergencias y el estado de las autonomías

El caso de la Dana plantea preguntas profundas sobre la coordinación entre administraciones y la eficacia de las políticas de gestión de emergencias.

La falta de comunicación fluida, la reticencia a asumir responsabilidades y la politización de la crisis evidencian la necesidad de revisar protocolos y asegurar que, en situaciones críticas, las decisiones se tomen con celeridad y transparencia.

La paradoja de las autonomías en España se refleja claramente en esta tragedia: aunque las comunidades autónomas tienen competencias para actuar, la ausencia de coordinación efectiva y la falta de un mando único claro generan riesgos adicionales para la población.

El aprendizaje de esta experiencia será clave para mejorar la respuesta ante futuros eventos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

El caso de la Dana y la investigación judicial asociada han puesto al descubierto una cadena de negligencias, contradicciones y decisiones tardías que tuvieron consecuencias devastadoras para la Comunidad Valenciana.

La exclusión de Pedro Sánchez como testigo, la obligación de Feijóo de declarar, la difusión de audios sobre la retirada de bomberos y la estrategia defensiva de Salomé Pradas evidencian un entramado complejo de responsabilidades políticas y judiciales.

Más de un año después, la sociedad valenciana exige claridad, transparencia y justicia. La instrucción judicial sigue abierta, y los próximos pasos determinarán no solo la rendición de cuentas de los responsables, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En este contexto, la combinación de presión mediática, investigación judicial y exigencia social será clave para que se haga justicia y se aprendan las lecciones necesarias para evitar que tragedias como la Dana se repitan.