Alberto González Amador tiene diez días para presentar su defensa o el juicio seguirá adelante sin él. PSOE y Más Madrid exigen reactivar la causa por fraude fiscal y ampliar la investigación por corrupción en los negocios, administración desleal y uso de identidades falsas.

Un movimiento judicial que cambia el tablero

Después de meses de parálisis, silencios procesales y maniobras dilatorias, la causa judicial que afecta directamente a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha dado un giro decisivo.

El nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha emitido un ultimátum formal: González Amador dispone de diez días para presentar su escrito de defensa. Si no lo hace, el procedimiento continuará y se entenderá que se opone a las acusaciones con todas las consecuencias legales que ello implica.

No es un trámite menor. Es, en términos jurídicos, el paso previo para fijar de manera definitiva la fecha del juicio oral, que hasta ahora se venía retrasando sin explicación oficial clara.

Cinco meses después de que se ordenara la apertura de juicio oral por delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal, la justicia ha decidido dejar de esperar.

La causa que nunca avanzaba

La situación había generado una profunda incomodidad en las acusaciones populares. Tanto el PSOE como Más Madrid habían presentado escritos formales denunciando que el procedimiento estaba prácticamente congelado, sin notificaciones, sin calendario y sin impulso procesal.

De hecho, fuentes judiciales reconocen que se había trasladado extraoficialmente que el juicio podría no celebrarse hasta 2027, algo absolutamente excepcional para una causa de este calibre.

La llegada del nuevo magistrado ha supuesto un cambio de ritmo. El juez se ha encontrado un juzgado colapsado, con múltiples frentes abiertos, pero ha decidido empezar precisamente por el caso más mediático: el del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Diez días para defenderse

La resolución es clara y contundente. Si González Amador no presenta su defensa en el plazo fijado, el juzgado entenderá que se opone a las acusaciones y el proceso seguirá su curso sin perjuicio de nuevas responsabilidades legales.

En la práctica, esto significa que se acaba el margen para maniobras dilatorias. La justicia exige una respuesta.

Y no solo eso.

Las acusaciones populares reclaman además que se incorpore de una vez el informe de la UCO, solicitado hace meses y todavía pendiente, sobre el presunto enriquecimiento del empresario y su entramado de relaciones empresariales.

La identidad falsa: el nuevo frente

Pero el movimiento judicial no se queda ahí. Hay un segundo elemento que puede resultar aún más explosivo.

Las acusaciones piden investigar el uso de una identidad falsa por parte de González Amador para operar en el entorno empresarial de Quirón, el mayor grupo de sanidad privada de España y principal proveedor sanitario de la Comunidad de Madrid.

Según los escritos presentados, González Amador habría utilizado nombres ficticios inspirados en personajes de ficción como “Sonny Crockett” o “Sonny Burnett”, en referencia directa a la serie Miami Vice, para gestionar operaciones empresariales.

No se trataría de un detalle anecdótico, sino de una estrategia para ocultar movimientos económicos, relaciones comerciales y posibles repartos de comisiones.

El caso Quirón: comisiones, empresas y millones

La investigación de la UCO apunta a una operación de gran calado: el presunto reparto de una comisión millonaria entre González Amador y un alto directivo de Quirón, Fernando Camino.

El mecanismo para ocultar esta operación habría sido una compraventa empresarial aparentemente legal, pero económicamente absurda: la adquisición por parte de González Amador de una empresa propiedad de la esposa de Camino, una sociedad que apenas facturaba 30.000 euros anuales y que fue comprada por casi medio millón de euros.

Según las pesquisas, esta operación habría servido para canalizar el reparto de una comisión procedente de contratos de material sanitario por valor de 42 millones de euros, con una comisión estimada del 4,7%.

De confirmarse, estaríamos ante delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, organización criminal y blanqueo de capitales.

De técnico sanitario a empresario de éxito

Uno de los elementos más llamativos del caso es la trayectoria económica de González Amador.

Antes de su relación con Isabel Díaz Ayuso, su perfil profesional era el de un técnico sanitario sin especial relevancia empresarial. Sin embargo, desde que se convirtió en pareja de la presidenta madrileña, sus ingresos se dispararon.

Su vinculación con el grupo Quirón duplicó y triplicó su facturación. Se convirtió en empresario de éxito de manera fulgurante, con operaciones millonarias, sociedades interpuestas y relaciones con directivos de primer nivel del sector sanitario privado.

La pregunta que subyace es evidente:
¿habría tenido acceso a estas oportunidades sin su relación directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Las costas: 64.000 euros al exfiscal general

Como si todo esto no fuera suficiente, González Amador ha añadido un nuevo episodio polémico: ha reclamado 64.700 euros al exfiscal general del Estado en concepto de gastos de defensa.

El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a pagar las costas del proceso, cifradas inicialmente en 17.500 euros. Sin embargo, la pareja de Ayuso ha presentado una factura casi cuatro veces superior.

Ahora será el propio Supremo quien tenga que decidir si esa cantidad es razonable o desproporcionada. En caso de impugnación, deberá solicitar un informe al Colegio de Abogados de Madrid, que paradójicamente fue una de las acusaciones en ese mismo proceso.

Una ironía judicial que roza el esperpento.

El patrón: la política del ciudadano particular

Isabel Díaz Ayuso ha defendido públicamente que su pareja es “un ciudadano particular” que está siendo “perseguido por todos los poderes del Estado”.

Sin embargo, los hechos desmienten esa narrativa.

Un ciudadano particular no compra empresas por medio millón de euros.
Un ciudadano particular no reparte comisiones millonarias.
Un ciudadano particular no opera con identidades falsas en grupos empresariales que reciben miles de millones en contratos públicos.

Lo que revela la investigación es un entramado empresarial sofisticado, con ramificaciones en la sanidad privada, con sociedades pantalla y con movimientos financieros incompatibles con el perfil que se intenta proyectar desde la Puerta del Sol.

El telón de fondo: un modelo de poder

El caso González Amador no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de un modelo político y económico donde la frontera entre lo público y lo privado se difumina peligrosamente.

Quirón es el principal proveedor de sanidad privada de la Comunidad de Madrid. Recibe alrededor de 1.000 millones de euros anuales en conciertos sanitarios.

La pareja de la presidenta madrileña se convierte, casualmente, en empresario vinculado a ese mismo grupo.

Y al mismo tiempo, la justicia investiga comisiones, empresas interpuestas, identidades falsas y enriquecimiento patrimonial.

No es solo un caso personal. Es un problema estructural.

Epílogo: el juicio que no puede evitarse

El ultimátum del juez marca un punto de no retorno. Ya no hay margen para retrasos indefinidos. La justicia exige respuestas.

González Amador tendrá que sentarse en el banquillo.
La UCO tendrá que entregar sus informes.
Y la relación entre Ayuso y el grupo Quirón quedará bajo escrutinio público.

La gran pregunta ya no es si habrá juicio.
La pregunta es qué saldrá exactamente a la luz cuando el juicio empiece de verdad.

Porque lo que hasta ahora se conocía es solo la superficie.
Y todo indica que debajo hay mucho más de lo que Génova y la Puerta del Sol querrían que se supiera.