La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional ha asestado un golpe demoledor a la estrategia política del Partido Popular. Un golpe seco, directo y sin matices. El intento de vincular al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una supuesta trama de narcotráfico y blanqueo de capitales junto al régimen venezolano ha terminado estrellándose contra un informe fiscal contundente, tajante y devastador para quienes impulsaron la acusación.
No hay indicios.
No hay pruebas.
No hay base jurídica.
Así lo afirma el dictamen remitido al juez de la Audiencia Nacional, que recomienda el archivo inmediato de la querella presentada por organizaciones afines a la ultraderecha y amplificada políticamente por el entorno del PP.
La Fiscalía lo deja claro: todo eran conjeturas
El informe de la Fiscalía Antidroga no deja espacio para la interpretación interesada. La acusación contra Zapatero se basaba exclusivamente en recortes periodísticos, deducciones sin sustento y especulaciones políticas, sin un solo elemento probatorio que permitiera abrir una investigación penal.
La Fiscalía señala además un hecho clave: la querella pretendía forzar una investigación prospectiva, algo expresamente prohibido en el Estado de derecho. Es decir, se buscaba investigar “a ver qué se encuentra”, sin indicios previos. Una maniobra incompatible con las garantías judiciales.
El mensaje es claro: no se puede utilizar la justicia como arma política.
Un golpe directo a la estrategia de Feijóo
Este varapalo judicial tiene un destinatario político inequívoco: Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP había apostado buena parte de su estrategia para 2026 a un escenario de desgaste judicial del entorno socialista, confiando en que los tribunales hicieran el trabajo que no logra en las urnas.
La Fiscalía, sin embargo, ha desmontado esa hoja de ruta.
Lejos de imputaciones, lo que queda ahora es la imagen de un partido que alentó una acusación gravísima contra un expresidente del Gobierno sin pruebas, en un contexto de máxima tensión internacional y con una narrativa que rozaba la teoría conspirativa.
Zapatero, en el centro de una ofensiva política
La ofensiva contra Zapatero no es nueva. Desde hace meses, sectores de la derecha política y mediática lo han señalado como una supuesta “pieza clave” en una red internacional de intereses oscuros vinculados a Venezuela.
La Fiscalía ha desmontado uno por uno esos relatos:
No existe vínculo con el narcotráfico.
No hay rastro de blanqueo de capitales.
No hay enriquecimiento ilícito.
No hay conexión probada con el llamado “cártel de los soles”.
Todo se sostenía sobre insinuaciones, no sobre hechos.
La justicia frena la criminalización de un expresidente
El intento de llevar a Zapatero ante los tribunales suponía un precedente peligrosísimo: romper la cortesía democrática básica con los expresidentes del Gobierno y abrir la puerta a su persecución judicial sin pruebas.
La Fiscalía ha cerrado esa puerta.
Y lo ha hecho con un mensaje que resuena más allá del caso concreto: la democracia no puede funcionar si se normaliza la calumnia judicializada.
Génova en estado de shock
En la sede del PP, el impacto ha sido inmediato. El archivo de la querella deja al descubierto una estrategia fallida y expone al partido a una acusación incómoda: haber impulsado un relato falso con fines estrictamente políticos.
Mientras Feijóo acusa al Gobierno de ser “el más corrupto de los últimos 47 años”, la justicia recuerda un dato incómodo:
no hay ni una sola condena por corrupción en los gobiernos de Zapatero, frente a los numerosos casos que sí marcaron las etapas de Aznar y Rajoy.
El contraste que incomoda
La paradoja es evidente.
Quien acusa sin pruebas, pierde credibilidad.
Quien supera el escrutinio judicial, refuerza su legitimidad.
Zapatero sale reforzado.
El PP, debilitado.
Y en medio, una pregunta que empieza a resonar con fuerza en el debate público:
👉 ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para desgastar al Gobierno?
La justicia pone límites
El archivo de la querella no es solo una victoria personal para Zapatero. Es una derrota política para quienes han intentado convertir los tribunales en un campo de batalla partidista.
La Fiscalía ha hablado.
La justicia ha marcado límites.
Y el ruido mediático ha quedado, una vez más, al descubierto.
Lo que queda ahora es el desgaste político de una estrategia basada en el ataque permanente, la sospecha sin pruebas y la judicialización de la discrepancia.
Y una certeza difícil de esquivar: no todo vale en democracia.
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