El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz parlamentaria en el Congreso, Pepa Millán, aplauden en un pleno

 

Por tercer año consecutivo y con un tono cada vez más contundente, Vox ha confirmado que no participará en los actos oficiales por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, una ausencia que este 2025 adquiere una carga política más intensa que nunca. La formación de Santiago Abascal no solo se ausentará del acto central en el Salón de los Pasos Perdidos, sino también del izado de bandera previo, rompiendo así cualquier gesto de acompañamiento institucional más allá de la estricta actividad parlamentaria.

La decisión se enmarca en una estrategia claramente definida desde el pasado 12 de octubre, cuando Abascal y los suyos decidieron no compartir tribuna institucional durante el desfile del Día de la Hispanidad para evitar coincidir con un Gobierno que tachan de “corrupto” y “ilegítimo”. Desde entonces, Vox ha transformado su rechazo político en un vacío simbólico sistemático, diseñado para proyectar un mensaje rotundo: no habrá fotografía compartida con Pedro Sánchez ni con ningún miembro del Ejecutivo.


De la protesta puntual a una estrategia de ruptura institucional

La ausencia del Día de la Constitución no es un gesto aislado, sino la consolidación de una doctrina política basada en la deslegitimación total del Gobierno y en la denuncia de lo que Vox define como una “ocupación partidista de todas las instituciones del Estado”.

Desde fuentes nacionales del partido lo expresan sin rodeos:

“Ni Vox ni su grupo parlamentario van a compartir espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad. Tampoco con quienes traicionan a diario los intereses de los españoles y se sostienen en el poder pactando con los enemigos de España”.

El mensaje es claro: Vox ya no distingue entre confrontación parlamentaria y escenografía institucional. Todo forma parte del mismo frente de batalla.


La Constitución, de símbolo de consenso a escenario de ruptura

El Día de la Constitución, que durante décadas ha sido un espacio de mínimo consenso incluso en tiempos de alta tensión política, se ha convertido ahora en un nuevo foco de fractura.

Desde 2022, Vox viene ausentándose del acto:

2022: acusó al Gobierno de vulnerar sistemáticamente la Constitución.

2023: denunció que el pacto de investidura y la amnistía suponían “pisotear la Carta Magna”.

2024–2025: ya no habla solo de deslealtad constitucional, sino de corrupción estructural e ilegitimidad institucional.

La evolución del discurso refleja un endurecimiento progresivo: del reproche jurídico al cuestionamiento de todo el sistema político actual.


El 12 de octubre como punto de inflexión

El verdadero punto de giro se produjo el 12 de octubre, durante el desfile de la Fiesta Nacional. Abascal decidió no sentarse en la tribuna de autoridades como protesta explícita contra un Gobierno al que se negó a “normalizar”.

El detonante político fue múltiple:

Las investigaciones de la UCO.

El encarcelamiento de Santos Cerdán.

Y posteriormente, la implicación de José Luis Ábalos en diversos escándalos judiciales.

Desde entonces, Vox ha trazado una línea roja:
no compartir actos solemnes, fotografías oficiales ni ritos de Estado con un Ejecutivo al que considera moralmente deslegitimado.


La ausencia del izado de bandera: un gesto de alto voltaje simbólico

Este año, además, Vox eleva el pulso político al renunciar también al izado de bandera, uno de los momentos más solemnes del Día de la Constitución.

El partido lo justifica así:

“No podemos compartir espacio con un Gobierno corrupto que utiliza a las instituciones más queridas por los españoles, como la Corona y el Ejército, para blanquear su corrupción y fingir una normalidad institucional que no existe”.

Aquí Vox introduce un elemento clave: la denuncia del uso de los símbolos del Estado como herramienta de lavado político. No solo atacan al Gobierno; también acusan al Ejecutivo de instrumentalizar a la Corona y a las Fuerzas Armadas.


La carta al JEMAD: cortesía institucional sin presencia física

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, era la persona llamada a acudir al izado de bandera. Sin embargo, según ha comunicado el propio partido, envió una carta al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) agradeciendo la invitación y explicando los motivos políticos de su ausencia.

Se trata de un detalle clave en la estrategia de Vox:

No rompe la cortesía militar.

No ataca directamente al Ejército.

Pero mantiene la negativa absoluta a coincidir con el Gobierno.

Es un equilibrio buscado: distanciamiento político sin colisión directa con las instituciones del Estado.


Vox sí hablará: la tribuna improvisada del Congreso

Aunque rehúsa participar en los actos oficiales, Vox no renuncia a marcar agenda pública. Pepa Millán sí intervendrá ante los medios a las once de la mañana en el patio del Congreso, en el punto habitual de declaraciones políticas.

Esto confirma que Vox no busca el silencio, sino controlar completamente el relato del gesto:

No ir al acto.

Pero explicar en directo por qué no va.

Y hacerlo en su propio marco discursivo.


Coincidencias incómodas: Vox y los independentistas, ausentes por razones opuestas

Paradójicamente, la decisión de Vox coincide con la de:

Grupos independentistas.

Nacionalistas.

Podemos.

Todos ellos también se ausentan del acto, pero por razones completamente diferentes:

Rechazo a la Corona.

Cuestionamiento del modelo constitucional.

Crítica al régimen del 78.

En este punto se produce una imagen política especialmente incómoda:
Vox, defensor radical de la unidad de España y de la Constitución, comparte escenario de ausencia con quienes la combaten por otros motivos.


El caso del PNV: una distancia histórica con la Constitución

El Partido Nacionalista Vasco mantiene su tradición de ausencia. Su posición se remonta a 1978, cuando se abstuvo en la votación constitucional por considerarla insuficiente para el autogobierno del País Vasco.

Su ausencia no responde al ciclo político actual, sino a una posición estructural de fondo sobre el modelo territorial.


Podemos y la campaña de Extremadura

En el caso de Ione Belarra e Irene Montero, su ausencia no se fundamenta oficialmente en un rechazo institucional directo, sino en su participación en la campaña electoral de Extremadura, lo que introduce un componente estrictamente electoralista en su decisión.


Vox y la ruptura del consenso simbólico

Durante décadas, incluso en los momentos de mayor polarización política, existía un mínimo consenso escenográfico en torno a los grandes actos de Estado: Constitución, Hispanidad, Corona, Fuerzas Armadas.

Ese consenso ha saltado por los aires.

Vox entiende que:

El Gobierno ha roto primero la neutralidad institucional.

Ha colonizado organismos.

Ha convertido símbolos comunes en herramientas de legitimación partidista.

Desde esa lógica, la ruptura no la inicia Vox, sino el Ejecutivo, según su propio relato.

Spanish PM Sanchez considers resigning after wife's graft probe

El trasfondo judicial como gasolina política

El principal combustible de esta escalada es el contexto judicial que rodea al Gobierno. En su discurso, Vox vincula directamente su ausencia a:

Investigaciones de la UCO.

Casos de corrupción.

Exdirigentes investigados o encarcelados.

El desgaste de figuras clave del sanchismo.

Para Vox, no se trata de una discrepancia ideológica, sino de una quiebra moral del poder ejecutivo.


La estrategia de Abascal: confrontación total sin matices

Desde hace meses, la estrategia de Santiago Abascal ha evolucionado hacia un modelo de confrontación total, con tres pilares:

    No normalizar al Gobierno.

    No compartir escenografía institucional.

    Denunciar públicamente cada gesto como una farsa democrática.

Esta fórmula rompe con la tradición del parlamentarismo español, donde incluso los adversarios más duros compartían ciertos espacios institucionales.


Riesgos políticos de esta estrategia

La decisión de Vox no está exenta de riesgos:

Puede ser interpretada como boicot institucional.

Puede alienar a sectores de votante conservador tradicional.

Puede reforzar la idea de bloqueo político permanente.

Sin embargo, Vox parece haber calculado que su electorado premia el gesto contundente más que el matiz institucional.

Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles» |  El Correo


La Constitución como campo de batalla ideológico

El elemento más profunda de todo este conflicto es que la Constitución ha dejado de ser un terreno de mínimos compartidos.

Para Vox:

El Gobierno la vulnera.

La instrumentaliza.

La vacía de contenido real.

Para otros sectores:

La Constitución es un obstáculo a reformar.

O un marco agotado.

El resultado es que la Carta Magna ya no une, sino que divide.


Un síntoma de la crisis de legitimidad del sistema político

Más allá de Vox, este episodio refleja una crisis de legitimidad más amplia del sistema político español:

Desconfianza institucional.

Judicialización de la política.

Polarización extrema.

Desgaste de los símbolos comunes.

La ausencia de Vox no crea esa crisis, pero la visibiliza con una fuerza simbólica inédita.


Cuando la política abandona el ritual

Los rituales del Estado —bandera, Constitución, Corona— existen precisamente para ser espacios por encima de la lucha partidista.

Cuando un partido decide romper esos rituales, el mensaje no es solo político: es sistémico.

Vox no solo dice:
“no estamos de acuerdo con el Gobierno”,
sino:
“no reconocemos como legítima la escenografía del poder actual”.

Spain's Sánchez fights for survival as crisis reaches fever pitch | Euractiv


Una España partida en bloques irreconciliables

El vacío de Vox en el Día de la Constitución es, en realidad, la metáfora perfecta de una España partida en dos bloques cada vez más alejados:

Uno que defiende la legitimidad del Gobierno.

Otro que niega esa legitimidad de raíz.

Entre ambos, los puentes simbólicos se han dinamitado.


el gesto que va más allá del gesto

La ausencia de Vox en el 47.º aniversario del Día de la Constitución no es un simple desplante protocolario. Es:

Un acto de ruptura simbólica.

Una acusación frontal de corrupción institucional.

Una estrategia de confrontación sin retorno a corto plazo.

Y, sobre todo, una señal de hasta qué punto los consensos básicos están resquebrajados en la política española actual.

Ya no es solo cuestión de leyes, pactos o elecciones.
Es una batalla por la legitimidad misma del Estado.