¿Y si la verdadera pregunta nunca fue quién es culpable… sino quién controla a quién? En el Congreso, Míriam Nogueras lanza una acusación explosiva: la corrupción en España estaría “institucionalizada”, y la sentencia del Supremo contra el fiscal general no hace más que destapar una verdad incómoda. Junts apunta directamente a Sánchez con una frase que retumba como un disparo en un pasillo vacío: “¿De quién depende la Fiscalía?”. Mientras tanto, en Cataluña —asegura Nogueras— nadie se sorprende. Porque cuando las piezas del poder encajan demasiado bien… es cuando más ruido hacen al caer. ¿Estamos ante un caso aislado… o el prólogo de algo mucho más grande?(hh)
Junts dice a Sánchez que la corrupción española está “institucionalizada”: “¿De quién depende la fiscalía?”
Míriam Nogueras asegura que los catalanes “son los menos sorprendidos” por la sentencia del Supremo contra el fiscal general
Reacción de Junts per Catalunya a la condena del Tribunal Supremo, que inhabilita dos años al fiscal general del Estado por revelación de secretos. La líder del partido de Carles Puigdemont en Madrid, Míriam Nogueras, asegura que “los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace“.
“Conocemos el Supremo”, afirma Nogueras. A pesar de ello, la vicepresidenta juntaire recuerda las palabras del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez:
“¿De quién depende la Fiscalía?“, haciendo referencia al hecho de que la fiscalía general del Estado depende del gobierno español.
Nogueras, por ello, ha subido el tono contra los socialistas, con quienes ya hace casi un mes que han roto las relaciones bilaterales.
“La corrupción española está institucionalizada. Hoy Génova y mañana Ferraz“, dice Nogueras, en unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación. La dirigente juntaire, además, ha dicho que para el PSOE la justicia deja de ser justa “solo cuando les afecta a ellos”.
“Recordemos que el PSOE y el PP pactaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, dice la dirigente juntaire.
Los juntaires, que ya han roto relaciones con el PSOE, se suman de esta forma a la presión contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que está rodeado de varios casos de corrupción, como el de dos exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, mientras su mujer, Begoña Gómez, y su hermano están investigados.
El caso para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha finalizado este jueves con una sentencia de inhabilitación especial de dos años en el cargo por un delito de revelación de secretos, por haber enviado a los medios de comunicación un correo electrónico de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
También tendrá que pagar una multa de 7.500 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ante este escenario, el Gobierno español relevó al fiscal general, a pesar de que ya ha asegurado que “no comparte la condena” del Tribunal Supremo.
“España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, ha señalado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez que dimita y que convoque elecciones. “Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo.
Esta anomalía pesará para siempre sobre Sánchez, ya que solo puede evitar hacer todavía más vergüenza pidiendo perdón a los españoles y mostrando su respeto al Tribunal Supremo”, ha dicho Feijóo, que reclama elecciones anticipadas.
