1. Cuando la justicia entra en crisis
España atraviesa uno de los momentos más delicados de su democracia desde la Transición. No por una crisis económica, ni por un golpe militar, sino por algo mucho más sutil y peligroso: la instrumentalización del poder judicial como arma política.
La presentación, por parte del ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, de un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. No se trata de una simple maniobra procesal. Se trata de una acusación directa al más alto órgano jurisdiccional del país:
haber vulnerado derechos fundamentales y haber forzado el derecho penal para castigar una actuación institucional legítima.
Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha dinamitado dos de las principales decisiones que sostenían la narrativa judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez:
el caso del fiscal de menores y el bloqueo del control parlamentario en la Asamblea de Madrid.
Las piezas empiezan a encajar.
2. El caso que lo cambió todo: García Ortiz y la “filtración”
Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos tras la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La nota tenía un objetivo muy claro:
desmentir una campaña mediática que acusaba a la Fiscalía de ocultar un supuesto pacto de conformidad favorable al novio de la presidenta madrileña.
Pero el Supremo sostuvo que esa nota revelaba “datos reservados”.
Aquí empieza la grieta.
3. El principio de legalidad, pisoteado
García Ortiz lo ha explicado con una contundencia jurídica demoledora:
El artículo 417 del Código Penal protege los secretos.
No los “datos reservados”.
Un secreto es algo que, por su naturaleza, nunca debe ser revelado porque causa un daño grave a un tercero o a la causa pública.
Pero lo que reveló la Fiscalía:
Eran datos del Registro Mercantil
La existencia de una empresa
La identidad del administrador único
Y la existencia de una negociación de conformidad iniciada por el propio interesado
Nada de eso es secreto.
Ni siquiera es reservado en sentido penal.
La conformidad, además, es un derecho del investigado que él mismo había ejercido voluntariamente, renunciando a su derecho a no declarar.
Más aún: desde la reforma legal de 2025, una conformidad no tiene validez sin el visto bueno del tribunal.
Era jurídicamente irrelevante.
4. El Supremo, atrapado en su propio relato
La sentencia del Supremo hace algo extremadamente grave:
mezcla conceptos jurídicos.
Dice que protege el secreto del artículo 417,
pero condena por revelar “datos reservados”,
que están regulados en el artículo 197.
Eso es una violación directa del principio de legalidad penal:
Nadie puede ser condenado por un delito que no existe en la ley.
Y García Ortiz añade algo aún más grave:
El tribunal dijo creer a un testigo, pero actuó como si no lo creyera.
Eso vulnera la presunción de inocencia.
5. No fue una filtración: fue una defensa institucional
La Fiscalía no filtró nada para dañar a nadie.
La Fiscalía actuó para:
Defender su independencia
Proteger su credibilidad
Desmentir una operación mediática impulsada desde el entorno de Ayuso
Callar hubiera sido aceptar una mentira.
6. El Tribunal Constitucional rompe el relato
Mientras el Supremo condenaba a García Ortiz, el Tribunal Constitucional ha empezado a desmontar el andamiaje jurídico que sostenía esa ofensiva.
a) El caso del fiscal de menores
María Dolores Delgado nombró a un fiscal que cumplía todos los requisitos legales.
El Supremo anuló el nombramiento por “falta de motivación”.
El Constitucional ha sido tajante:
El nombramiento cumplía la ley.
El Supremo se extralimitó.
Resultado:
El Supremo vulneró el derecho fundamental del fiscal a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad.
b) El bloqueo del control parlamentario en Madrid
La Mesa de la Asamblea, dominada por el PP, impidió que la oposición preguntara por:
Miguel Ángel Rodríguez
Las amenazas a periodistas
El caso del novio de Ayuso
El Constitucional ha sentenciado:
Se vulneró el derecho de la oposición y de los ciudadanos a controlar al Gobierno.
Es una desautorización brutal.
7. El patrón: judicialización de la política
Todo encaja:
Se lanza un bulo contra la Fiscalía
La Fiscalía lo desmiente
El Supremo convierte el desmentido en delito
Se protege al entorno de Ayuso
Se bloquea el control parlamentario
El Constitucional empieza a corregirlo todo
No es casualidad.
Es una estrategia de desgaste institucional.
8. El Supremo como actor político
Lo más grave no es un error.
Lo más grave es que el Tribunal Supremo actúa como un actor político.
No le gusta Delgado.
No le gusta García Ortiz.
No le gusta el Gobierno.
Y usa la ley para imponer su voluntad.
9. El daño ya está hecho
Aunque el Constitucional corrija, el daño es enorme:
A la credibilidad de la justicia
A la Fiscalía
Al sistema democrático
La opinión pública ya fue bombardeada con una narrativa falsa:
“La Fiscalía protege al novio de Ayuso.”
Ahora sabemos que era al revés.
10. España ante una encrucijada
El incidente de nulidad de García Ortiz no es un trámite.
Es un desafío al corazón del sistema.
La pregunta ya no es si hubo una filtración.
La pregunta es:
¿Quién controla a los jueces cuando deciden hacer política?
Porque una democracia no muere con tanques.
Muere cuando la ley deja de ser neutral.
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