⚠️URGENTE⚠️ AGRICULTORES TOMAN EL PARLAMENTO EUROPEO 🔥BRUSELAS ESTÁ EN LLAMAS🔥.

 

 

En Bruselas, el ruido no llegó primero desde los despachos, sino desde la calle. Tractores, humo, sirenas, fuegos artificiales y columnas de agricultores avanzando hacia el corazón institucional de la Unión Europea.

 

No era una protesta folclórica ni una foto para redes sociales. Era el síntoma de una fractura profunda entre quienes producen los alimentos y quienes diseñan las políticas que regulan cómo, cuánto y en qué condiciones se producen.

 

 

Las movilizaciones del sector agrario europeo llevan meses creciendo, pero en las últimas semanas han alcanzado una intensidad inédita.

 

Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y Grecia han vivido protestas masivas.

 

Bruselas, sede del Parlamento Europeo y de la Comisión, se ha convertido en el epicentro simbólico de un malestar acumulado durante años.

 

Los agricultores no han ido allí por capricho, sino porque sienten que ya no tienen nada que perder.

 

El origen del conflicto es complejo, pero tiene nombres y apellidos: la Política Agraria Común, el endurecimiento de las exigencias medioambientales, la burocracia asfixiante, el aumento de los costes de producción y los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente el tratado con Mercosur.

 

Para muchos agricultores europeos, la combinación de estos factores ha hecho inviable seguir trabajando la tierra o criando ganado sin pérdidas constantes.

 

 

 

 

La PAC, concebida originalmente para garantizar rentas dignas y estabilidad alimentaria, es percibida hoy por una parte importante del sector como un laberinto normativo desconectado de la realidad del campo.

 

Controles, registros, requisitos administrativos y sanciones convierten cada campaña en una carrera de obstáculos.

 

No se trata de rechazar la sostenibilidad, como a menudo se simplifica desde ciertos discursos oficiales, sino de denunciar que se imponen obligaciones que no se compensan económicamente y que no se aplican por igual a los productos importados.

 

 

Ese es uno de los puntos más sensibles. Mientras a los agricultores europeos se les prohíbe utilizar determinados fitosanitarios, se les exige reducir emisiones, limitar fertilizantes y asumir costes adicionales, la Unión Europea firma acuerdos que permiten la entrada de productos agrícolas de países donde esas exigencias no existen o son mucho más laxas.

 

Carne, cereales, frutas o azúcar llegan al mercado europeo a precios con los que el productor local no puede competir.

 

 

El acuerdo con Mercosur se ha convertido en un símbolo de esa sensación de injusticia.

 

Organizaciones agrarias alertan de que la entrada masiva de carne de vacuno o aves procedente de Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay, producida bajo estándares distintos, puede hundir definitivamente a miles de explotaciones familiares europeas.

 

No es una cuestión ideológica, sino económica: competir en desigualdad de condiciones significa desaparecer.

 

 

 

 

A esto se suma el impacto de crisis sanitarias como la gripe aviar o la peste porcina africana. Los sacrificios masivos, necesarios desde el punto de vista sanitario, suponen pérdidas enormes que no siempre se compensan adecuadamente.

 

Muchos ganaderos denuncian que asumen solos el coste de decisiones tomadas desde despachos lejanos, sin alternativas reales ni planes de viabilidad a medio plazo.

 

 

En este contexto, las protestas han dejado de ser locales para convertirse en un movimiento europeo.

 

En Francia, los agricultores han bloqueado carreteras y distribuido estiércol frente a edificios públicos.

 

En Alemania, miles de tractores han colapsado ciudades. En España, columnas agrícolas han recorrido capitales de provincia.

 

En Bruselas, las imágenes de enfrentamientos, incendios controlados y edificios desalojados han dado la vuelta al continente.

 

 

Los agricultores no piden privilegios. Piden reglas justas. Piden que, si se exige sostenibilidad, se pague la sostenibilidad.

 

Que si se abren las fronteras al comercio, se exijan los mismos estándares a todos.

 

Que la transición ecológica no se haga a costa de arruinar al pequeño productor mientras beneficia a grandes multinacionales capaces de absorber costes, deslocalizar producción o controlar cadenas enteras de distribución.

 

 

El encarecimiento de los alimentos es otra consecuencia directa de esta tensión.

 

Paradójicamente, mientras el agricultor cobra cada vez menos por su producto, el consumidor paga más en el supermercado.

 

Entre ambos se ha consolidado una cadena dominada por intermediarios y grandes operadores que fijan precios y márgenes. El campo asume el riesgo; otros recogen el beneficio.

 

Este conflicto no es ajeno a España. El sector primario español, clave para el abastecimiento alimentario y el equilibrio territorial, sufre despoblación, envejecimiento y abandono.

 

Cada explotación que cierra no solo deja de producir alimentos: vacía pueblos, rompe economías locales y aumenta la dependencia exterior. Defender al agricultor no es una cuestión romántica, sino estratégica.

 

 

 

Las instituciones europeas han empezado a reaccionar, pero de forma tardía y, según muchos afectados, insuficiente.

 

Anuncios de flexibilización, promesas de diálogo y ajustes técnicos no han calmado los ánimos porque no atacan el núcleo del problema.

 

El sector percibe que se legisla sin pisar el barro, sin entender los tiempos del campo ni los márgenes reales de rentabilidad.

 

La protesta en Bruselas es, en ese sentido, un grito colectivo. No solo contra una política concreta, sino contra una forma de gobernar que decide sin escuchar.

 

Cuando quienes producen los alimentos sienten que su trabajo no vale nada, que su modo de vida es prescindible y que las decisiones se toman de espaldas a ellos, la ruptura es inevitable.

 

La historia demuestra que las sociedades que desprecian a su sector primario pagan un precio alto. La soberanía alimentaria no se improvisa.

 

No se garantiza con discursos ni con importaciones baratas. Se construye protegiendo a quienes cultivan, crían y abastecen.

 

Europa se enfrenta ahora a una disyuntiva clara: corregir el rumbo o asumir las consecuencias sociales, económicas y políticas de haber empujado al límite a su campo.

 

Lo que ocurre en Bruselas no es una anécdota ni una exageración mediática. Es una advertencia. El campo europeo ha dicho basta.

 

Y cuando quienes garantizan algo tan básico como la comida se levantan, conviene escuchar antes de que el ruido de la calle sustituya definitivamente al diálogo.