BOMBA JUDICIAL “REPETICIÓN JUICIO FISCAL GENERAL DEL ESTADO” RECUSACIÓN JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO.

 

 

 

 

 

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto una grieta profunda en la política, la justicia y el periodismo español.

 

No se trata solo del destino de una persona concreta, ni siquiera únicamente de una sentencia del Tribunal Supremo.

 

Estamos ante uno de esos casos que funcionan como espejo de una época: revelan tensiones estructurales, luchas de poder, debilidades institucionales y una sensación creciente de desconfianza ciudadana hacia los pilares del Estado de derecho.

 

 

Todo comenzó hace más de un año y medio, con una información periodística que destapó un presunto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

Aquella exclusiva, publicada por medios como eldiario.es y la Cadena SER, documentaba que el propio abogado de González Amador había reconocido ante la Fiscalía la comisión de delitos fiscales y había propuesto un acuerdo de conformidad.

 

 

El dato era relevante, contrastado y de evidente interés público, porque desmontaba el relato político que desde el entorno de Ayuso se estaba difundiendo: que no había fraude y que, en todo caso, la Fiscalía había actuado de manera desproporcionada.

 

 

A partir de ahí, la historia dio un giro inesperado. En lugar de centrarse en el fondo del asunto —el fraude fiscal pendiente de juicio— el foco se desplazó hacia la supuesta filtración de un correo electrónico interno de la Fiscalía que confirmaba esa confesión.

 

El Tribunal Supremo acabó investigando y condenando al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, imponiéndole una multa, una indemnización al propio González Amador y dos años de inhabilitación. Una condena que provocó, de forma casi inmediata, la dimisión de García Ortiz.

 

 

La clave del debate está en cómo se ha llegado hasta ahí. La sentencia, de más de 230 páginas, reconoce un hecho extraordinario: no existe ninguna prueba directa de que el fiscal general filtrara el correo.

 

Todo el razonamiento se basa en indicios. Y, aun así, el propio Tribunal Supremo admite que no puede descartar que la filtración fuera realizada por otra persona del entorno del fiscal, “con su conocimiento”.

 

Esta afirmación ha generado una oleada de críticas entre juristas, magistrados y expertos en derecho penal, porque plantea una cuestión básica: ¿se puede condenar a alguien por conocer que un tercero ha filtrado una información, sin probar que ordenara, facilitara o ejecutara esa filtración?

 

 

Durante el juicio declararon varios periodistas de distintos medios que habían publicado el contenido del correo.

 

Todos, sin excepción, negaron que la fuente fuera el fiscal general del Estado. Algunos afirmaron incluso que conocían el contenido del correo antes de que este llegara a manos de García Ortiz.

 

La sentencia, sin embargo, no considera creíbles esos testimonios, aunque tampoco deduce testimonio por falso testimonio contra ninguno de ellos.

 

Esta contradicción ha sido señalada como uno de los puntos más débiles del fallo: si los periodistas mienten de forma coordinada, ¿por qué no se actúa contra ellos? Y si dicen la verdad, ¿por qué se ignoran sus declaraciones?

 

Otro elemento central del caso es la nota de prensa emitida por la Fiscalía al día siguiente de que desde el entorno de Ayuso se difundiera una versión falsa de los hechos.

 

En esa nota, la Fiscalía se limitaba a desmentir un bulo y a confirmar que había sido la defensa de González Amador quien había reconocido los delitos y propuesto un acuerdo.

 

Según numerosos expertos, entre ellos el profesor de derecho Joaquín Urías, considerar delictiva esa nota de prensa es jurídicamente insostenible: no se puede hablar de revelación de secretos cuando la información ya era conocida por los medios y circulaba públicamente.

 

 

Esta interpretación choca, además, con la propia jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que en otras sentencias había establecido que no existe delito cuando se difunde una información que ya no es secreta.

 

También contradice la decisión inicial de la sala de admisión del Supremo, que al comienzo del procedimiento descartó expresamente que la nota de prensa pudiera ser constitutiva de delito.

 

Sin embargo, en la sentencia final, ese mismo elemento reaparece como uno de los pilares de la condena.

 

 

Las críticas no han llegado solo desde el ámbito periodístico. Dos magistradas del propio Tribunal Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, firmaron un voto particular contundente en el que rechazan la condena.

 

 

Para ellas, la sentencia vulnera la presunción de inocencia y se basa en inferencias excesivamente abiertas, sin una base fáctica sólida.

 

Su discrepancia no es de matiz, sino de fondo: lo que para la mayoría es un delito, para ellas es el cumplimiento de un deber legal frente a la difusión de una información falsa.

 

 

En paralelo, el debate se ha trasladado al terreno procesal. El abogado penalista José Manuel Rivero ha defendido públicamente que la forma en que el Tribunal Supremo comunicó el fallo —adelantando la condena antes de publicar la sentencia íntegra y sus fundamentos— constituye una anomalía judicial grave.

 

Según Rivero, esa práctica genera indefensión no solo para el condenado, sino para la ciudadanía, que no puede formarse una opinión informada sin conocer los argumentos jurídicos completos.

 

 

Otros juristas, en cambio, recuerdan que el adelanto del fallo en casos de gran impacto mediático ha ocurrido en ocasiones anteriores, como en la sentencia de La Manada o en el caso de los ERE de Andalucía, y que no supone por sí mismo una irregularidad procesal.

 

 

Más allá del debate técnico, el impacto político del caso es innegable. La condena al fiscal general del Estado ha sido celebrada por la derecha política y mediática como una victoria.

 

Partidos como el Partido Popular y Vox, junto a organizaciones como Hazte Oír o Manos Limpias, habían convertido este asunto en un campo de batalla desde el primer momento.

 

La estrategia era clara: desplazar el foco del fraude fiscal hacia una supuesta conspiración del Gobierno y de la Fiscalía para atacar a Isabel Díaz Ayuso.

 

 

Para muchos analistas, el resultado final valida una forma de hacer política basada en la mentira y la presión judicial.

 

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, lo ha expresado con crudeza: lo más grave no es solo la condena concreta, sino que se legitima un método en el que una falsedad inicial acaba imponiéndose gracias a una maquinaria de poder que combina ruido mediático, acciones judiciales selectivas y una lectura política de la justicia.

 

 

El caso plantea, además, un dilema incómodo para el periodismo. Varios periodistas han visto cómo su trabajo, basado en fuentes contrastadas y en el respeto al secreto profesional, era cuestionado en sede judicial.

 

 

La sentencia elogia de forma genérica la labor periodística, pero al mismo tiempo desconfía de los testimonios de quienes declararon.

 

Para muchos profesionales de la información, esto envía un mensaje peligroso: se puede castigar a una institución por una filtración que no se prueba, ignorando el papel legítimo de los medios en la fiscalización del poder.

 

 

Las consecuencias futuras también preocupan. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto sienta un precedente inquietante.

 

Si se puede condenar a un alto cargo del Estado sin pruebas directas, basándose en indicios débiles y en interpretaciones forzadas, ¿qué puede ocurrir en otros procedimientos abiertos o por venir? Algunos juristas advierten de que esta lógica podría extenderse a otros casos de alto perfil político, en un contexto de creciente judicialización de la política.

 

 

Todo esto sucede, además, en un momento de debilidad del Gobierno, golpeado por otros escándalos de corrupción reales y probados, como los casos que afectan a antiguos dirigentes socialistas.

 

En ese contexto, la frontera entre la legítima acción judicial y el uso político de los tribunales se vuelve cada vez más difusa.

 

La justicia, que debería ser previsible desde el punto de vista jurídico, empieza a percibirse como previsible solo desde el punto de vista político.

 

Al final, el fraude fiscal que originó toda esta historia sigue pendiente de juicio.

 

El foco se ha desplazado, pero el hecho central permanece: hubo una confesión ante la Fiscalía y una propuesta de acuerdo.

 

Sin embargo, el desenlace provisional ha sido la caída del fiscal general del Estado y una profunda erosión de la confianza en las instituciones.

 

Para muchos ciudadanos, la sensación es amarga: se castiga a quien desmiente un bulo, mientras la mentira sale reforzada.

 

 

Este caso no va solo de Álvaro García Ortiz. Va del equilibrio entre poderes, del papel de la justicia en una democracia, del derecho a una información veraz y del uso de los tribunales como herramienta de confrontación política.

 

También va de algo más profundo: de la idea misma de verdad en el espacio público.

 

Cuando una mentira repetida y amplificada puede acabar teniendo más fuerza que los hechos, y cuando una sentencia judicial parece más coherente con un relato político que con una prueba sólida, la democracia se resiente.

 

 

Pese a todo, el periodismo insiste en seguir informando. Los medios que destaparon el fraude han dejado claro que no se van a rendir, aunque sepan que cada gran noticia conlleva grandes riesgos.

 

En un contexto tan polarizado, esa perseverancia se convierte casi en un acto de resistencia democrática.

 

Porque, al final, la pregunta que queda en el aire no es solo quién filtró un correo, sino qué tipo de país quiere ser España cuando se enfrenta a sus propias contradicciones.