ALERTA JUDICIAL “AYUSO ACUSADA DELITO DE BLANQUEO CAPITALES” UCO PATRIÓTICA ESCONDE INFORMES AL JUEZ.

 

 

 

 

 

 

En la política española hay momentos en los que una conversación televisiva deja de ser un simple intercambio de opiniones y se convierte en una radiografía incómoda del sistema.

 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el debate en torno a Isabel Díaz Ayuso, su pareja Alberto González Amador, el grupo sanitario Quirón y la aplicación —o la ausencia— de los mecanismos de control previstos en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

 

 

No se trata de un juicio ni de una condena. Se trata de algo previo y, en teoría, básico en cualquier democracia avanzada: la supervisión.

 

La pregunta que flota en el aire no es si alguien es culpable, sino por qué determinados controles que sí se activan en otros casos aquí parecen no haberse puesto en marcha, o al menos no de forma visible.

 

El foco mediático se ha intensificado tras la aparición de nuevas informaciones periodísticas que apuntan a la existencia de una sociedad registrada en Florida en 2022 bajo el nombre de Barnet and Brown, vinculada a Alberto González Amador, pareja estable de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

Un dato que, por sí solo, no constituye delito alguno, pero que adquiere relevancia cuando se contextualiza dentro de un entramado de relaciones económicas, contratos públicos millonarios y la condición de personas políticamente expuestas.

 

 

La legislación española es clara en un punto esencial: las personas políticamente expuestas —conocidas como PEPs— y su entorno más cercano están sujetas a un nivel reforzado de diligencia y supervisión.

 

 

Esto no implica culpabilidad, sino prevención. La ley no persigue castigar, sino evitar riesgos.

 

Y precisamente por eso resulta llamativo que, según se ha denunciado en distintos espacios mediáticos, no consten diligencias claras por parte de los organismos que deberían haber activado esos controles.

 

 

Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de una comunidad autónoma, es una persona políticamente expuesta de primer nivel.

 

Eso no admite debate jurídico. La controversia surge al analizar si su pareja debía haber sido declarada como tal en las declaraciones patrimoniales y si, en consecuencia, las entidades financieras y los organismos de control debieron aplicar protocolos específicos sobre los movimientos económicos asociados a su actividad empresarial.

 

 

En 2023, tras ganar las elecciones autonómicas, Ayuso presentó su declaración de bienes.

 

En el apartado de observaciones, donde pueden incluirse datos relevantes no estrictamente patrimoniales, no figuraba la existencia de una relación sentimental estable.

 

Hoy sabemos que esa relación existía al menos desde 2021 y que en 2022 ya estaba consolidada.

 

La omisión, según algunos analistas, no es un simple descuido administrativo, sino un elemento clave para entender por qué no se activaron determinados mecanismos de control.

 

 

La cuestión se vuelve más delicada cuando se analiza la actividad profesional de Alberto González Amador.

 

Las investigaciones judiciales abiertas por presuntos delitos fiscales —siempre presuntos— han sacado a la luz operaciones complejas, relaciones empresariales con el grupo Quirón y la utilización de identidades o denominaciones distintas en entornos profesionales, como el alias “Alberto Barnet”.

 

 

Según informaciones publicadas por medios como eldiario.es, González Amador habría figurado en la estructura de Quirón con una identidad distinta a la oficial, al mismo tiempo que mantenía una relación sentimental con la presidenta de la comunidad que adjudica miles de millones de euros en contratos sanitarios a ese mismo grupo empresarial.

 

De nuevo, el problema no es la existencia de una relación privada, sino la falta de transparencia y de controles preventivos.

 

 

La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid dictó un auto en el que señalaba expresamente la necesidad de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizara una investigación en profundidad sobre determinadas operaciones económicas.

 

No se trataba de un simple informe, sino de una investigación activa ante la posible complejidad de los movimientos financieros y la eventual existencia de delitos relacionados con blanqueo de capitales.

 

 

Han pasado más de seis meses desde ese auto judicial y, según han confirmado las partes personadas en la causa, no constan diligencias conocidas de la UCO en relación con este asunto.

 

Ni informes, ni requerimientos, ni actuaciones visibles. Este silencio administrativo es uno de los elementos que más inquietud genera entre juristas y analistas, especialmente si se compara con la rapidez con la que se actúa en otros casos de corrupción política.

 

 

La sensación de doble vara de medir se refuerza cuando se recuerda que la Comunidad de Madrid cesó en 2022 a la interventora general, la figura encargada de fiscalizar el gasto público, y modificó posteriormente el sistema de elección de la Cámara de Cuentas, situándola bajo un control más directo del Partido Popular.

 

Estas decisiones, legales en su forma, han sido criticadas por reducir los contrapesos institucionales y aumentar la opacidad en la gestión de fondos públicos.

 

 

El resultado es un contexto en el que las preguntas se acumulan y las respuestas no llegan. ¿Por qué no se activaron los protocolos de supervisión bancaria? ¿Por qué no hay informes del SEPBLAC sobre movimientos que, según se ha publicado, superan los umbrales legales de control? ¿Por qué una empresa registrada en Estados Unidos por una persona vinculada a una presidenta autonómica no generó alertas automáticas, como ocurre en otros casos similares?

 

 

En Estados Unidos, la figura de la persona políticamente expuesta también existe y está regulada.

 

Abrir una cuenta bancaria o una sociedad mercantil siendo PEP implica controles reforzados, tanto para el titular como para las entidades financieras.

 

La existencia de Barnet and Brown en Florida plantea, por tanto, una cuestión que trasciende el ámbito nacional y abre la puerta a una cooperación judicial internacional que, por ahora, no se ha materializado.

 

 

Durante el debate televisivo, una de las defensas más recurrentes fue recordar que “tener una empresa no es delito”. Y es cierto.

 

 

Nadie cuestiona eso. El problema no es la empresa, sino el contexto. No es la actividad económica, sino la ausencia de supervisión en una situación en la que la ley exige precisamente lo contrario.

 

 

La presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de derecho y debe respetarse sin matices.

 

Pero la presunción de inocencia no es incompatible con la exigencia de transparencia ni con la aplicación de controles preventivos. Supervisar no es acusar. Investigar no es condenar. Y exigir explicaciones no es perseguir.

 

 

Lo que muchos analistas denuncian es que, en este caso concreto, ni siquiera se ha llegado a esa fase básica de control.

 

Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser individual para convertirse en estructural.

 

Porque si una presidenta autonómica y su entorno no están sujetos a los mismos mecanismos que cualquier otro cargo público, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador.

 

 

La polémica también ha puesto de relieve el papel de los medios de comunicación.

 

Mientras algunas tertulias minimizan el asunto calificándolo de “vida privada”, otras recuerdan que cuando hay dinero público, contratos millonarios y posibles conflictos de interés, lo privado se convierte inevitablemente en político.

 

No por morbo, sino por responsabilidad democrática.

 

 

La figura de Alberto González Amador ha pasado, en pocas semanas, de ser prácticamente desconocida para el gran público a convertirse en un símbolo del debate sobre transparencia y poder.

 

Alias, sociedades en el extranjero, relaciones empresariales opacas y vínculos directos con decisiones políticas de enorme impacto económico forman un cóctel que exige, como mínimo, explicaciones claras y verificables.

 

 

La pregunta clave no es si alguien irá a prisión o no. Esa es una cuestión que solo pueden resolver los tribunales, tras una investigación completa y un juicio con todas las garantías.

 

La pregunta real es por qué esa investigación parece avanzar con tanta lentitud, o directamente no avanzar, cuando hay indicios suficientes para, al menos, aplicar los protocolos que la ley prevé.

 

 

En una democracia madura, las leyes no se aplican en función del apellido, del cargo o del partido.

 

Se aplican o no se aplican. Y cuando no se aplican, alguien debe dar explicaciones. No para señalar culpables antes de tiempo, sino para restaurar la confianza en las instituciones.

 

 

El caso Ayuso–González Amador–Quirón no es solo una polémica política más.

 

Es un espejo en el que se reflejan las debilidades del sistema de control del poder en España.

 

Un sistema que, cuando funciona, pasa desapercibido, pero cuando falla, deja un vacío que se llena de sospechas, desafección y descrédito.

 

 

La ciudadanía no pide linchamientos mediáticos. Pide reglas claras y aplicadas a todos por igual.

 

Pide saber que quienes gobiernan y quienes están a su lado cumplen las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano.

 

Y pide, sobre todo, que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera —o especialmente— quienes tienen más poder.

 

Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el debate no se cerrará. Porque no es un debate sobre una empresa en Florida ni sobre un alias curioso.

 

Es un debate sobre transparencia, igualdad ante la ley y la salud democrática de un país.

 

 

Y ese debate, lejos de apagarse, no ha hecho más que empezar.