“Corrupción, impunidad y víctimas olvidadas España bajo la lupa de Wyoming”.

El Gran Wyoming en su entrevista más épica: repasa la actualidad política y social de España sin filtros ni medias tintas.

Desde la corrupción de políticos y jueces hasta la impunidad del emérito, pasando por la crisis de los jóvenes y la memoria histórica olvidada.

Un análisis crítico que pone al descubierto las injusticias, los abusos de poder y la manipulación de los medios. Reflexión, denuncia y contundencia en cada palabra.

Prepárense, porque lo que viene no es cómodo ni ligero. Es un retrato crudo de una realidad política, judicial y social que muchos prefieren no mirar de frente.

España atraviesa un momento en el que la corrupción, la impunidad y la banalización de la democracia ya no son episodios aislados, sino parte del paisaje cotidiano. Y eso, más que cualquier escándalo concreto, es lo verdaderamente alarmante.

En los últimos meses, varios casos han vuelto a poner el foco en una sensación cada vez más extendida: la ley no pesa igual para todos.

El caso del empresario vinculado sentimentalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid es un ejemplo paradigmático.

Un hombre que reconoce ante un juez que llegó a plantearse huir por la presión psicológica que sufría tras ser investigado por un presunto fraude millonario a Hacienda.

La escena resulta casi grotesca: el victimismo del poderoso frente a las consecuencias de sus propios actos.

No hablamos de un error administrativo ni de un despiste fiscal, sino de la supuesta fabricación consciente de facturas falsas, de un patrón de conducta que, según los expertos en derecho tributario, apunta claramente al dolo, es decir, a la intención deliberada de delinquir.

Lo más inquietante no es solo el presunto delito, sino el contexto que lo rodea.

El despliegue de apoyos políticos, la exposición mediática controlada, la sensación de un escudo institucional que protege al acusado por su cercanía al poder autonómico.

Muchos juristas coinciden en que, de no existir ese vínculo, el recorrido judicial habría sido muy distinto.

En España, la percepción de una justicia selectiva erosiona la confianza pública de una forma devastadora, porque instala la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda.

A esto se suma el papel de determinados actores políticos que, lejos de contribuir a esclarecer los hechos, optan por la confusión y la mentira.

El caso del jefe de gabinete madrileño, cuestionado incluso por presentarse como periodista sin serlo, simboliza un fenómeno más amplio: la degradación deliberada del lenguaje público.

Cuando se normaliza que un cargo institucional afirme que mentir no es ilegal, el mensaje que cala es demoledor.

La política deja de ser un espacio de responsabilidad y se convierte en un ejercicio de propaganda sin límites éticos.

Pero el problema no termina en Madrid. En la Comunidad Valenciana, la gestión de una de las mayores tragedias recientes ha dejado al descubierto una cadena de negligencias difícil de justificar.

Más de doscientas víctimas mortales y una respuesta institucional marcada por la tardanza, la falta de coordinación y la ausencia de autocrítica.

El debate sobre si el presidente autonómico debía dimitir casi resulta secundario frente a una pregunta más profunda: ¿cómo es posible que, tras semejante desastre, no se asuman responsabilidades políticas reales?

Las imágenes de cargos públicos aplaudiendo a su líder mientras las víctimas relataban su dolor en el Congreso han quedado grabadas en la memoria colectiva.

Esa escena resume una crueldad institucional que va más allá de la ideología. Cuando los representantes públicos son incapaces de mostrar empatía básica, algo esencial se ha roto en la relación entre gobernantes y ciudadanía.

No es un hecho aislado: ha ocurrido con las víctimas del metro de Valencia, con los afectados por las residencias de mayores en Madrid, con mujeres perjudicadas por fallos en programas de cribado sanitario.

El patrón se repite: desacreditar a las víctimas, acusarlas de instrumentalización política y esperar a que el desgaste mediático haga el resto.

En paralelo, la crisis de liderazgo en los grandes partidos añade más incertidumbre.

El Partido Popular, pese a liderar algunas encuestas, muestra signos evidentes de estancamiento.

Su líder nacional arrastra contradicciones difíciles de explicar, desde relaciones personales con figuras del contrabando gallego hasta declaraciones que cuestionan el propio sistema electoral del que resulta beneficiado.

Denunciar fraude electoral mientras se es la fuerza más votada roza el absurdo, pero también revela una estrategia peligrosa: sembrar desconfianza en la democracia cuando el resultado no garantiza el poder.

El Gobierno central tampoco escapa al desgaste. Pedro Sánchez gobierna en un equilibrio parlamentario extremadamente frágil, condicionado por socios que amenazan periódicamente con bloquear toda iniciativa legislativa.

La falta de presupuestos, la presión judicial sobre su entorno familiar y una oposición que apuesta abiertamente por la confrontación total configuran un escenario de inestabilidad constante.

Aun así, Sánchez insiste en su intención de agotar la legislatura, consciente de que adelantar elecciones en este clima podría profundizar aún más la polarización.

La judicialización de la política es otro de los grandes males de este tiempo. Jueces que se manifiestan públicamente contra leyes aún no aprobadas, causas que avanzan entre filtraciones interesadas y un uso estratégico de los tribunales para desgastar al adversario político.

Cuando la justicia se percibe como un actor más del combate partidista, el Estado de derecho se resiente.

No porque no deba investigarse al poder, sino porque la apariencia de neutralidad es tan importante como la neutralidad misma.

En este contexto de desconfianza generalizada, emerge un fenómeno especialmente preocupante: el auge de la apología del franquismo entre los jóvenes.

Encuestas recientes indican que una parte significativa de la juventud no vería con malos ojos una dictadura en determinadas circunstancias.

Lejos de ser una anécdota, este dato debería encender todas las alarmas. No se trata solo de ignorancia histórica, sino del fracaso colectivo en transmitir los valores democráticos.

Durante décadas, España evitó mirar de frente a su pasado. La memoria histórica se pospuso, se relativizó o se silenció en nombre de una falsa reconciliación.

En las aulas, la Guerra Civil y la dictadura se trataron de forma superficial o directamente se omitieron.

El resultado es un vacío que hoy llenan discursos simplistas en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok o Instagram, donde la desinformación se propaga con enorme facilidad.

A esta carencia educativa se suma la frustración material. Más de dos millones de jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social, salarios precarios, acceso casi imposible a la vivienda y un horizonte vital marcado por la incertidumbre.

Cuando la democracia no ofrece respuestas a los problemas cotidianos, algunos buscan soluciones autoritarias, idealizando un pasado que nunca conocieron y que les es presentado de forma distorsionada.

Mientras tanto, en el plano internacional, el silencio también se normaliza.

La tragedia de Gaza continúa con una violencia que numerosos organismos internacionales califican de desproporcionada, cuando no directamente de crímenes contra la población civil. Sin embargo, la atención mediática se diluye y la indignación se vuelve intermitente.

Nos acostumbramos al horror, a las imágenes de niños entre escombros, a la vulneración sistemática del derecho internacional. Esa habituación al sufrimiento ajeno es otro síntoma inquietante de nuestro tiempo.

Todo está conectado. La impunidad de los poderosos, la deshumanización de las víctimas, la manipulación del relato histórico y la normalización de la mentira pública forman parte de un mismo ecosistema. Un ecosistema en el que la democracia se vacía de contenido mientras se mantiene su fachada formal.

Quizá lo más peligroso no sea que existan políticos corruptos, jueces politizados o gobiernos insensibles. Eso ha ocurrido en otros momentos de la historia.

Lo verdaderamente aterrador es nuestra capacidad colectiva para aceptarlo como algo normal. Para seguir adelante como si nada, para consumir el escándalo del día y pasar al siguiente sin exigir cambios reales.

España no está condenada a este deterioro, pero revertirlo exige algo más que indignación momentánea.

Exige memoria, educación cívica, instituciones fuertes y una ciudadanía dispuesta a no mirar hacia otro lado.

Porque si seguimos normalizando la mentira, la injusticia y el desprecio por las víctimas, el legado que dejaremos no será una democracia imperfecta, sino una democracia vaciada por dentro.

Y entonces, cuando miremos atrás, quizá ya sea demasiado tarde para preguntarnos en qué momento dejamos de defenderla.