Alsina señala la anomalía del juicio al fiscal general: “Se cuestiona el trabajo de la UCO…”.

 

 

 

 

 

 

 

El juicio al fiscal general: entre la sátira de Quevedo y la realidad de un poder tambaleante.

 

 

 

En la España de hoy, donde la política y la justicia se entremezclan en un escenario cada vez más polarizado, las historias del pasado resuenan con fuerza en el presente.

 

 

La anécdota del calambur atribuida a Quevedo, ese ingenio capaz de llamar “coja” a la reina sin que nadie se atreviera a censurarlo, sirve como perfecto prólogo para entender la paradoja de una política nacional que, cuatro siglos después, sigue debatiéndose entre la sátira y la realidad, entre la audacia verbal y la cojera institucional.

 

 

 

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en un reflejo de esa España donde el poder vacila, y donde la opinión pública se divide en bandos irreconciliables.

 

 

El proceso, que ha llegado a su fin tras veinte meses de filtraciones, titulares incendiarios y declaraciones cruzadas, pone sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿puede una institución tan decisiva como la Fiscalía General del Estado permitirse tambalear por la presión mediática y política? ¿Dónde termina el deber de transparencia y empieza la responsabilidad de proteger el secreto profesional?

 

 

 

La metáfora del “cojo”, tan presente en la crónica radiofónica de la mañana, se traslada con naturalidad al hemiciclo y a la propia figura de Pedro Sánchez, descrito como un “pato cojo” tras perder el apoyo de Junts.

 

 

 

Sin embargo, el verdadero protagonista del relato es el fiscal García Ortiz, quien, en un intento de combatir la “cojera” de la información disponible, optó por incluir en una nota de prensa extractos literales de un correo confidencial entre abogado y fiscal.

 

 

La decisión, lejos de cerrar el debate, lo avivó hasta el extremo de llevarle al banquillo como primer fiscal general procesado en la historia democrática española.

 

 

La defensa de García Ortiz se apoya en la ciencia mediática más que en la jurídica: si la prensa ya había publicado parte de los correos, ¿por qué no completar el relato y evitar así una intoxicación informativa? El argumento, sin embargo, es discutible.

 

 

Para el decano del Colegio de Abogados de Madrid, bastaba con desmentir la falsedad sin necesidad de revelar el contenido literal de unas comunicaciones amparadas por el secreto profesional.

 

 

La nota, según esta tesis, se queda “coja” entre la intoxicación y el sigilo, pero el remedio propuesto por el fiscal general ha abierto un debate de fondo sobre los límites de la transparencia institucional.

 

 

Este debate no es menor. En una época donde la comunicación institucional se confunde con la estrategia política, y donde los titulares de prensa marcan el ritmo de la agenda pública, la tentación de los altos cargos de asumir funciones de “redactor jefe” es cada vez mayor.

 

 

 

El propio García Ortiz lo ejemplifica: su intervención directa en la redacción de la nota, su justificación basada en lo que podría haber hecho y no hizo (“si yo quisiera, podría filtrar información para hacer daño político”), y su capacidad de modificar el comunicado para evitar asociar el caso a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, son síntomas de un poder que no solo se ejerce, sino que se exhibe y se defiende en el terreno de la opinión pública.

 

 

 

El juicio, que ahora queda en manos de siete magistrados, se convierte así en una prueba de fuego para la credibilidad de las instituciones. Más allá del veredicto, la sociedad ya ha dictado sentencia: quienes creen en la inocencia de García Ortiz no aceptarán otra verdad, y quienes le consideran culpable no se dejarán convencer por argumentos jurídicos.

 

 

El clima de opinión, alimentado por titulares que hablan de “acorralar”, “desmontar” y “apuntillar”, revela una España donde la información se convierte en trinchera y la justicia en campo de batalla mediático.

 

 

 

En este contexto, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía han protagonizado un insólito enfrentamiento público.

 

 

Lo que en cualquier otro proceso hubiera sido una alianza natural, en este caso se ha transformado en una pugna por la credibilidad y la jerarquía. Los testigos políticos han contribuido poco a aclarar los hechos, refugiándose en la desmemoria o en la deducción periodística.

 

 

El interés personalísimo del fiscal general en el caso, su atención obsesiva a lo que publicaban los medios y su intervención directa en la comunicación institucional, evidencian una implicación que va más allá de la defensa del honor de sus subordinados.

 

 

La pregunta que flota en el ambiente es por qué el caso González Amador —la pareja de la presidenta Ayuso, acusado de delitos fiscales— ha merecido tal nivel de implicación por parte del máximo responsable de la Fiscalía.

 

 

 

¿Qué tenía este caso que no tuvieran otros? ¿Por qué no se actuó con igual contundencia cuando se cuestionó el trabajo de otros fiscales en casos igualmente sensibles? La respuesta, quizás, reside en el valor simbólico que ha adquirido la figura de Ayuso en la confrontación política nacional y en la presión mediática que rodea cada uno de sus movimientos.

 

 

 

El juicio también ha puesto de manifiesto las tensiones internas en la Fiscalía y la importancia de la jerarquía.

 

 

La nota de prensa, redactada por García Ortiz pero difundida como si fuera de la Fiscalía de Madrid, refleja una estructura de poder donde las órdenes se cumplen aunque no se compartan.

 

 

 

La incredulidad del fiscal general ante la posibilidad de que una subordinada le acuse de filtración evidencia el choque entre el poder formal y el malestar interno.

 

 

La fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, convertida en testigo de cargo, es retratada desde la defensa como una profesional frustrada, relegada por no haber alcanzado mayores cotas de poder.

 

 

Este retrato, sin embargo, no hace sino ahondar en la fractura de una institución que debería ser garante de la imparcialidad y la legalidad.

 

 

En el trasfondo de todo este proceso late una reflexión más profunda sobre el poder en España.

 

 

El propio García Ortiz, en declaraciones previas, reconocía que el fiscal general acumula demasiado poder, tanto que su criterio prevalece sobre cualquier otro miembro del Ministerio Fiscal.

 

 

La falta de mecanismos de control y la concentración de competencias en una sola figura son, según su propio diagnóstico, un riesgo para la salud democrática del sistema.

 

 

Sin embargo, la realidad demuestra que, lejos de corregirse, esta tendencia se ha acentuado, y que la tentación de ejercer el poder sin contrapesos sigue presente en las altas esferas del Estado.

 

 

Lo que está en juego en este juicio no es solo el futuro de García Ortiz, sino la credibilidad de la justicia, la independencia de la Fiscalía y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

 

 

La sentencia, sea cual sea, difícilmente pondrá fin a la controversia ni restaurará la confianza perdida.

 

 

El clima de sospecha, la instrumentalización política de la justicia y la confusión entre información y opinión seguirán marcando el pulso de una democracia que, como en tiempos de Quevedo, sigue debatiéndose entre la sátira y la realidad.

 

 

La España de las “anomalías normalizadas”, como la describe la crónica radiofónica, es también la España de las oportunidades perdidas.

 

 

La oportunidad de reformar el sistema para evitar la concentración excesiva de poder, de garantizar la transparencia sin sacrificar la confidencialidad, de proteger la independencia de la justicia frente a las presiones políticas y mediáticas.

 

 

Mientras tanto, el país asiste, entre la resignación y la indignación, a un espectáculo donde la sátira se confunde con la información y donde la cojera institucional amenaza con convertirse en crónica.

 

 

Quizá, como en la historia del calambur, el verdadero reto sea recuperar el ingenio y la audacia para llamar a las cosas por su nombre, sin renunciar al respeto ni a la verdad.

 

 

Porque solo así será posible caminar, aunque sea con paso incierto, hacia una democracia más sólida, más justa y menos vulnerable a las tentaciones del poder absoluto.