Ana Rosa se basa en la inteligencia artificial para “destapar” al fiscal general del Estado.

 

 

 

El experto advertía de que la herramienta “no es un polígrafo”.

 

 

 

 

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del Año Judicial.

 

 

 

Este miércoles se producía la última jornada de declaraciones del juicio al fiscal general del Estado, día en el que llegaba el turno de Álvaro García Ortiz.

 

 

El magistrado declaraba en la misma línea que lo hizo ya en la primera sesión del juicio, negando las acusaciones que pesan sobre él.

 

 

Además el fiscal general se negaba a responder a la acusación, aunque sí contestaba a las pregunta de la Fiscalía y de su defensa.

 

 

La causa está siendo seguida minuto a minuto por los distintos programas de la parrilla.

 

 

Desde El Programa de Ana Rosa, contaban con la inteligencia artificial para “destapar” al acusado.

 

 

Jano Mecha era el encargado de conversar con un experto que se basaba en la IA para analizar el interrogatorio del fiscal general del Estado ante el tribunal.

 

 

“Vemos la contención principalmente en el control del parpadeo, en microtensiones en labios y mandíbulas, y también en posturas muy rígidas.

 

 

Esa contención quiere llevarla a cabo su cuerpo aunque quiere transmitir otra cosa”, decía el hombre.

 

 

 

Mientras, Mecha le animaba a compartir con los espectadores “algunas curiosidades que ha arrojado la inteligencia artificial en cuanto a sus emociones” que habia “podido sonsacar“.

 

 

“Además de la suma de los fragmentos analizados, vemos claros signos de estrés.

 

 

Además podemos analizar si tiene una alta o baja probabilidad de ser cierto o no lo que está intentando transmitir el fiscal”.

 

 

“Es decir, ¿según la inteligencia artificial el fiscal estaba mintiendo o esquivando la verdad, que suena un poco mejor?”, preguntaba el presentador.

 

 

Sin embargo, el experto advertía que no podía tomarse como un detector de mentiras: “La inteligencia artificial nos da signos y parámetros de lo correcto o no que él piensa que es el mensaje.

 

 

No es un polígrafo, pero sí que da una estimación bastante alta. Recordemos la cantidad de microfotos que se analizan.

 

 

Por darte un dato, un análisis que se llama Facts, que está incluido dentro de la propia herramienta, nos da un 68% de posibilidad de incongruencia fruto de la tensión facial alta y un timing emocional constante”.

 

 

La defensa defiende que no hubo filtración.

 

 

 

Durante las cinco sesiones celebradas hasta la fecha de publicación de este artículo, han comparecido más de 40 testigos.

 

 

Entre ellos figuran el novio de Isabel Díaz Ayuso, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, varios periodistas que informaron sobre el caso de Alberto González Amador, además de fiscales, políticos y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

 

 

 

La defensa de Álvaro García Ortiz ha rechazado tajantemente que el fiscal general del Estado protagonizara ninguna filtración.

 

 

Al contrario, sostiene que ni siquiera existía un secreto que proteger, ya que los detalles esenciales de la supuesta revelación ya habían sido publicados por distintos medios antes de que el propio García Ortiz recibiera en su correo personal la cadena completa de mensajes entre el abogado de González Amador y el fiscal que llevaba el caso.

 

 

 

Asimismo, la defensa argumenta que, si la información terminó en manos de la prensa el 13 de marzo de 2024 -fecha clave en la investigación-, fue, entre otros motivos, porque habría salido del propio entorno de González Amador.

 

 

En este punto, señalan directamente al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

 

 

 

El equipo jurídico del fiscal general también ha cuestionado la legalidad de los registros practicados el 30 de octubre de 2024 por la UCO en los despachos de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

 

 

Consideran que dichas diligencias son nulas de pleno derecho al haberse realizado fuera del marco temporal autorizado por el juez instructor.

 

 

 

De hecho, los propios agentes de la UCO reconocieron durante su comparecencia que se vieron obligados a realizar un volcado “íntegro” de los dispositivos intervenidos debido a que técnicamente era inviable acotar el contenido a los plazos establecidos.