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El clima político en España atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados de las últimas décadas.

 

En el centro de esta confrontación se sitúa la Comunidad de Madrid, que desde el Gobierno regional denuncia una presión constante, diaria y coordinada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sus socios parlamentarios y lo que definen como “el aparato del Estado”.

 

Un enfrentamiento que, lejos de limitarse al debate político habitual, ha escalado hasta convertirse en una batalla institucional, mediática y económica sin precedentes recientes.

 

 

Desde la Puerta del Sol se insiste en que gobernar Madrid se ha convertido en una tarea extraordinariamente compleja.

 

No solo por la gestión ordinaria de una región que supera los siete millones de habitantes, sino por lo que consideran una ofensiva permanente procedente de Moncloa.

 

Según este relato, frente a cada consejero autonómico se alinean dos o tres ministros, hasta un total de 22 miembros del Consejo de Ministros, que aprovechan cualquier ocasión para desacreditar públicamente la gestión madrileña, cuestionar sus políticas y erosionar su imagen tanto dentro como fuera de España.

 

 

Esta presión no se limita al discurso político. El Gobierno regional sostiene que se toman decisiones desde el Ejecutivo central que afectan directamente a Madrid y que, además, son sufragadas con recursos generados por los propios madrileños.

 

Medidas que, aseguran, no buscan mejorar los servicios públicos ni la cohesión territorial, sino debilitar deliberadamente a una comunidad que se ha consolidado como el principal motor económico del país.

 

 

Madrid presume de haber alcanzado ese liderazgo económico por méritos propios.

 

Hace años no ocupaba esa posición, pero hoy es la región que más empleo crea, la que atrae mayor inversión extranjera y la que concentra un mayor número de empresas.

 

Todo ello, según el Gobierno autonómico, gracias a una administración austera, respetuosa con el gasto público y favorable a la iniciativa privada.

 

Un modelo que, defienden, permite ofrecer servicios públicos de calidad sin asfixiar fiscalmente a ciudadanos y empresas.

 

 

Uno de los datos que más se repiten desde el Ejecutivo madrileño es el de la solidaridad fiscal.

 

Aproximadamente el 80% de la recaudación generada en Madrid se redistribuye al resto de España para sostener servicios públicos en otras comunidades.

 

Una región rica, pero con una administración infrafinanciada, que sostiene buena parte del Estado del bienestar nacional mientras recibe, a cambio, constantes ataques políticos y mediáticos.

 

 

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Sánchez y sus socios no aceptarían que si a Madrid le va bien, le va bien al conjunto de España.

 

Al contrario, sostienen que existe una estrategia para presentar a la Comunidad como un problema, como un territorio insolidario o privilegiado, cuando los datos fiscales apuntan exactamente en la dirección opuesta.

 

Madrid es, según este discurso, una comunidad diversa, construida por familias y empresas de todas las regiones, que avanza unida y cuyo éxito repercute directamente en el país entero.

 

 

Los ataques, aseguran, son diarios. Cada comparecencia del presidente del Gobierno, ya sea en el Congreso de los Diputados o en foros internacionales, se convierte en una oportunidad para cuestionar el modelo madrileño.

 

Una obsesión que se intensifica, según esta visión, cuanto más débil se encuentra el Ejecutivo central, necesitado del apoyo de sus socios independentistas.

 

Cuantas más concesiones hace Moncloa, más crece la preocupación en Madrid por el coste económico y político que estas decisiones suponen.

 

 

Uno de los ejemplos más citados es el impacto económico de los acuerdos con el independentismo.

 

Según los cálculos del Gobierno regional, cada madrileño tendrá que asumir un sobrecoste de alrededor de 483 euros para financiar cesiones políticas, competencias impropias y estructuras paralelas que, a su juicio, contribuyen a la creación de “naciones de facto”.

 

Embajadas, organismos y burocracia que se financian con dinero común mientras se diluye la presencia del Estado.

 

 

A esto se suma una deuda histórica del Gobierno central con la Comunidad de Madrid que supera los 10.500 millones de euros por prestaciones y servicios públicos no abonados.

 

Una cifra que se agrava en áreas especialmente sensibles como la dependencia, donde el impago acumulado ronda los 2.500 millones.

 

Todo ello en un contexto de crecimiento constante de población, lo que incrementa la presión sobre los servicios públicos y evidencia, según el Ejecutivo regional, una infrafinanciación grave y estructural.

 

 

El debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica es otro foco de conflicto.

 

Desde Madrid se denuncia que se pretende limitar su capacidad para bajar impuestos, una competencia reconocida constitucionalmente, mientras se permite a otras comunidades gozar de amplios márgenes de autonomía fiscal.

 

Esta situación, advierten, coloca a Madrid en clara desventaja frente a plazas internacionales y amenaza con expulsar inversión y oportunidades económicas.

 

 

El agravio comparativo, según esta narrativa, se hace aún más evidente cuando se observa que territorios como el País Vasco o Navarra no sufren las mismas restricciones.

 

La competencia fiscal solo se cuestiona cuando afecta a Madrid o a comunidades colindantes como Aragón o La Rioja, mientras que entre socios políticos “todo se tapa y todo vale”.

 

 

El conflicto también ha adquirido una dimensión simbólica e institucional. La retirada del Ejército de los actos oficiales del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, fue interpretada como un gesto sin precedentes y profundamente político.

 

Nunca antes se había tomado una decisión similar, y desde el Gobierno regional se considera un intento deliberado de deslegitimar una celebración que representa a todos los madrileños.

 

 

A ello se suma la polémica en torno a la Ley de Memoria Democrática y la vinculación de la sede de la Presidencia madrileña con el franquismo.

 

Una asociación que desde Sol rechazan de plano, recordando que fueron gobiernos socialistas, en un espíritu de convivencia y pluralidad, quienes decidieron que ese edificio fuera la casa común de todos los ciudadanos de Madrid.

 

 

La confrontación se extiende también al ámbito de los servicios públicos. Desde el Ministerio de Transportes se han lanzado críticas al funcionamiento del Metro de Madrid, llegando incluso, según denuncian desde la Comunidad, a utilizar imágenes falsas de metros de otras ciudades para desprestigiar el sistema madrileño.

 

Todo ello mientras se evita hablar del impacto de las incidencias en Cercanías, una competencia estatal, sobre la movilidad diaria de millones de personas.

 

 

Radio Televisión Española ocupa un lugar central en este relato. El Gobierno regional acusa a la televisión pública de actuar como un altavoz al servicio de Moncloa, con campañas diarias orientadas a desacreditar todo lo que funciona en Madrid.

 

Sanidad, universidades, residencias o transporte público son, según esta crítica, objetivos constantes de un enfoque informativo sesgado, financiado con el dinero de todos.

 

La situación política nacional tampoco ayuda a rebajar la tensión.

 

España acumula años sin Presupuestos Generales del Estado, sin debates sobre el estado de la nación y con un Parlamento que, según esta visión, se abre y se cierra en función de los intereses del Ejecutivo.

 

Mientras tanto, se aprueban medidas de enorme calado, como la amnistía, a marchas forzadas, sin un debate sosegado ni transparente.

 

 

En política exterior, las críticas apuntan a una falta total de explicaciones.

 

Decisiones estratégicas como el giro sobre el Sáhara Occidental, acuerdos sensibles con potencias como China o el rechazo a gestionar hasta 60.000 millones de euros de fondos europeos generan más preguntas que respuestas.

 

 

Todo ello en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho que, según sus detractores, ha quedado evidenciado con la condena del fiscal general del Estado, un hecho sin precedentes en una democracia liberal.

 

 

La imagen internacional de España se ha resentido, como reflejó la amplia cobertura de estos acontecimientos en la prensa extranjera.

 

La utilización de medios públicos y estructuras del Estado para atacar al adversario político no es, advierten, propia de un sistema democrático sano.

 

En este escenario, la Comunidad de Madrid se presenta como un bastión de resistencia frente a lo que considera una deriva peligrosa.

 

Desde el Gobierno regional insisten en que, por más que se utilicen todos los recursos del Estado para desacreditarlos, la realidad terminará imponiéndose.

 

Los ciudadanos, afirman, son críticos, ven los resultados con sus propios ojos y no compran relatos prefabricados.

 

 

El enfrentamiento está lejos de cerrarse. Todo apunta a que los próximos años estarán marcados por esta pugna abierta entre administraciones, modelos económicos y formas de entender España.

 

Una batalla que no solo se libra en los parlamentos, sino también en los medios, en los tribunales y en la opinión pública.

 

Y cuyo desenlace, advierten desde Madrid, será determinante para el futuro político e institucional del país.