Baltasar Garzón califica en una palabra lo que le parece la sentencia al exfiscal general y Daniel Lacalle tarda poco en contestar.

 

 

 

Ambos han sido muy rotundos.

 

 

 

 

Las palabras de Baltasar Garzón han vuelto a sacudir el debate público y jurídico en España.

 

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, una de las figuras más reconocidas —y controvertidas— de la judicatura española contemporánea, ha roto su silencio para pronunciarse con contundencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

 

 

Y como era previsible, su intervención no ha pasado desapercibida: ha provocado una réplica inmediata del economista Daniel Lacalle y ha reabierto una discusión profunda sobre la solidez de las pruebas, la calidad de las resoluciones judiciales y la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Garzón no es un observador cualquiera. Durante casi veinticinco años fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, desde donde investigó algunos de los casos más relevantes de la historia reciente de España: terrorismo, narcotráfico internacional, crímenes contra la humanidad o grandes tramas de corrupción.

 

 

Su voz, guste o no, sigue teniendo un peso específico en el debate jurídico y político.

 

En una entrevista concedida al Canal 24 horas de TVE, Garzón fue directo y sin matices.

 

“La condena al fiscal general del Estado ha sido, desde mi punto de vista, una condena injusta”, afirmó.

 

No se trató de una crítica superficial ni de una discrepancia técnica menor.

 

El exmagistrado cuestionó abiertamente la consistencia probatoria de la sentencia del Supremo y el razonamiento que llevó a la mayoría del tribunal a dictar el fallo condenatorio.

 

Según Garzón, la resolución judicial se apoya en una interpretación especialmente perjudicial para el acusado, cuando existían otras posibles lecturas de los hechos.

 

“Hay una interpretación, de las distintas que podíamos elegir, la más perjudicial para el acusado, y esa ha sido la sostenida por la mayoría del Tribunal”, explicó.

 

 

A su juicio, el problema no es solo de enfoque, sino de base probatoria: “No hay prueba objetiva, más bien elementos circunstanciales, conjeturas y presunciones”.

 

 

El exmagistrado fue aún más duro al analizar el lenguaje empleado en la sentencia.

 

Lo calificó de “hasta cierto punto críptico” y poco coherente con lo que, en su opinión, deberían ser unos hechos probados claros, una deducción lógica comprensible y un razonamiento que genere confianza en la ciudadanía.

 

Para Garzón, una sentencia no solo debe ser jurídicamente correcta, sino también pedagógica y transparente, especialmente cuando afecta a una figura institucional de primer nivel como el fiscal general del Estado.

 

Uno de los aspectos que más subrayó fue la existencia de un voto particular conjunto firmado por dos magistradas del propio Tribunal Supremo.

 

Para Garzón, ese voto discrepante no es un detalle menor, sino una prueba de que el caso estaba lejos de ser claro y pacífico.

 

“Deja muchos flecos”, señaló, insistiendo en que cuando el fallo no se corresponde con lo que se percibió y se demostró en el juicio oral, el resultado genera inquietud y desconfianza.

 

En su reflexión, Garzón introdujo una idea clave que ha resonado con fuerza en el debate público: la distancia entre lo vivido en un juicio oral y el contenido final de la sentencia.

 

“Cuando hay un fallo que no se corresponde con lo percibido y con lo demostrado, llama la atención y es problemático”, afirmó.

 

En cambio, añadió, cuando el resultado coincide de forma clara con lo visto y oído en sala, la sociedad lo asume con naturalidad, incluso aunque sea duro.

 

Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones. Una de las más rápidas y visibles fue la del economista Daniel Lacalle, habitual tertuliano y analista con una marcada posición crítica hacia el Gobierno.

 

Lacalle se limitó a subrayar una frase clave de Garzón —“desde mi punto de vista”— para desautorizar su análisis.

 

“Desde su opinión. Next”, escribió, dando a entender que las palabras del exmagistrado no eran más que una valoración personal sin mayor relevancia.

 

Este intercambio resume bien la polarización que rodea el caso. Para unos, Garzón aporta una crítica jurídica fundamentada desde la experiencia y el conocimiento profundo del sistema judicial.

 

Para otros, su intervención no es más que una opinión ideologizada, condicionada por su trayectoria y por su posicionamiento político.

 

No obstante, las palabras de Garzón no son nuevas ni improvisadas. En una entrevista concedida previamente al diario El País, el exmagistrado ya había dejado clara su postura con argumentos aún más detallados.

 

 

Allí criticó con dureza el estilo de redacción de la sentencia y el uso de inferencias sin base fáctica sólida.

 

“Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica”, afirmó.

 

Garzón fue especialmente crítico con uno de los razonamientos centrales del fallo: la idea de que el hecho investigado “tuvo que ser” cometido por el fiscal general o por algún colaborador suyo.

 

A su juicio, ese planteamiento es jurídicamente inaceptable. “Si se dice que tuvo que ser él o un colaborador, entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado”, explicó, subrayando una carencia esencial desde el punto de vista del derecho penal.

 

 

Pero quizá el punto más explosivo de su análisis llegó al referirse al origen del caso.

 

Según Garzón, la “causa generatriz” de todo el procedimiento se encuentra en la actuación del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

 

El exmagistrado sostuvo que fue él quien falseó el contenido de un correo electrónico con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal.

 

En palabras de Garzón, “el bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia” y resultaba incomprensible que ese hecho no se persiguiera de oficio.

 

Esta afirmación introduce un elemento político de alto voltaje en el debate, ya que apunta directamente a un colaborador estrecho de Isabel Díaz Ayuso y sitúa el origen del caso en una maniobra de carácter político y mediático.

 

Este señalamiento ha sido uno de los aspectos más controvertidos de sus declaraciones.

 

Para los defensores de la sentencia, Garzón desvía la atención y trata de construir un relato alternativo que exonere al exfiscal general y traslade la responsabilidad a un actor político concreto.

 

Para quienes comparten su visión, en cambio, se trata de una denuncia grave sobre el uso de bulos y filtraciones como herramientas de desgaste institucional.

 

Más allá de nombres propios, el debate abierto por Garzón toca cuestiones de fondo que van mucho más allá de este caso concreto.

 

Está en juego la confianza en el Tribunal Supremo, la calidad de las sentencias en asuntos de gran relevancia pública y la percepción ciudadana de que la justicia actúa con neutralidad y rigor probatorio.

 

La figura del fiscal general del Estado es especialmente sensible, porque se sitúa en la frontera entre el poder judicial y el ejecutivo.

 

Cualquier condena, absolución o polémica en torno a este cargo tiene un impacto directo en la credibilidad del sistema.

 

Por eso, las críticas de Garzón, más allá de su tono, encuentran eco en una parte de la opinión pública preocupada por la judicialización extrema de la política y por la politización de la justicia.

 

El choque entre Garzón y Lacalle simboliza dos formas opuestas de interpretar la realidad institucional del país.

 

De un lado, quienes cuestionan la solidez de determinadas resoluciones judiciales y piden mayor exigencia probatoria.

 

Del otro, quienes consideran que este tipo de críticas socavan la autoridad de los tribunales y responden a intereses ideológicos.

 

Lo cierto es que la sentencia contra Álvaro García Ortiz no solo ha cerrado un proceso judicial, sino que ha abierto un debate profundo que seguirá vivo durante mucho tiempo.

 

Un debate sobre pruebas, inferencias, votos particulares, bulos, responsabilidades políticas y, en última instancia, sobre la salud democrática del país.

 

 

Las palabras de Baltasar Garzón, lejos de calmar las aguas, han añadido más leña al fuego.

 

 

Y aunque algunos intenten despacharlas como una simple “opinión”, lo cierto es que provienen de alguien que conoce como pocos las entrañas del sistema judicial español.

 

Precisamente por eso, su crítica resulta tan incómoda como imposible de ignorar.