Rufián deja en shock al Parlamento en solo 2 minutos (la cara de Sánchez lo dice todo).

 

 

 

La paradoja de la economía española: macrodatos de récord y una realidad precaria en el día a día.

 

 

 

Madrid, diciembre de 2025. La política y la economía española han protagonizado en los últimos días uno de esos debates que marcan época.

 

 

En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez defendió con firmeza el éxito de los datos macroeconómicos de su gobierno: España, según la Comisión Europea, será la economía que más crecerá en la zona euro hasta 2027, con una previsión de incremento del PIB del 2,9% en 2025. Además, el país ha alcanzado un hito histórico: por primera vez, el número de personas ocupadas supera los 22 millones.

 

 

 

El paro, que durante el gobierno de Rajoy llegó a picos de seis millones, hoy se sitúa en torno a los 2,6 millones de desempleados. Desde Bruselas, los aplausos son unánimes y los indicadores parecen inmejorables.

 

 

 

Sánchez, en su réplica a Santiago Abascal, no dudó en destacar el papel de la inmigración en este éxito: “Más de un 95% de la migración que ha venido a nuestro país lo ha hecho por cauces regulares.

 

 

 

Hemos recibido dos millones de trabajadores migrantes en los últimos años, y al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo.”

 

 

 

Con estas cifras, el presidente intentaba desactivar el discurso antimigración de la extrema derecha, subrayando que “lo que ustedes ofrecen con ese discurso es pobreza, y al final estar todos encerrados sin capacidad para financiar nuestro estado del bienestar”.

 

 

 

Sin embargo, la intervención de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, introdujo una reflexión que muchos ciudadanos comparten y que va más allá del brillo de los datos macroeconómicos.

 

 

“¿De qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le da, si a la gente no le llega?”, preguntó Rufián, poniendo el foco en la distancia abismal entre los indicadores oficiales y la realidad cotidiana de millones de españoles.

 

 

“¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres?”, añadió, visibilizando la paradoja de una economía en crecimiento que no consigue mejorar las condiciones materiales de sus ciudadanos.

 

 

 

La denuncia de Rufián no es anecdótica. El coste de la vida en España ha crecido de forma acelerada en los últimos años: la carne ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%.

 

 

“Una familia de tres que quiera comer tres filetes de ternera y cenar tres de salmón se deja 30 o 35 euros al día en el supermercado”, ilustró el diputado catalán.

 

 

“¿Quién se puede permitir eso hoy en día?” Frente a los rankings y los aplausos internacionales, la realidad es que la gente no come rankings, sino alimentos cada vez más caros e inaccesibles.

 

 

Rufián instó al gobierno a intervenir el mercado alimentario, igual que se reclama para la vivienda.

 

 

“Quien se quiera hacer rico que no lo haga ni con casas ni con comida. Que tope precios. ¿Por qué no distribuidoras públicas de alimentación?”, propuso.

 

 

 

Criticó que la respuesta habitual del gobierno ante la subida de precios sea bajar el IVA, una medida que, según él, los oligopolios de la alimentación compensan subiendo los precios en la misma proporción.

 

 

“No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo”, advirtió, señalando el riesgo de que la inacción social acabe alimentando el auge de la extrema derecha.

 

 

La vivienda, otro de los grandes problemas estructurales, sigue sin soluciones efectivas.

 

 

El salario mínimo apenas supera los 1.000 euros, mientras que los alquileres alcanzan los 600 euros o más.

 

 

Se siguen produciendo casi 80 desahucios al día y los fondos de inversión y especuladores campan a sus anchas.

 

 

“¿De qué sirve tener los datos de desempleo más bajos de la historia si después la gente no puede pagarse un alquiler ni acceder a una vivienda digna?”, se preguntó Rufián. El empleo crece, pero la precariedad y la exclusión social permanecen.

 

 

En este contexto, la crítica a la gestión del gobierno se extiende a otros ámbitos sensibles, como la sanidad.

 

 

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha sido objeto de duras críticas por no haber reducido las listas de espera ni acotado el poder de los seguros privados.

 

 

La Ley 15/97, aprobada por PP y PSOE, sigue permitiendo la entrada de empresas privadas en la gestión sanitaria pública.

 

 

“Esta ley es el certificado de defunción de la sanidad pública”, denunció en su día Julio Anguita, y los efectos son cada vez más evidentes: reutilización de material sanitario, listas de espera interminables, y una gestión privada que prioriza el beneficio económico sobre la salud de los pacientes.

 

 

 

El modelo de negocio de los seguros privados, importado de Estados Unidos, se basa en tres principios: retrasar, denegar y defender, es decir, dificultar el acceso a prestaciones y limitar la cobertura para maximizar beneficios.

 

 

Empresas como Quirón Salud o Rivera Salud se lucran con la gestión de hospitales públicos, mientras que los casos graves acaban en la sanidad pública, que es la que realmente sostiene el sistema.

 

 

“La privatización mata”, denuncian los críticos, y exigen la derogación de la Ley 15/97 y la prohibición de la privatización sanitaria.

 

 

 

La situación de la vivienda tampoco mejora. Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha sido señalada como responsable del mayor fracaso del gobierno, incluso por encima de la sanidad.

 

 

Los precios de alquiler siguen subiendo, la especulación inmobiliaria no se ha frenado y las ayudas públicas resultan insuficientes.

 

 

“¿De qué sirve que la macroeconomía vaya como un cohete si la gente tiene que vivir con sus padres, compartir piso o aceptar trabajos precarios?”, se preguntan los ciudadanos.

 

 

La reflexión de Rufián y de muchos otros pone en evidencia la necesidad de políticas estructurales que vayan más allá de los datos macroeconómicos.

 

 

La intervención pública en sectores estratégicos como la alimentación, la vivienda y la sanidad se convierte en una demanda creciente, frente a la inacción o las soluciones superficiales como la bajada del IVA.

 

 

Limitar la especulación, topar precios y reforzar los servicios públicos son medidas que, según los críticos, podrían mejorar realmente las condiciones materiales de la población y evitar el auge de opciones políticas reaccionarias.

 

 

 

En definitiva, la paradoja de la economía española es la de un país que lidera los rankings europeos pero que no consigue que sus ciudadanos vivan mejor.

 

 

El crecimiento del PIB, la reducción del desempleo y el aumento del empleo no se traducen en una mejora real de la calidad de vida, sino que conviven con la precariedad, la exclusión y el malestar social.

 

 

La política, mientras tanto, sigue atrapada en el debate sobre los grandes números, mientras la gente reclama soluciones concretas para los problemas cotidianos.

 

 

La pregunta que queda en el aire es la que formuló Rufián en el Congreso: “¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega?” La respuesta, de momento, sigue pendiente.

 

 

El reto del gobierno y de la política española es lograr que el éxito macroeconómico se refleje en la vida diaria de todos los ciudadanos.

 

 

Porque, como decía el meme de Homer Simpson, la apariencia puede ser espectacular, pero lo importante es que la estructura aguante y sirva para todos, no solo para unos pocos.

 

 

 

Si esta reflexión te parece necesaria y crees que debería llegar a más personas, compártela, comenta y apoya el debate sobre el futuro de la economía y la justicia social en España. Porque el verdadero éxito de un país no está en los rankings, sino en la dignidad y el bienestar de su gente.