GABRIEL RUFIÁN HACE A SALOMÉ PRADAS VIVIR EL PÁNICO “VAS A IR A LA CÁRCEL POR TAPAR A MAZÓN Y PP”.

 

 

 

 

 

 

 

La comparecencia de Salomé Pradas ante la comisión de investigación por la DANA: entre la exigencia de verdad y la gestión de la emergencia.

 

 

 

La sesión parlamentaria en la que Salomé Pradas, exdirectora del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, compareció ante la comisión de investigación sobre la DANA que asoló la región en julio de 2021, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de las tensiones que atraviesan la política española cuando la gestión pública se enfrenta al escrutinio de las víctimas y de la sociedad.

 

 

El debate, liderado por Gabriel Rufián como portavoz, se desarrolló entre la exigencia de respuestas claras y la defensa institucional, en un ambiente marcado por la memoria de los fallecidos y las heridas abiertas por la tragedia.

 

 

 

Desde el inicio, Rufián planteó la sesión como un ejercicio de responsabilidad política y ética, poniendo el foco en las víctimas y en la necesidad de reconstruir los hechos sin evasivas.

 

 

 

La intervención, que combinó preguntas incisivas con gestos simbólicos —como la entrega de un trozo de cuerda perteneciente a una de las víctimas mortales—, buscó interpelar la conciencia de Pradas y de los representantes del Partido Popular, a quienes acusó de falta de corazón y de respeto hacia la comisión y hacia quienes sufrieron las consecuencias del desastre.

 

 

 

La comparecencia de Pradas estuvo marcada por una postura defensiva, fundamentada en consideraciones escritas y en la reiteración de su declaración judicial, pero también por una negativa persistente a responder de manera directa a las preguntas más comprometedoras.

 

 

Esta actitud, que Rufián calificó como “la peor manera de afrontar la comisión”, fue interpretada como el resultado de un asesoramiento legal que prioriza la protección personal frente a la transparencia pública.

 

 

El choque entre la búsqueda de verdad y la estrategia de defensa fue constante, y se tradujo en momentos de tensión, silencios y acusaciones mutuas de machismo, paternalismo y manipulación.

 

 

El núcleo del debate giró en torno a la gestión de la emergencia durante las horas críticas de la DANA.

 

 

Rufián expuso, apoyándose en informes técnicos y en la legislación vigente, que Pradas tenía la responsabilidad unipersonal como directora del plan y mando único, según la Ley de Protección Civil y el propio Plan de Inundaciones.

 

 

La hipótesis judicial que investiga la posible omisión de socorro y los delitos de homicidio y lesiones imprudentes se fundamenta, precisamente, en la dilación en la declaración de la situación dos y en la convocatoria tardía del CECOPI, el órgano encargado de coordinar la respuesta a la emergencia.

 

 

El portavoz subrayó que existían alertas meteorológicas e hidrológicas suficientes desde primeras horas de la mañana, con avisos rojos que permitían prever el agravamiento de la situación y justificar la activación de los protocolos de protección a la población.

 

 

Según el relato judicial y los informes de bomberos, la tardanza en declarar la situación dos y en convocar el CECOPI fue determinante en la falta de información y de medidas de protección para los ciudadanos afectados.

 

 

Rufián insistió en que, aunque no hubiera desbordamiento de medios, la normativa permitía actuar con anticipación, y que la inacción tuvo consecuencias fatales.

 

 

La sesión también abordó la dinámica interna del gobierno valenciano y la influencia de intereses externos, como el lobby turístico y hotelero, en la toma de decisiones.

 

 

Rufián planteó la posibilidad de que la presión para no confinar ni alertar a la población respondiera a intereses económicos, más que a criterios técnicos o de protección civil.

 

 

Pradas, en su línea de defensa, evitó responder directamente a estas cuestiones, remitiéndose a sus consideraciones escritas y a su declaración judicial.

 

 

El papel de los responsables políticos durante la emergencia fue objeto de una crítica feroz.

 

 

Rufián recordó que, mientras la tragedia se desarrollaba, algunos dirigentes estaban ausentes o desinformados, y que la falta de liderazgo y de reacción contribuyó a la magnitud de la catástrofe.

 

 

 

La referencia a la comparecencia de Mazón, calificada como “la más miserable” en años de comisiones de investigación, sirvió para ilustrar la percepción de impunidad y de falta de autocrítica que, según el portavoz, caracteriza a buena parte de la clase política en situaciones de crisis.

 

 

 

La intervención de Pradas, por su parte, se centró en la defensa técnica y legal de su actuación, reivindicando el rigor de sus declaraciones y la complejidad de la normativa aplicable.

 

 

La exdirectora del plan hizo hincapié en la existencia de una “selva normativa” que dificulta la coordinación y la toma de decisiones, y en la contradicción entre la legislación autonómica y nacional sobre el concepto de mando único.

 

 

Pradas insistió en que todas sus actuaciones se ajustaron a la legalidad y que las acusaciones de omisión y negligencia carecen de fundamento, remitiéndose a los documentos y a las pruebas aportadas en sede judicial.

 

 

El debate sobre la información disponible y la coordinación entre los distintos órganos implicados fue otro de los puntos clave de la sesión.

 

 

 

Rufián argumentó que la información sobre la gravedad de la situación estaba disponible en el 112 y en el CECOPI, y que la tardanza en organizar la respuesta y en transmitir instrucciones claras a la población fue un error grave.

 

 

La discusión sobre el envío del mensaje masivo de alerta (es-alert) puso de manifiesto las dudas sobre la capacidad de reacción y la toma de decisiones en tiempo real, así como las diferencias de criterio entre los técnicos y los responsables políticos.

 

 

La dimensión humana y simbólica del debate se expresó en el gesto de entregar la cuerda de una de las víctimas a Pradas, como recordatorio de la responsabilidad moral y política que implica la gestión de una emergencia.

 

 

Rufián apeló a la empatía y al deber de pedir perdón a las víctimas, más allá de las consideraciones legales, y cuestionó la actitud de quienes, según él, prefieren protegerse a sí mismos antes que asumir las consecuencias de sus actos.

 

 

 

La sesión concluyó con un diagnóstico severo sobre la gestión de la DANA y sobre el papel de los responsables políticos.

 

 

Rufián advirtió a Pradas sobre el riesgo de “comerse un marrón” que no le corresponde en exclusiva, y le instó a “tirar de la manta” y aportar toda la información de la que dispone para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

 

 

La comparecencia fue, en última instancia, un ejercicio de confrontación entre la exigencia de verdad y la lógica de la defensa, en un contexto marcado por la memoria de las víctimas y por la necesidad de rendición de cuentas.

 

 

La comisión de investigación sobre la DANA ha puesto de manifiesto las dificultades estructurales de la gestión de emergencias en España, desde la falta de coordinación y de claridad normativa hasta la influencia de intereses ajenos al bienestar ciudadano.

 

 

El caso de Salomé Pradas es representativo de los dilemas que enfrentan los responsables públicos cuando deben responder por sus decisiones ante la sociedad y ante la justicia.

 

 

La tensión entre la protección legal y la responsabilidad política, entre la defensa personal y la obligación de transparencia, recorre toda la sesión y refleja el desafío de construir una cultura democrática basada en la rendición de cuentas y en la centralidad de las víctimas.

 

 

La tragedia de la DANA, con sus decenas de muertos y sus miles de afectados, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la preparación, la coordinación y la información en la gestión de riesgos colectivos.

 

 

La comparecencia de Pradas y el debate parlamentario que la rodea son una oportunidad para reflexionar sobre los límites de la acción política y sobre el papel de las instituciones en la protección de la ciudadanía.

 

 

La exigencia de verdad, de reparación y de justicia debe estar en el centro de cualquier proceso de investigación, y la memoria de las víctimas debe ser el motor de la transformación institucional.

 

 

 

En definitiva, la sesión de la comisión de investigación sobre la DANA ha sido un espejo de las carencias y de las contradicciones de la política española, pero también una llamada a la responsabilidad y a la valentía para afrontar los errores y para construir respuestas más eficaces y humanas ante las emergencias.

 

 

La historia de la cuerda, de la niña china y de las víctimas olvidadas es un recordatorio de que detrás de cada decisión política hay vidas en juego, y que la búsqueda de la verdad y de la justicia es una tarea irrenunciable para cualquier democracia.