Benjamín Prado da el revés al PP tras la sentencia contra García Ortiz, y tiene que ver con Ana Millán.

 

 

 

El escritor ha hecho alusión así a la sentencia firme del Tribunal Supremo contra el que fuera fiscal general del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

La sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados, ha abierto una brecha política y mediática que sigue creciendo con cada reacción pública.

 

 

 

Entre las voces más críticas destaca la del escritor Benjamín Prado, quien ha aprovechado el razonamiento del Supremo para lanzar un dardo directo al Partido Popular y, en particular, a la figura de Ana Millán.

 

 

Su intervención en redes sociales no solo pone en evidencia la controversia jurídica del fallo, sino que también expone las contradicciones y dobles raseros que, a su juicio, atraviesan la vida política española.

 

 

Prado, conocido por su activismo y su aguda mirada sobre la actualidad, compartió en X una fotografía que muestra a varios líderes del PP —Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida— junto a Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de organización del partido regional, imputada desde 2022 por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude.

 

 

 

 

La imagen, tomada en un acto público, se convierte en el punto de partida para la reflexión que el escritor plantea: “Ella, ellos ‘o alguien de su entorno, con su conocimiento…’”, escribió, citando el argumento empleado por el Supremo para condenar a García Ortiz.

 

 

Así, Prado establece un paralelismo entre la lógica judicial aplicada en el caso del fiscal y la situación de Millán, rodeada de los principales dirigentes populares mientras sigue bajo investigación.

 

 

 

El mensaje de Prado no es solo una ironía sobre los criterios de culpabilidad; es una denuncia sobre la selectividad de la justicia y la política.

 

 

 

Si el Supremo considera suficiente la fórmula de “el acusado, o alguien de su entorno y con su conocimiento” para condenar al fiscal general, ¿por qué no se aplica ese mismo estándar a otros casos de relevancia pública, como el de Ana Millán? La pregunta, implícita en el comentario del escritor, pone en tela de juicio la coherencia y la equidad del sistema judicial, especialmente cuando se trata de figuras políticas de primer nivel.

 

 

 

La sentencia del Supremo, conocida en su redacción íntegra 19 días después de hacerse pública la decisión, basa la condena en la idea de que García Ortiz, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, filtró el correo electrónico que recogía la propuesta de conformidad del novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconociendo dos delitos fiscales.

 

 

 

El tribunal subraya que el fiscal general “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, recordando que sobre él pesaba un “reforzado deber de reserva” que, según los magistrados, quebrantó sin justificación.

 

 

 

Pese a la declaración del periodista de la Cadena Ser, que negó en sede judicial haber recibido el correo ni del fiscal ni de su entorno, los jueces consideran que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que lleva necesariamente a afirmar que la filtración partió del acusado o de alguien próximo a él.

 

 

 

La divulgación, según la sentencia, se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa, constituyendo una “unidad de acción” que oficializa la información previamente filtrada.

 

 

Este razonamiento, que se ha convertido en uno de los puntos más discutidos del fallo, ha sido criticado por sectores jurídicos y políticos que ven en él una peligrosa rebaja de los estándares de presunción de inocencia y una inversión de la carga de la prueba.

 

 

 

En este contexto, la intervención de Benjamín Prado adquiere una dimensión política y ética.

 

 

El escritor no solo cuestiona la solidez jurídica del fallo, sino que denuncia la doble vara de medir que, en su opinión, se aplica cuando los investigados pertenecen a determinados partidos o ocupan cargos relevantes.

 

 

La fotografía de Millán junto a Ayuso, Feijóo y Almeida simboliza, para Prado, la normalización de la presencia de imputados en actos públicos, y la aparente indiferencia de la dirección del PP ante las investigaciones judiciales que afectan a sus propios dirigentes.

 

 

 

 

 

La reacción de Prado se suma a una larga lista de respuestas que han surgido tras la sentencia contra García Ortiz.

 

 

Para muchos, el fallo representa un giro preocupante en la interpretación de las responsabilidades penales y en la protección de los derechos fundamentales.

 

 

El hecho de que el Supremo base su condena en una fórmula tan abierta —“el acusado o alguien de su entorno”— ha generado inquietud en el ámbito jurídico, donde se teme que este precedente pueda ser utilizado para ampliar la responsabilidad penal de forma arbitraria y sin pruebas concluyentes.

 

 

 

Al mismo tiempo, la situación de Ana Millán y otros cargos del PP bajo investigación pone de relieve la compleja relación entre justicia y política en España.

 

 

El caso de Millán, imputada por delitos graves y aún en ejercicio de funciones relevantes dentro del partido y las instituciones, contrasta con la rapidez y contundencia con que se ha actuado contra García Ortiz.

 

 

Esta asimetría alimenta el debate sobre la independencia judicial y la imparcialidad en la aplicación de la ley, dos principios que, según los críticos, están siendo erosionados por la presión mediática y los intereses partidistas.

 

 

 

La intervención de Benjamín Prado, por tanto, no es solo un comentario irónico en redes sociales. Es una llamada de atención sobre los riesgos de una justicia que, en su afán por responder a la demanda social y política, puede terminar sacrificando los principios básicos del derecho penal.

 

 

El escritor utiliza la imagen de los líderes populares junto a una imputada para subrayar la contradicción entre lo que se exige a unos y lo que se tolera en otros, y para exigir una reflexión profunda sobre el estado de la justicia y la democracia en España.

 

 

 

En definitiva, la sentencia contra García Ortiz y la reacción de Benjamín Prado ponen de manifiesto la necesidad de repensar los criterios de responsabilidad, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

 

 

El debate abierto por el escritor y por otros críticos del fallo del Supremo no es una cuestión menor: afecta a la legitimidad de las instituciones, a la confianza ciudadana en la justicia y, en última instancia, al futuro de la democracia española.

 

 

Mientras Ana Millán sigue ejerciendo cargos de responsabilidad pese a estar imputada, y mientras los líderes del PP la arropan públicamente, la pregunta lanzada por Prado resuena con fuerza: ¿es la justicia igual para todos, o depende del entorno y del conocimiento de quienes la ejercen?