Bruselas cerró filas con Sánchez sobre Plus Ultra cuando la investigación alcanzó al banco panameño clave.

 

 

 

La Comisión respondió a la batería de preguntas que planteó Luis Garicano, pero no cuando cuestionó el préstamo participativo de Panacorp.

 

 

 

 

 

En menos de un mes, el entonces eurodiputado Luis Garicano pasó de recibir de la Comisión Europea una contestación de 15 páginas y varios anexos a las preguntas que suscitaba su investigación sobre el rescate de Plus Ultra del 9 de marzo de 2021 con 53 millones, a ser sacado del proceso por no ser “parte interesada”.

 

 

Así lo cuenta a Vozpópuli el economista que denunció desde el 27 de abril de 2021 ante Bruselas la polémica ayuda, cuando se ha reactivado la causa en una pieza separada en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.

 

 

El motivo de este cierre en banda es que Garicano pasó de plantear una batería de preguntas generales sobre las que Bruselas abrió una investigación a fijarse el 20 de mayo de 2020 en un asunto muy concreto que encierra la clave de por qué la aerolínea no cumplía los requisitos para recibir ayudas estatales: el préstamo participativo que le otorgó el banco panameño Panacorp, relata.

 

 

 

La pregunta sobre el préstamo participativo preocupó a la SEPI, según ha podido saber Vozpópuli, que como parte afectada remitía información sobre el proceso, y así se lo trasladó a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

 

 

Bruselas contestó que no le reconocía legitimidad como parte interesada y que no era una empresa competidora.

 

 

Finalmente, la aerolínea informó el 3 de agosto de 2021 de que la Comisión Europea le había comunicado que la queja presentada por el eurodiputado se trató como un expediente de información general y no como una denuncia formal de una parte interesada.

 

 

El informe pericial de Ciudadanos.

 

 

El informe pericial que encargó Ciudadanos y que contaba en la causa principal en el Juzgado 15, al que ha accedido Vozpópuli, concluye que la situación patrimonial de Plus Ultra no era adecuada, pero sobre todo pone el foco en un préstamo participativo de la sociedad financiera panameña Panacorp Casa de Valores S.A, suscrito el 22 de diciembre de 2017, por importe de 7.500.000 dólares, equivalente “en el momento de su firma a 6.304.314,71 euros”, por conversión de una línea de crédito a favor de la aerolínea.

 

 

 

Dar por bueno el préstamo participativo otorgado por el banco panameño permitía a la compañía no incurrir en causa de disolución y, por tanto, resultar elegible para la ayuda.

 

 

En realidad, el préstamo se concedió supeditado a que Plus Ultra depositara en dicho banco un depósito indisponible de más de 4 millones.

 

Por tanto, Plus Ultra sólo percibió 2 millones netos insuficientes para salvar su situación de quiebra.

 

 

El párrafo fundamental del informe pericial señala que el préstamo sólo operaba por una cantidad inferior a la necesaria.

 

“No obstante las dudas interpretativas que genera la figura del préstamo participativo, entendemos que las especialidades concurrentes en este caso podrían apoyar la tesis de que el préstamo participativo constituido por medio del Acuerdo novatorio de 22 de marzo de 2018, únicamente tiene dicha consideración, y vale a efectos de eliminar la causa de disolución, en aquella cantidad resultante de restar al total prestado, la cantidad depositada en la cuenta bancaria a fecha 31 de diciembre de 2019, es decir, por la cantidad neta de 2.258.198,42 euros”.

 

 

Mantener el estatus de compañía comunitaria.

 

 

El préstamo participativo habría permitido además a Plus Ultra mantener su estatus de compañía aérea comunitaria aunque los fondos los aportaran los socios venezolanos.

 

Eligieron esta vía en lugar de la aportación de socios para que los venezolanos no ostentaran la mayoría del accionariado.

 

 

El Informe pericial también considera que Plus Ultra reunía las condiciones para que un acreedor pudiese legítimamente instar tal concurso, lo que impedía ser rescatado.

 

Asimismo, resalta el carácter llamativo del lugar, Panamá, en que se encuentra constituido el depósito, una entidad bancaria radicada en un paraíso fiscal.

 

 

Panacorp traspasa el préstamo a los dueños venezolanos antes de los primeros beneficios.

 

 

Panacorp ha cedido los derechos de cobro que albergaba sobre la compañía a la postre rescatada por el Gobierno español a Snip Aviation, la sociedad a través de la cual los empresarios de origen venezolano Roberto Reyes y Raif El Arigie Harbie controlaron la mayoría de la propiedad de Plus Ultra hasta hace apenas unas semanas, cuando cesaron en su participación en el marco de una reorganización de la estructura accionarial.

 

 

 

La transacción entre Panacorp y Snip se produjo a finales del año 2023, cuando la aerolínea todavía adeudaba íntegramente el préstamo a Panacorp.

 

La mercantil en España de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie Harbie se convirtió en acreedora de la compañía rescatada por el Estado en 2021 justo antes de que cerrara en enero de 2024 su primer ejercicio en positivo, con unos 2,66 millones de beneficios.

 

 

Es de notar que el préstamo del banco panameño ahora en manos de Snip sumaría intereses en función de beneficios, aunque el cobro como tal es de carácter subordinado.

 

Es decir, Plus Ultra tendría la obligación de devolver el principal de este préstamo sólo una vez que la compañía acabe de devolver el de los dos que obtuvo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, equivalentes a unos 53 millones de euros en total que se vencerían en 2026 (19 millones) y 2028 (34 millones).

 

 

Al momento de ceder el préstamo en 2017, Panacorp tenía como director a Mohamed Ibrahim, que sería sobrino del magnate venezolano Camilo Ibrahim -socio de negocios de Rodolfo Reyes y entonces accionista junto a él de Plus Ultra-, al que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ayudó a entrar en la embajada española en Caracas entre 2018 y 2019.

 

 

 

Vozpópuli también ha desvelado que Plus Ultra transfirió el año del rescate cinco millones a un banco de Puerto Rico investigado por EEUU por presuntas operaciones de lavado de dinero venezolano.

 

Se trata de Andcapital, en el que la aerolínea afloró 5,04 millones en 2021 de los que parte habrían pasado luego a otra jurisdicción, en Venezuela.