Carlos Herrera analiza la propuesta de la nueva fiscal general, Teresa Peramato.

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Ministros propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tras la controvertida condena a García Ortiz: entre la incertidumbre institucional y las sombras del pasado.

 

 

 

El martes 25 de noviembre de 2025 amanece en España con un Consejo de Ministros decisivo.

 

 

A tan solo un mes de la Navidad, el Gobierno se prepara para proponer oficialmente a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien ha presentado su renuncia tras una condena que ha sacudido los cimientos judiciales y políticos del país.

 

 

El relevo, lejos de ser una mera formalidad institucional, se produce en medio de una tormenta de incertidumbre, tensiones internas y un clima de sospecha que invita a la reflexión sobre el presente y el futuro de la democracia española.

 

 

La renuncia de García Ortiz, tardía pero inevitable tras la sentencia condenatoria del Supremo, ha abierto una vacante de máxima relevancia en la Fiscalía General del Estado.

 

 

Sin embargo, como bien apunta el análisis matinal, nadie debería hacerse ilusiones: este puesto no aparece en portales de empleo y el perfil ya está decidido desde las altas esferas.

 

 

Teresa Peramato, fiscal de la Unión Progresista de Fiscales y especialista en violencia de género, será nombrada oficialmente tras las deliberaciones del Consejo de Ministros.

 

 

El proceso, sin embargo, no está exento de críticas: se habla de una “fiscalía de cercanía”, donde los relevos parecen responder más a afinidades personales y políticas que a criterios estrictamente profesionales.

 

 

La sucesión, que recuerda a las muñecas matriuskas, se ha convertido en un símbolo de la continuidad progresista en la Fiscalía: Dolores Delgado fue elegida por su cercanía a Sánchez, García Ortiz por su proximidad a Delgado y ahora Peramato por su vínculo con García Ortiz.

 

 

El debate sobre la independencia y la pluralidad en la Fiscalía está más vivo que nunca.

 

 

La condena a García Ortiz ha generado una oleada de insultos y críticas al Tribunal Supremo, seguida de una fase de “canonización” del exfiscal general.

 

 

El clima mediático se ha polarizado: mientras unos defienden la integridad y la labor de García Ortiz, otros advierten contra la victimización excesiva y recuerdan que ningún ciudadano de a pie cuenta con la defensa de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o la élite judicial en sus pleitos.

 

 

El caso ha puesto de manifiesto las desigualdades y privilegios del sistema, así como la necesidad de esperar a conocer el contenido íntegro de la sentencia antes de emitir juicios definitivos.

 

 

El debate jurídico se mezcla con la política y la opinión pública, anticipando que los “plañideros” de hoy se convertirán en expertos legales y rastreadores de inconstitucionalidades en cuanto la sentencia sea publicada.

 

 

La sociedad asiste, una vez más, a la transformación de la noticia en espectáculo, donde cada actor busca su espacio y su relato.

 

 

 

El nombramiento de Teresa Peramato no es casual. Su perfil como fiscal del Supremo y especialista en violencia de género la sitúa en el centro de uno de los debates más intensos de los últimos años: la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.

 

 

Peramato defendió la ley tal como salió del Congreso, subrayando sus aspectos positivos y la necesidad de dar tiempo para evaluar sus efectos. “Con esta ley se ha dado un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual”, afirmó.

 

 

Sin embargo, la polémica no se ha hecho esperar. Críticos recuerdan que la reforma no evitó la excarcelación de numerosos agresores sexuales y acusan a Peramato de haber comprado la “mercancía averiada” de Irene Montero, entonces ministra de Igualdad.

 

 

El debate sobre la eficacia y las consecuencias de la ley sigue abierto, y el nombramiento de Peramato promete avivar la discusión en los próximos meses.

 

 

La condena a García Ortiz no es el único foco de tensión para el Gobierno.

 

 

El PSOE se enfrenta ahora a la incertidumbre de lo que pueda ocurrir si Koldo García y José Luis Ábalos, exministro y diputado, ingresan en prisión en la vistilla prevista para el próximo jueves.

 

 

Los movimientos “tectónicos” bajo el sanchismo son cada vez más evidentes, y las filtraciones que llegan del entorno de Koldo resultan especialmente inquietantes.

 

 

La información sobre el encuentro entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para preparar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 ha vuelto a la palestra.

 

 

Según las revelaciones, Koldo habría puesto a la venta un pendrive con grabaciones y documentos sensibles, que finalmente habrían llegado a manos de ‘El Español’.

 

 

El medio publica ahora detalles sobre el supuesto trayecto en coche entre Bilbao y un caserío donde Sánchez, Cerdán y Otegi se habrían reunido, una cita que, de confirmarse, explicaría los pactos posteriores entre PSOE, Bildu y PNV.

 

 

Las consecuencias de aquella reunión, según las filtraciones, fueron profundas: Bildu consiguió la alcaldía de Pamplona, el PSOE el gobierno de Navarra y el apoyo de Bildu arrastró al PNV a votar sí en la moción de censura.

 

 

A cambio, Sánchez habría prometido trasladar presos de ETA al País Vasco y conceder el control de las cárceles vascas al gobierno autonómico, facilitando terceros grados y beneficios penitenciarios.

 

 

El “sueño húmedo” de ambos partidos, según la crónica, se habría materializado en ese pacto, aunque la versión oficial sigue negando la existencia de la reunión.

 

 

El ruido mediático y la negación pública solo aumentan el interés por el contenido del pendrive, que según Koldo contiene pruebas de la reunión y otras evidencias relevantes.

 

 

La posibilidad de que existan grabaciones del trayecto y documentos comprometedores añade una capa de suspense y tensión a una trama que parece sacada de una novela política.

 

 

En este contexto, otro protagonista entra en escena: Víctor de Aldama, que recupera el contenido de su teléfono móvil por orden judicial y asegura tener pruebas de denuncias contra el ministro Ángel Víctor Torres y posiblemente otras figuras relevantes.

 

 

El acceso a estos archivos podría abrir nuevas vías de investigación y añadir presión sobre el Gobierno en un momento especialmente delicado.

 

 

La justicia, la política y los medios se entrecruzan en una partida donde la información es poder y el silencio puede ser tan elocuente como la palabra.

 

 

La expectación crece y la ciudadanía observa, consciente de que el desenlace puede marcar el rumbo institucional en los próximos meses.

 

 

La propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, la condena a García Ortiz y las filtraciones sobre pactos y reuniones secretas dibujan un paisaje institucional marcado por la incertidumbre, el ruido y la sospecha.

 

 

En este contexto, la democracia española se enfrenta al reto de recuperar la confianza, garantizar la transparencia y reafirmar la independencia de sus instituciones.

 

 

 

El relato oficial y las informaciones filtradas compiten por imponerse en la opinión pública, mientras los protagonistas de la trama se preparan para el siguiente acto.

 

 

La pregunta que queda en el aire es si España será capaz de superar las sombras del pasado y avanzar hacia una modernización real, o si, por el contrario, seguirá atrapada en dinámicas y pactos que perpetúan la desconfianza y la fragmentación.

 

 

El Consejo de Ministros de hoy es solo el comienzo de una historia que promete seguir dando titulares, debates y, sobre todo, motivos para la reflexión y el compromiso ciudadano.