BOMBAZO MAZÓN “INTERCAMBIA MENSAJES SEXUALES DE AMANTE CON JEFE DE GABINETE” FEIJÓO TIEMBLA PÁNICO.

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la Dana en Valencia: errores, responsabilidades y el drama político-judicial que aún sacude a la Generalitat.

 

 

 

 

La tragedia provocada por la Dana en la Comunidad Valenciana sigue siendo uno de los episodios más controvertidos y dolorosos de la política reciente.

 

 

Un año después, la comisión de investigación parlamentaria y el proceso judicial abierto han dejado al descubierto no solo los fallos de gestión, sino también las tensiones internas, la falta de autocrítica y las estrategias de defensa que han marcado la actuación de los principales responsables políticos y técnicos.

 

 

El caso pone en primer plano la dificultad de asumir responsabilidades ante la magnitud de una catástrofe que costó decenas de vidas y dejó una profunda huella en la sociedad valenciana.

 

 

Desde el principio, la gestión de la emergencia estuvo marcada por la confusión y la falta de coordinación.

 

 

Salomé Pradas, entonces consejera de emergencias, se presentó ante la comisión entre sollozos, defendiendo que estuvo “al pie del cañón” y pidiendo perdón por no haber podido hacer más.

 

 

Sin embargo, su intervención estuvo lejos de la autocrítica que muchos esperaban: insistió en que no existía un protocolo de alertas móviles, aunque el Ministerio del Interior lo había elaborado en 2022, y negó haber retrasado el envío de la alerta, pese a que el subdirector general de emergencias aseguró ante la jueza que Pradas pidió cambios lingüísticos que ralentizaron la decisión.

 

 

La consejera trató de derivar la responsabilidad hacia los técnicos y el gobierno central, evitando asumir su papel directivo en la gestión del desastre.

 

 

 

La investigación judicial ha puesto especial atención en los mensajes de WhatsApp entre Pradas y el jefe de gabinete de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.

 

 

 

La jueza intenta recuperar estos mensajes, borrados por el propio jefe de gabinete, convencida de que pueden ser demoledores para esclarecer las prioridades y las preocupaciones de quienes estaban al mando de la emergencia.

 

 

Mazón y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete, mantenían una relación de máxima confianza, y si se recuperan sus conversaciones, se podrá conocer con crudeza cómo se tomaron las decisiones más importantes en aquellas horas críticas.

 

 

 

Uno de los puntos más polémicos es la orden de retirar a los bomberos del Barranco del Pollo, revelada por audios a los que ha tenido acceso Radio Televisión Española.

 

 

Aunque no se ha identificado quién dio la orden, queda claro que existía información suficiente sobre la gravedad de la situación en Utiel y el desbordamiento del río Magro.

 

 

La Generalitat tenía datos entre las 12 del mediodía y las 3:30 de la tarde sobre los rescates y la evolución de la emergencia, pero las decisiones no estuvieron a la altura de las circunstancias.

 

 

En la comisión de investigación, los portavoces afeaban a Pradas su negativa a responder preguntas, recordando que sí había hablado en entrevistas televisivas.

 

 

La exconsejera, investigada en la causa judicial, se limitó a leer un discurso escrito, defendiendo que no pidió autorización ni esperó a nadie para actuar, y negando que Mazón o su jefe de gabinete retrasaran el envío de la alerta.

 

 

 

Sin embargo, la evidencia apunta a una desconexión y falta de liderazgo, con muchos miembros del gobierno ausentes por motivos personales y solo un puñado de personas realmente pendientes de la emergencia.

 

 

 

El drama político se entrelaza con el judicial. Pradas se enfrenta a un horizonte penal complicado, y su estrategia parece orientada a evitar ser el “fusible” que asuma toda la culpa.

 

 

 

La jueza, por su parte, estrecha el cerco sobre el entorno de Mazón, buscando llegar hasta el último responsable y evitar cualquier problema de nulidad en la instrucción, especialmente dado el estatus de aforado del presidente.

 

 

La Audiencia Provincial ha dado permiso para ampliar la investigación incluso a hechos cercanos a Mazón, aunque existe el temor de que desde instancias superiores no se ponga el mismo empeño en adjudicar responsabilidades a los aforados.

 

 

El caso revela también la existencia de estrategias de defensa orientadas a salvarse de posibles responsabilidades penales y económicas.

 

 

La falta de respeto a las víctimas y la negación de su carácter como tales pasan a un segundo plano ante la prioridad de evitar condenas judiciales.

 

 

La herencia de Mazón y del Partido Popular en relación con la Dana es la de una gestión marcada por el “sálvese quien pueda”, donde mentir, negar la evidencia y empantanar el proceso social y político parecen tácticas aceptadas.

 

 

 

La comisión parlamentaria, lejos de contribuir a la resolución de responsabilidades políticas, ha derivado en un espectáculo emocional que, aunque pone de manifiesto el dolor de los afectados, no ayuda a clarificar los hechos ni a aprender de los errores.

 

 

El show mediático, con escenas casi trágicas como la entrega de una cuerda simbólica a Pradas, no contribuye a la búsqueda de justicia ni a la mejora de los protocolos de actuación.

 

 

Lo que debería ser un espacio para analizar las contradicciones y los fallos se ha convertido en una plataforma para la defensa personal y la banalización de la tragedia.

 

 

A pesar de todo, el desastre de la Dana ha servido para que expertos y responsables aprendan de los errores cometidos.

 

 

Las decisiones y reacciones ante emergencias posteriores en Valencia, Andalucía y Cataluña han mostrado comportamientos mucho más diligentes y coordinados, fruto del análisis detallado de lo que no se debe hacer.

 

 

Sin embargo, la persistencia de responsables políticos en defender su actuación como correcta, cuando todo apunta a lo contrario, evidencia que la estrategia judicial pesa más que la responsabilidad política.

 

 

 

La sociedad valenciana y española sigue esperando respuestas y justicia. Las víctimas nunca perdonarán el drama de las muertes, y la memoria colectiva exige que los errores no se repitan.

 

 

El caso Dana es un ejemplo de cómo la falta de liderazgo, la descoordinación y la prioridad de la defensa personal sobre el interés público pueden convertir una tragedia en un escándalo político y judicial de largo recorrido.

 

 

 

En definitiva, la gestión de la Dana en Valencia ha sido un drama absoluto que ha dejado al descubierto las debilidades del sistema de emergencias, la falta de preparación de algunos responsables y la tendencia a eludir responsabilidades.

 

 

El aprendizaje técnico es evidente, pero el aprendizaje político y ético está aún pendiente.

 

 

 

La comisión de investigación y el proceso judicial deben servir para esclarecer los hechos, adjudicar responsabilidades y garantizar que nunca más se repita una tragedia de tal magnitud.

 

 

La sociedad merece respuestas, justicia y, sobre todo, un compromiso real con la verdad y la protección de los ciudadanos ante futuras catástrofes.