BRUTAL PILLADA “ANA VÁZQUEZ CUENTA BULO EN DIRECTO PARA TAPAR MENTIRAS FEIJÓO Y TRAGA CORRECTIVO”.

 

 

 

 

 

El debate político en torno a la gestión de la DANA de Valencia ha alcanzado en los últimos días uno de sus momentos más tensos y reveladores.

 

 

La difusión parcial de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no solo ha reabierto heridas que nunca llegaron a cerrarse, sino que ha colocado a ambos dirigentes en una posición extremadamente delicada ante la opinión pública, la justicia y, sobre todo, las víctimas.

 

 

Lo que comenzó como una discusión sobre la cronología de llamadas y mensajes ha terminado convirtiéndose en un debate mucho más profundo sobre la verdad, la mentira y la forma en la que el poder político gestiona —o instrumentaliza— las grandes tragedias.

 

 

Las intervenciones televisivas de los últimos días, cargadas de tensión, reproches y acusaciones cruzadas, han puesto negro sobre blanco algo que las asociaciones de víctimas llevan denunciando desde hace más de un año: que se construyó un relato para proteger responsabilidades políticas, aunque eso supusiera aumentar el dolor de quienes lo habían perdido todo.

 

 

Uno de los elementos que más indignación ha generado es el carácter unilateral de los mensajes entregados al juzgado de Catarroja.

 

Feijóo remitió únicamente las respuestas de Mazón, omitiendo sus propios mensajes. Una decisión que, lejos de aclarar los hechos, ha alimentado la sospecha de que se está ocultando información relevante.

 

En política y en justicia, cuando una conversación se presenta mutilada, la pregunta surge de forma automática: ¿qué hay en la parte que no se muestra?

 

 

Las críticas no se han hecho esperar. Diversos analistas y representantes políticos han coincidido en señalar que Feijóo no es un actor secundario en esta historia. Aunque no tuviera competencias directas el día de la DANA, fue él quien decidió asumir un papel protagonista en el relato posterior.

 

 

Fue él quien aseguró públicamente que había estado informado “en tiempo real” desde el inicio de la tragedia.

 

Y fue él quien sostuvo durante meses una versión que ahora choca frontalmente con los registros de llamadas y con los mensajes conocidos.

 

 

Esa contradicción es la que lleva a muchos a hablar de complicidad. Complicidad con una mentira sostenida durante catorce meses que no solo tuvo consecuencias políticas, sino también humanas.

 

 

Porque cada vez que se negaba la evidencia, cada vez que se señalaba a otros para descargar responsabilidades, se estaba enviando un mensaje devastador a las familias de las víctimas: que su dolor era secundario frente a la necesidad de proteger una estrategia partidista.

 

 

Carlos Mazón aparece, en este contexto, como una figura profundamente erosionada. Sus propios mensajes revelan desbordamiento, improvisación y conocimiento de la gravedad extrema de la situación desde horas muy tempranas de la noche.

 

 

Frases como “esto va a ser un desastre” o “estamos desbordados” desmontan cualquier intento posterior de minimizar lo ocurrido o de retrasar el reconocimiento de las víctimas mortales.

 

 

Sin embargo, para muchos observadores, lo más grave no es solo que Mazón mintiera, sino que pudiera hacerlo durante tanto tiempo con el respaldo implícito de la dirección nacional del PP.

 

 

La secuencia de los hechos resulta demoledora. Mientras la emergencia avanzaba y el número de fallecidos crecía, la alerta a la población se retrasaba.

 

 

Mientras se acumulaban los indicios de una catástrofe de dimensiones históricas, las decisiones clave no se tomaban.

 

Y después, cuando llegó el momento de dar explicaciones, se optó por un relato que hoy se desmorona pieza a pieza.

 

 

La actuación del Partido Popular encaja, según muchos analistas, en un patrón ya conocido en la gestión de crisis: negación inicial, mentira posterior, intento de trasladar la culpa a otras administraciones y, finalmente, el ataque a las propias víctimas cuando estas no encajan en el relato oficial.

 

Un patrón que, lejos de ser una percepción partidista, ha sido señalado incluso por representantes de asociaciones de afectados, que han hablado abiertamente de humillación y maltrato institucional.

 

 

Especialmente doloroso ha sido el momento elegido para entregar los mensajes al juzgado: el 24 de diciembre.

 

La Nochebuena, una fecha de recogimiento y recuerdo, se convirtió para muchas familias en un nuevo golpe emocional.

 

Mientras trataban de sobrellevar una cena marcada por las ausencias, veían cómo se filtraban mensajes incompletos que reabrían el debate público sin aportar las verdades que llevan meses reclamando.

 

 

Las palabras de Rosa, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, resumen como pocas el sentir de quienes han vivido este proceso desde el lado más vulnerable.

 

Para ella, la filtración no fue un acto inocente ni casual. Fue una forma más de hacer daño, de intentar que la información pasara desapercibida y de evitar dar explicaciones completas.

 

Lejos de conseguirlo, ha provocado el efecto contrario: ha intensificado la presión social y mediática para que se conozca toda la verdad.

 

 

Rosa recuerda que fue su asociación la que solicitó la comparecencia de Feijóo como testigo y que, meses antes, ya le habían pedido explicaciones por escrito sobre esa supuesta información “en tiempo real”.

 

 

Nunca obtuvieron respuesta. Hoy, con los WhatsApp sobre la mesa, sienten que se confirma lo que llevaban tiempo denunciando: que el relato se construyó conscientemente y que para sostenerlo fue necesario todo un aparato de partido, tanto autonómico como nacional.

 

 

La figura de Feijóo queda así en una posición extremadamente incómoda.

 

No solo por las contradicciones entre sus declaraciones públicas y los hechos documentados, sino por la sensación de falta de humanidad que transmiten algunos de sus movimientos.

 

Pedir declarar por videoconferencia es un derecho legal, pero hacerlo en este contexto y tras haber filtrado mensajes en una fecha tan sensible refuerza la percepción de que se intenta esquivar el impacto político y social de sus actos.

 

 

Más allá de las responsabilidades penales, que corresponderá dirimir a la justicia, lo que está en juego es la credibilidad.

 

Un líder político que aspira a gobernar un país no puede permitirse aparecer como alguien que oculta información, manipula relatos o antepone la estrategia partidista al respeto debido a las víctimas.

 

Y esa es, precisamente, la pregunta que empieza a instalarse en una parte creciente de la ciudadanía: si alguien que ha gestionado así una tragedia puede ser digno de confianza para afrontar futuras crisis.

 

 

El debate sobre las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, recurrente en este tipo de catástrofes, tampoco logra tapar el fondo del asunto.

 

La ley es clara en cuanto a la responsabilidad autonómica en la gestión de emergencias, pero también lo es en cuanto a los mecanismos de coordinación con el Gobierno central.

 

Aquí no se discute el modelo territorial, sino la capacidad y la voluntad de quienes tenían que tomar decisiones en el momento crítico.

 

 

Incluso voces que defienden el Estado de las autonomías subrayan que el problema no fue la arquitectura institucional, sino las personas concretas que ejercían esas competencias.

 

La negligencia, la tardanza en actuar y la falta de liderazgo no son fallos del sistema, sino de quienes lo gestionaban.

 

Y eso es algo que los mensajes conocidos refuerzan de manera contundente.

 

 

A todo ello se suma el contexto político y social de un país cansado de relatos que se desmoronan con el tiempo.

 

La pandemia, otras catástrofes y ahora la DANA han dejado una sensación de hartazgo ante la utilización partidista del dolor.

 

Cada nueva revelación no hace sino aumentar la distancia entre la ciudadanía y una clase política percibida como incapaz de asumir errores y pedir perdón.

 

 

Las próximas semanas serán clave. La declaración de Feijóo ante la jueza de Catarroja, aunque sea telemática, marcará un antes y un después.

 

Pero más allá de lo que ocurra en sede judicial, queda pendiente una explicación política y moral.

 

Las víctimas no piden contextos ni medias verdades. Piden saber quién sabía qué, cuándo lo sabía y por qué no se actuó en consecuencia.

 

 

En ese sentido, la presión social no parece que vaya a disminuir. Las manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas y el creciente respaldo ciudadano indican que este asunto no se va a cerrar en falso.

 

Porque cuando una tragedia se gestiona mal y, además, se miente sobre ello, el daño no prescribe fácilmente.

 

 

Al final, lo que queda es una pregunta incómoda pero inevitable: ¿en qué lugar deja todo esto a Feijóo y a Mazón? Para muchos, la respuesta es clara.

 

Los deja retratados como protagonistas de un relato construido para salvar responsabilidades, aunque eso supusiera traicionar la memoria de los muertos.

 

Y en política, como en la vida, hay errores que se pueden corregir, pero hay actitudes que definen para siempre.