Silvia Intxaurrondo da en el clavo con la “laguna” que Mazón debe “despejar” a las víctimas de la DANA: “De forma imprescindible…”.

 

 

 

 

Carlos Mazón comparece este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

 

 

 

 

 

 

Madrid amanece con un aire denso, cargado de expectación y de dolor. El Congreso de los Diputados se convierte, este lunes, en el epicentro de una cita política que trasciende los límites habituales del parlamentarismo español.

 

 

Carlos Mazón, presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, comparece ante la comisión de investigación de la DANA, el temporal que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva y un reguero de víctimas que, más de un año después, siguen exigiendo respuestas y justicia.

 

 

La jornada no es solo un trámite institucional; es el escenario de una confrontación entre el poder y la ciudadanía, entre las verdades oficiales y el clamor de quienes perdieron a sus seres queridos bajo la furia de la naturaleza y, según denuncian, la desidia política.

 

 

A las puertas de la Cámara Baja, decenas de familiares de las víctimas se han desplazado desde Valencia, portando camisetas con rostros y nombres que no quieren ver borrados por el paso del tiempo ni por el olvido institucional.

 

 

 

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, se expresa con una serenidad que solo puede nacer del sufrimiento profundo y la convicción de quien lleva la voz de muchos.

 

 

En conversación con Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1, Álvarez pone el foco en las “lagunas” que Mazón debe despejar, esas zonas oscuras que, lejos de disiparse, parecen agrandarse con cada comparecencia del president.

 

 

La comparecencia de Mazón en Les Corts, la semana previa, fue, según Álvarez, un “paseo” ante una cámara dominada por PP y Vox, donde el presidente en funciones leyó un discurso que eludió responsabilidades y cargó contra los actores estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el propio Gobierno central.

 

 

 

No hubo presión, ni preguntas incómodas. “Esto no es una comisión ad hoc como le hicieron la semana pasada.

 

 

Sabemos que está instalado en la mentira y de ahí no va a moverse, además se juega su futuro judicial”, denuncia Álvarez, consciente de que en Madrid el formato será distinto, más exigente y menos complaciente.

 

 

 

Intxaurrondo pregunta por las lagunas imprescindibles que Mazón debe aclarar: “Por qué no se movió cuando estaba informado, hay constancia de que sobre las 17:30 horas conocía la situación de Utiel.

 

 

Necesitamos saber por qué no actuó y por qué siguió con su comida no agendada, por qué acompañó al parking [a Maribel Vilaplana] hablando de fútbol”, responde la presidenta de la asociación, poniendo en evidencia la desconexión entre la emergencia y la rutina presidencial.

 

 

La decisión de las víctimas de viajar hasta Madrid no es casual. “Porque tiene que saber que los familiares de las víctimas vamos a estar siempre ahí. Porque no ha dejado el acta y seguramente no la va a dejar, su partido le sigue apoyando, sigue siendo el presidente del PP de la Comunidad Valenciana”, explica Álvarez, subrayando la persistencia de una herida que no cicatriza mientras la verdad permanezca oculta.

 

 

 

La exigencia de explicaciones no se limita a Mazón. El pasado 14 de marzo, los familiares acudieron a la puerta de Génova, sede nacional del Partido Popular, para entregar una carta a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, solicitando explicaciones y ofreciendo su número de teléfono.

 

 

“Él decía que estaba informado de todo, y jamás ha descolgado el teléfono. Él es cómplice de Mazón”, afirma Álvarez con contundencia, ampliando el foco de responsabilidad hacia la cúpula del partido.

 

 

 

El funeral de Estado, celebrado con motivo del primer aniversario de la DANA, fue otro momento de dolor y desencuentro.

 

 

Álvarez recuerda cómo Mazón, a escasos dos metros de distancia, fue incapaz de mantenerle la mirada.

 

 

“A este personaje no tengo nada que decirle, tiene que ir a los juzgados de Catarroja y explicar lo que tiene que explicar”, sentencia, dejando claro que la batalla por la verdad y la justicia no se limita al ámbito parlamentario.

 

 

 

La comparecencia de Mazón en el Congreso arranca a las 10:30 horas, bajo un formato diseñado para evitar evasivas y forzar respuestas claras.

 

 

Los portavoces interrogarán de menor a mayor representación, disponiendo de 20 minutos cada uno para encadenar preguntas, exigir precisión e interrumpir si lo consideran necesario.

 

 

Mazón podrá acudir acompañado, pero antes de empezar se le recordarán las consecuencias legales de faltar a la verdad en sede parlamentaria.

 

 

Aunque la presencia es obligatoria, responder no lo es, si bien solo suelen acogerse a este derecho quienes están imputados en causas judiciales. Mazón, por ahora, se encuentra en un limbo procesal, pero la presión judicial y mediática es creciente.

 

 

Su anterior comparecencia en Les Corts fue definida por muchos como un “paseo”, un trámite sin sobresaltos ante una mayoría parlamentaria afín.

 

 

Mazón se presentó como víctima, culpando a los actores estatales y evitando responder a preguntas cruciales sobre su paradero antes de llegar al Cecopi, cuando se produjo un apagón comunicativo de 37 minutos tras, supuestamente, dejar a Maribel Vilaplana en su vehículo, estacionado en la Glorieta-Paz.

 

 

 

Este vacío de información, esta “laguna” temporal, es uno de los aspectos más controvertidos y que más suspicacias ha generado entre los familiares y la opinión pública.

 

 

¿Qué hizo Mazón durante esos minutos críticos? ¿Por qué no respondió a las llamadas de emergencia? ¿Por qué, teniendo constancia de la gravedad de la situación, mantuvo su agenda personal? Son preguntas que no solo buscan esclarecer hechos, sino también medir el grado de responsabilidad política y moral del presidente en funciones.

 

 

 

La DANA no fue solo un fenómeno meteorológico devastador. Fue, también, una prueba de estrés para las instituciones valencianas y nacionales, un test sobre la capacidad de reacción, coordinación y transparencia de los responsables públicos.

 

 

La gestión de Mazón y su equipo ha sido objeto de críticas continuas, no solo por parte de la oposición política, sino, sobre todo, por las asociaciones de víctimas, que han convertido su dolor en una demanda constante de verdad y justicia.

 

 

Las imágenes de los familiares concentrados frente al Congreso, portando fotografías y pancartas, son el recordatorio de que detrás de cada cifra oficial hay una historia personal, una familia rota, una vida truncada.

 

 

La política, en este contexto, no puede limitarse a la gestión administrativa ni a la defensa partidista.

 

 

Debe asumir una dimensión ética, una responsabilidad ante el sufrimiento humano que exige empatía, humildad y reparación.

 

 

El debate sobre la responsabilidad de Mazón y del Partido Popular en la gestión de la DANA trasciende el caso concreto y plantea cuestiones de fondo sobre el funcionamiento de la democracia española.

 

 

¿Son eficaces los mecanismos de control parlamentario? ¿Existe una verdadera rendición de cuentas ante las grandes tragedias? ¿Hasta qué punto la mayoría parlamentaria puede blindar a los responsables políticos frente a la exigencia ciudadana?

 

 

La comparecencia de Mazón, lejos de ser un acto rutinario, se convierte así en una prueba de fuego para el sistema político.

 

 

Las víctimas, con su presencia y sus demandas, obligan a los diputados y al presidente en funciones a mirar de frente a la realidad, a abandonar el terreno cómodo de las excusas y a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y omisiones.

 

 

La presión mediática, judicial y social sobre Mazón es creciente. La opinión pública, alimentada por el testimonio directo de las víctimas y por la cobertura de medios como La Sexta, El País y otros, exige claridad y asunción de responsabilidades.

 

 

El futuro judicial del presidente en funciones está en juego, pero, más allá de las consecuencias legales, lo que está en disputa es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

 

 

La DANA ha revelado las grietas de un sistema que, en demasiadas ocasiones, prioriza la protección política sobre la verdad y la justicia.

 

 

La exigencia de las víctimas no es solo legítima; es imprescindible para garantizar que ninguna tragedia se repita sin que los responsables rindan cuentas.

 

 

La jornada en el Congreso marcará un antes y un después en la gestión política de las catástrofes naturales en España.

 

 

El formato de la comparecencia, diseñado para evitar discursos evasivos y forzar respuestas directas, es un avance en la transparencia parlamentaria.

 

 

Pero la verdadera prueba será la capacidad de Mazón para ofrecer explicaciones convincentes, asumir errores y comprometerse con la reparación.

 

 

La sociedad valenciana, y por extensión la española, observa con atención.

 

El desenlace de esta comparecencia no solo afectará al futuro político de Mazón, sino que sentará un precedente sobre cómo deben actuar los responsables públicos ante la exigencia de verdad y justicia.

 

 

Las víctimas, con su presencia persistente y su voz firme, han demostrado que el dolor puede convertirse en motor de cambio y que la memoria colectiva no se apaga con el paso del tiempo ni con la indiferencia institucional.

 

 

¿Será capaz Mazón de despejar las “lagunas” que rodean su gestión de la DANA? ¿Responderá con honestidad y asumirá las consecuencias de sus actos? ¿Podrán las familias de las víctimas encontrar, al fin, la justicia y la reparación que tanto reclaman? El Congreso de los Diputados, este lunes, es mucho más que un espacio de debate político: es el escenario donde se juega el destino de la verdad, la dignidad y la democracia.