Antón Losada no se calla ante la “doble vara de medir” de PP y Vox: “Cuando el Gobierno negocia…”.

Losada ironizaba con cómo sería un Gobierno conformado por ambos partidos tomando como punto de partida la situación actual en Extremadura.

Antón Losada en la Cadena SER.

Hay palabras que se repiten tanto en la política española que terminan perdiendo su significado. “Debilidad parlamentaria” es una de ellas. Se pronuncia en tertulias, se imprime en titulares y se lanza como reproche automático cada vez que el Gobierno necesita negociar un voto. Pero, ¿y si no fuera debilidad? ¿Y si fuera simplemente la fotografía real del Parlamento que han dibujado las urnas? Esa es la pregunta incómoda que lanzó el politólogo y tertuliano Antón Losada en la radio, encendiendo un debate que va mucho más allá de un cruce de declaraciones.

Desde el micrófono, Losada no se limitó a responder a la crítica habitual contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fue un paso más allá. Señaló lo que, a su juicio, es una evidente “doble vara de medir” en la derecha española cuando se trata de negociar apoyos parlamentarios. Porque si negociar es ceder cuando lo hace el Gobierno, ¿por qué se convierte en estrategia inteligente cuando lo hacen PP y Vox?

La escena política actual no se entiende sin asumir un dato clave: el Parlamento español está fragmentado. Ya no existen mayorías absolutas cómodas. Los bloques ideológicos se han dividido, han surgido nuevas fuerzas y el tablero obliga a pactar. Es una realidad que afecta tanto a la izquierda como a la derecha. Sin embargo, el relato dominante parece aplicar reglas distintas según quién se siente a la mesa.

Losada lo expresó con ironía y crudeza. Dijo que llamar “debilidad parlamentaria” a la situación del Gobierno es, en realidad, describir la aritmética democrática que han decidido los votantes. Y añadió algo que resonó con fuerza: si vamos a hablar de problemas para conformar gobiernos, miremos también hacia la derecha.

Ahí es donde entran en juego dos territorios convertidos en laboratorio político: Extremadura y Aragón. En ambas comunidades, el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas. Pero la victoria no fue suficiente para gobernar en solitario. La llave la tenía —y la tiene— Vox.

El discurso que se escucha a nivel nacional contra Sánchez por negociar con fuerzas independentistas o minoritarias contrasta con la naturalidad con la que se presentan como “acuerdos estratégicos” los pactos entre PP y Vox. Esa asimetría es la que Losada decidió poner sobre la mesa.

En el caso de Extremadura, la tensión ha ido en aumento conforme se acerca la investidura de María Guardiola. La candidata popular necesita el respaldo de Vox para presidir la Junta, pero las negociaciones no han sido sencillas. Según informaciones publicadas por El País, las conversaciones han provocado fricciones entre la dirección nacional del PP y su estructura autonómica.

Uno de los puntos más delicados ha sido el giro discursivo de Guardiola en materia de igualdad y feminismo. Tras haber marcado inicialmente distancias con Vox, la presidenta en funciones tendió puentes que fueron interpretados como concesiones. Ese movimiento generó malestar interno y obligó a intervenir públicamente a dirigentes nacionales.

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, lanzó un mensaje que muchos leyeron como un toque de atención: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”. En política, las palabras pesan. Y en este caso, evidenciaron que el entendimiento con Vox no es tan armónico como a veces se presenta.

La comparación que deslizó Losada fue clara. Si la negociación del Gobierno central es señalada como sumisión a chantajes, ¿qué nombre reciben las exigencias cruzadas en Extremadura? ¿Son también chantajes o se transforman mágicamente en legítimas condiciones de pacto?

La situación recuerda inevitablemente a 2023, cuando los acuerdos autonómicos entre PP y Vox condicionaron la campaña de las elecciones generales. Algunos dirigentes populares hablan en privado de “recuerdos de Vietnam” para describir el desgaste que supuso aquella dinámica. Porque cada concesión autonómica tiene eco nacional.

En Aragón, el escenario tampoco ha sido un camino de rosas. Las negociaciones han requerido equilibrios delicados y han puesto a prueba la coherencia de los discursos. La aritmética manda, pero el relato intenta suavizar las tensiones.

Lo que subyace a todo esto es una pregunta incómoda: ¿es la política española capaz de asumir la cultura del pacto sin convertirla en arma arrojadiza? La fragmentación no es una anomalía pasajera. Es la nueva normalidad. Y exige pedagogía democrática.

La narrativa de la “debilidad” puede ser eficaz en términos partidistas, pero corre el riesgo de erosionar la confianza en las instituciones. Porque si negociar es sinónimo de claudicar, entonces cualquier gobierno en minoría estaría condenado a la sospecha permanente.

Losada insistió en que la realidad parlamentaria española probablemente se mantendrá así durante bastante tiempo. La pluralidad ideológica no va a desaparecer. Y eso obliga a todos —no solo al Ejecutivo actual— a entender que gobernar implica acordar.

La tensión en Génova, sede nacional del PP, refleja esa incomodidad. Las direcciones regionales reclaman margen de maniobra, mientras la cúpula nacional intenta evitar que los pactos autonómicos condicionen la estrategia estatal. Es un equilibrio frágil.

En Extremadura, la investidura prevista para el 3 de marzo se presenta como un momento decisivo. El primer intento podría fracasar si no se cierran acuerdos definitivos. La incógnita es si Vox permitirá finalmente que Guardiola gobierne o si forzará nuevas concesiones.

Cada movimiento es observado con lupa. Porque lo que ocurra en una comunidad autónoma puede tener repercusión en el debate nacional sobre la gobernabilidad.

El discurso de la doble vara de medir no solo interpela a los partidos. También invita a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo consume información política. ¿Aceptamos sin cuestionar el marco que nos presentan? ¿O analizamos con la misma exigencia a todos los actores?

La política española atraviesa una etapa de redefinición. Las mayorías absolutas son excepción. La negociación es norma. Y la coherencia narrativa se convierte en un bien escaso.

Quizá la verdadera cuestión no sea quién negocia, sino cómo se explica esa negociación. Si se demoniza al adversario por pactar mientras se normaliza el propio pacto, la credibilidad se resiente.

El mensaje de Losada no fue un simple comentario de tertulia. Fue una llamada de atención sobre el lenguaje y los estándares que aplicamos en el debate público. Porque las palabras construyen percepciones. Y las percepciones influyen en la calidad democrática.

Extremadura y Aragón son hoy escenarios clave. Pero mañana podrían ser otras comunidades o el propio Congreso. La fragmentación no distingue colores.

En última instancia, la estabilidad institucional depende de asumir que el pluralismo es parte del juego. Que pactar no es traicionar, sino articular mayorías posibles. Y que la crítica debe ser coherente, venga de donde venga.

La pregunta queda abierta: ¿estamos dispuestos a medir con la misma vara a todos los partidos cuando se sientan a negociar? La respuesta no solo definirá la estrategia de PP, Vox o el Gobierno de Sánchez. Definirá la madurez democrática de España en los próximos años.