BOMBAZO “LA PRIVATIZACIÓN DE AYUSO EN LOS JUZGADOS” FILTRAN VIDEO ESCÁNDALO HOSPITAL PP MADRID.

 

 

 

 

 

 

La sanidad pública en estado crítico: denuncias judiciales, privatización y colapso hospitalario en España.

 

 

La sanidad pública española atraviesa uno de sus momentos más delicados y controvertidos de las últimas décadas.

 

 

Los hospitales de Madrid y Valencia se encuentran en el epicentro de una crisis que, lejos de ser puntual, revela un modelo de gestión que favorece la privatización y el desvío de recursos públicos hacia empresas privadas, mientras se deterioran los servicios esenciales para la ciudadanía.

 

 

Las denuncias presentadas por partidos como Más Madrid y Compromís ante la Fiscalía Provincial de Madrid y Valencia evidencian la gravedad de la situación y el hartazgo de los profesionales sanitarios y los pacientes.

 

 

En el Hospital Público de Torrejón, la gestión privada ha quedado en entredicho tras la aparición de audios en los que directivos conversan abiertamente sobre la necesidad de “engordar las listas de espera” para incrementar beneficios económicos en varios millones de euros.

 

 

Más Madrid ha presentado una denuncia de 20 folios ante la Fiscalía Provincial, recogiendo estos audios y solicitando la investigación de delitos como malversación, prevaricación, lesiones y omisión del deber.

 

 

Entre los implicados figura Pablo Gallard, CEO de la empresa gestora, cuya declaración ha sido solicitada por el partido.

 

 

La saturación de las urgencias, la falta de personal y el colapso hospitalario no son solo consecuencia de la ola de gripe que afecta cada año a España.

 

 

Los profesionales sanitarios, como Guill del Barrio, enfermero de urgencias en el Hospital de La Paz, denuncian que la falta de previsión y de refuerzos es una constante.

 

 

Los contratos de refuerzo, que deberían activarse ante la llegada de la gripe, solo se ponen en marcha cuando la situación llega a los medios de comunicación.

 

 

La falta de mantenimiento es otro síntoma del abandono: un enchufe quemado en urgencias, tras meses de avisos, obliga a evacuar una sala y pone de manifiesto que el personal de mantenimiento ha pasado de 300 a apenas 86 trabajadores.

 

 

 

El barómetro publicado por el CIS refleja el desplome de la confianza de los usuarios en el sistema sanitario público: desde 2019, la percepción positiva ha caído 19 puntos, y la nota media que otorgan los ciudadanos ha bajado del 6,1 al 5,8.

 

 

A pesar de todo, el 61,4% de los asegurados privados seguiría acudiendo a un hospital público en caso de enfermedad grave, lo que demuestra la importancia y el prestigio que aún conserva la sanidad pública, pese a su deterioro.

 

 

En la Comunidad Valenciana, Compromís denuncia un nuevo rescate millonario a Rivera Salud, empresa privada que gestiona hospitales públicos.

 

 

El gobierno autonómico ha aprobado un incremento de 107 millones de euros en la cápita asignada a la empresa, tras una reunión de apenas 10 minutos entre representantes de la Generalitat y el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallard.

 

 

Esta subida, muy superior al 1,5% previsto inicialmente, ha sido aplicada con efectos retroactivos desde 2020 y coincide con la compra de una clínica gestionada por el hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, lo que añade un componente de sospecha y escándalo político.

 

 

 

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, denuncia que mientras se rescata a empresas privadas, se suprimen servicios esenciales en hospitales públicos, como la unidad de cirugía cardíaca en el hospital de referencia de su comarca

 

 

 

. La falta de transparencia y de información sobre los criterios para renovar contratos de gestión privada agrava la desconfianza de los ciudadanos y los profesionales.

 

 

Baldoví advierte que si no se facilita la información solicitada, acudirán a los tribunales, como ya ha hecho Más Madrid, para exigir responsabilidades y frenar la deriva privatizadora.

 

 

La situación en Madrid y Valencia es un reflejo de una tendencia que afecta a toda España.

 

 

La privatización encubierta, los rescates millonarios a empresas privadas y la supresión de servicios públicos son prácticas que se repiten en diferentes comunidades autónomas, independientemente del color político de sus gobiernos.

 

 

La falta de inversión, la precariedad laboral y la saturación de los hospitales son problemas estructurales que requieren una respuesta urgente y coordinada.

 

 

El caso de la Universidad Complutense de Madrid, donde los trabajadores no cobran y faltan recursos básicos como papel para impresoras, ilustra que el deterioro de lo público no se limita a la sanidad, sino que afecta también a la educación y otros servicios esenciales.

 

 

El desvío de fondos públicos hacia lo privado, la proliferación de universidades privadas y la falta de planificación son síntomas de un modelo que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar social.

 

 

 

Los profesionales sanitarios insisten en que la saturación de las urgencias, la falta de personal y el colapso hospitalario no son accidentes ni consecuencia exclusiva de la gripe.

 

 

Son el resultado de una gestión deficiente, de la falta de previsión y de una política deliberada que favorece la privatización y el abandono de lo público.

 

 

La contratación de refuerzos solo se activa cuando la situación se vuelve insostenible y llega a los medios, y la falta de mantenimiento agrava los riesgos para pacientes y trabajadores.

 

 

La crisis sanitaria actual plantea dos alternativas claras: o se trata de ineptitud absoluta por parte de los responsables políticos, o existe un plan diseñado para favorecer a la sanidad privada en detrimento de la pública.

 

 

Los sindicatos y las formaciones políticas exigen transparencia, rendición de cuentas y una apuesta decidida por reforzar la sanidad pública, garantizando la calidad, la seguridad y el acceso universal.

 

 

La sanidad española, reconocida internacionalmente por su calidad y eficiencia, se enfrenta a un reto histórico.

 

 

La colaboración público-privada puede aportar mejoras en algunos casos, pero es imprescindible que se controle, se regule y se supervise para evitar abusos y garantizar que los recursos públicos se destinan al interés general y no al beneficio privado.

 

 

La indignación ciudadana crece ante la evidencia de que los recortes, la falta de inversión y la privatización están poniendo en riesgo uno de los pilares del Estado del bienestar.

 

 

Los profesionales sanitarios, los pacientes y las formaciones políticas reclaman un cambio de rumbo, una gestión transparente y responsable, y una apuesta firme por la sanidad pública como garantía de igualdad y justicia social.

 

 

 

La batalla judicial y política que se libra en los tribunales y en los hospitales de toda España es, en definitiva, una lucha por el modelo de sociedad que queremos.

 

 

La sanidad pública no puede ser moneda de cambio ni objeto de especulación. Es un derecho fundamental que debe ser protegido, reforzado y defendido frente a cualquier intento de privatización o deterioro.

 

 

El futuro de la sanidad española depende de la capacidad de la sociedad y de sus representantes para exigir transparencia, responsabilidad y compromiso con el bienestar común.