Caso Mascarillas: cuatro años de sospechas, mordidas y silencios en el granero de votos del PP andaluz.

 

 

 

Desde 2021, ElPlural ha venido aportando datos destacados y revelaciones de una trama que ahora amenaza al fortín de Moreno Bonilla.

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

 

 

 

El 15 de junio de 2021 marcó el inicio público de un escándalo que, con los años, no haría sino agrandarse hasta alcanzar a la cúpula misma de la Diputación de Almería.

 

 

Aquella mañana, la Guardia Civil detenía al vicepresidente tercero de la institución, el popular Óscar Liria, responsable del área de Fomento, concejal en Fines y hombre de confianza del PP andaluz.

 

 

Sobre él recaía la sospecha de haber cobrado comisiones ilegales vinculadas a contratos de emergencia para adquirir mascarillas y material sanitario durante los momentos más duros de la pandemia.

 

 

Aquel 15 de junio de 2021, como informaba ELPLURAL.COM, los agentes de la UCO de la Guardia Civil irrumpieron en un despacho de la Diputación de Almería para consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros desde la institución pública a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas.

 

 

 

El administrador de Azor era Kilian López Sole -amigo de la infancia de Liria- y esta empresa estaba desde hace meses bajo la mirada de un juzgado de Barcelona, que investigaba si esta formaba parte del entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

 

 

 

En las pesquisas, los agentes descubrieron que Azor había recibido una elevada suma de dinero público a cambio de material sanitario.

 

 

 

2021: Un alcalde rompe el silencio.

 

 

Apenas unos días después de la detención de Liria, el 27 de junio de 2021, el alcalde socialista de Lubrín, Domingo Ramos, decidió alzar la voz.

 

 

En una carta pública, titulada “Hablemos de la gestión del área de Fomento en Diputación”, denunciaba abiertamente “malas prácticas, arbitrariedad y conchabeo” en esa delegación.

 

 

Su testimonio describía un modus operandi que, según aseguró, su pequeño municipio llevaba “padeciendo desde hace años”.

 

 

 

Ramos relataba cómo durante la ejecución del Plan Acelera, un programa provincial vinculado a la pandemia, la Diputación había permitido una actuación plagada de negligencias.

 

 

Las obras en Lubrín —presupuestadas en 40.000 euros— tuvieron que ser paralizadas por el propio alcalde, que expulsó a la empresa adjudicataria y terminó los trabajos con medios municipales.

 

 

A la luz de lo que empezaba a conocerse, su denuncia dejaba entrever que la trama no era un desliz puntual, sino una forma de gestión enquistada.

 

 

2022: Sobres, testaferros y 150.000 euros en efectivo.

 

 

 

El 22 de febrero de 2022, ElPlural destapaba nuevos detalles. La investigación de la UCO confirmaba que en la red había más hilos de los que se intuían.

 

 

En registros a varias empresas de Fines, los agentes hallaron sobres con cantidades de entre 6.000 y 10.000 euros hasta superar los 150.000, presuntamente entregados a Liria como comisión por contratos públicos.

 

 

El empresario al frente de esas sociedades actuaba —según las pesquisas— como su testaferro, mientras que el adjudicatario del material sanitario era un empresario catalán también implicado en actividades delictivas como el narcotráfico.

 

 

 

La jueza decretó prisión provisional para Liria, el testaferro y el empresario que pagaba las mordidas, ante el riesgo de destrucción de pruebas.

 

 

La operación ya sumaba 13 detenciones, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y Europol.

 

 

El Caso Mascarillas adquiría así dimensiones de trama organizada y con proyección más allá de Almería.

 

 

2024: El silencio del PP y un millón de euros en comisiones.

 

 

 

Tras un periodo de aparente calma pública, en abril de 2024 el caso volvió a subir de temperatura.

 

 

La UCO solicitó más documentación y puso sobre la mesa nuevos indicios obtenidos a partir de conversaciones de WhatsApp intervenidas.

 

 

Todo apuntaba a que la empresa Pulconal habría sido beneficiada deliberadamente: se habrían evitado otras ofertas más competitivas para asegurar la adjudicación del contrato principal.

 

 

La mordida, según la investigación, ascendía ya no a cientos de miles de euros, sino a cerca de un millón.

 

 

Las conversaciones interceptadas mostraban a Liria actuando como intermediario directo con el empresario administrador de Pulconal, Kilian López.

 

 

En un auto del 18 de marzo de aquel año, la jueza reiteraba que existían “claros indicios objetivados” de delitos contra la administración pública y contra la hacienda pública.

 

 

Entre los investigados señalados aparecían el propio Liria, su hermano y su tío Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, además de la pareja del regidor.

 

 

Mientras tanto, el PP adoptaba una estrategia silenciosa: el mutismo como refugio ante el avance de las revelaciones.

 

 

Julio de 2024: “No sabía nada”.

 

 

Continuábamos informando desde ELPLURAL.COM y dábamos cuenta como el 1 de julio de 2024, el Caso Mascarillas llegó a la Comisión de Investigación del Congreso sobre el Caso Koldo, donde compareció el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Javier Aureliano García.

 

 

Su testimonio dejó atónitos a los presentes: afirmó no conocer los detalles de la adjudicación de más de dos millones de euros en mascarillas, ni las supuestas mordidas vinculadas a Pulconal, ni si el abogado que asistió a Liria tras su detención era el mismo contratado por la Diputación para personarse en la causa —aunque lo era.

 

 

 

Los socialistas calificaron su comparecencia de “farsa”, subrayando que el adjudicatario investigado, Kilian López, repitió en la comisión exactamente los mismos argumentos que García, “palabra por palabra”.

 

 

Para el PSOE, resultaba inconcebible que el presidente asegurara no saber nada pese a haber recibido una llamada de Liria tras su detención.

 

 

 

2025: La cúpula cae.

 

 

El 18 de noviembre de 2025, cuatro años después del estallido inicial, el caso dio un giro histórico.

 

 

La Guardia Civil detiene al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y al vicepresidente, Fernando Giménez, además del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

 

 

Las detenciones, coordinadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería, respondían a la sospecha de contratos irregulares relacionados con un suministro de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros.

 

 

La UCO registró despachos en el Palacio Provincial y domicilios particulares, buscando expedientes vinculados a adjudicaciones realizadas en pleno confinamiento.

 

 

En esta fase, la investigación cifraba las nuevas mordidas entre 200.000 y 400.000 euros, conectadas al contrato firmado el 8 de abril de 2020 con Azor Corporate Ibérica, empresa ligada directamente a Kilian López.

 

 

El caso vuelve así a su origen como es que aquel contrato de emergencia firmado en los días más críticos de la pandemia, es señalado hoy como el epicentro de una trama que acumulaba ya 17 investigados y casi cuatro años de trabajo judicial.

 

 

Lo que comenzó como un caso aislado de corrupción en la compra de mascarillas acabó revelando, pieza a pieza, un entramado institucional en el que participaron cargos electos, familiares, empresarios y presuntos testaferros.

 

 

Durante años, la Diputación de Almería, presuntamente  convivió con adjudicaciones bajo sospecha, sobres con dinero en efectivo, mordidas millonarias y un silencio político que ahora, con las detenciones de su cúpula, ha estallado definitivamente.