EKAIZER SUELTA BOMBA Y HACE TEMBLAR EL TRIBUNAL SUPREMO “LA SENTENCIA FISCAL GENERAL ES UN FRAUDE”.

 

 

 

 

 

 

Sentencia Frankenstein, crisis institucional y modelo sanitario: el pulso político y judicial en Madrid.

 

 

 

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que muchos, como el periodista Ernesto Ekaizer, han calificado de “Frankenstein”: un fallo híbrido, contradictorio y carente de pruebas sólidas, que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

 

 

 

Esta resolución ha desatado una tormenta política y jurídica, evidenciando la profunda crisis institucional que atraviesa España y que, según voces críticas, pone en jaque la presunción de inocencia y la credibilidad del sistema judicial.

 

 

 

La intervención de Ekaizer, experto en tribunales, fue clara y demoledora: “Es una sentencia Frankenstein, es decir, es un híbrido.

 

 

La información recopilada, concretamente el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado con intervención directa a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del señor García Ortiz…

 

 

Esto es falso, no se puede demostrar. Es una sentencia que comete falsedades. Es la bancarrota penal del Tribunal Supremo”.

 

 

El periodista subraya que la sentencia se basa en una inducción indemostrable, sin pistas concretas que puedan derrotar la presunción de inocencia. “No hay elementos que puedan ya no probar, sino apuntar a esa inducción que señala la sentencia.

 

 

Es la bancarrota del Tribunal Supremo que dice: las palabras y el significado de las palabras lo decido yo. Yo, el Supremo”.

 

 

Además, destaca cómo la nota informativa por la que se condena al fiscal fue considerada no delictiva en fases anteriores del proceso, cambiando ahora el criterio solo por falta de pruebas directas.

 

 

 

El voto particular de dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, refuerza esta visión: ambas consideran que no queda acreditado que García Ortiz filtrara el correo, denuncian una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y piden la absolución del ex fiscal general.

 

 

La sentencia, argumentan, se basa en meras sospechas y contradice la propia doctrina del Supremo, que en casos anteriores había dado prioridad al derecho a la información pública.

 

 

 

Uno de los aspectos más polémicos es la introducción del “entorno” como figura penal: “Ha sido él o alguien de su entorno”.

 

 

Una forma de atribución que, como señalan juristas y analistas, nunca había sido aceptada en la jurisprudencia española y que abre la puerta a condenar a cualquier ciudadano sin pruebas directas.

 

 

“Lo que está pasando en este país nos aboca a cualquier ciudadano a ser condenado de cualquier delito penal sin pruebas que así lo comprueben”, advierten.

 

 

La sentencia también pone de manifiesto el doble rasero judicial: mientras se condena al fiscal general por una nota informativa, otros casos similares han sido desestimados por el propio Supremo.

 

 

Además, se denuncia la impunidad de las élites políticas y económicas cercanas al “clan Ayuso”, donde todo parece posible y siempre se cae de pie, incluso cuando los hechos son evidentes y las pruebas escasas.

 

 

El origen de la condena, según varios analistas, responde a una operación política para desviar la atención del fraude fiscal cometido por la pareja de Ayuso y de los escándalos de corrupción que salpican a la Comunidad de Madrid.

 

 

“Hay una operación política para desviar el foco sobre ese fraude para apuntar al fiscal general”, señalan, recordando que el dinero defraudado a Hacienda sirvió para comprar una vivienda de la que disfruta la presidenta madrileña.

 

 

 

La instrumentalización de la justicia y la construcción de relatos mediáticos han sido una constante en la gestión de Ayuso, que ha convertido la confrontación y el victimismo en su principal estrategia política.

 

 

La sentencia del Supremo, lejos de cerrar el debate, lo ha intensificado, generando una sensación de indefensión y desconfianza en la ciudadanía.

 

 

Paralelamente a la crisis judicial, Madrid vive una batalla política y social por el modelo sanitario.

 

 

El escándalo de Rivera Salud, donde directivos animaban a mantener las listas de espera para aumentar beneficios, ha puesto en evidencia las consecuencias de la privatización acelerada de la sanidad pública.

 

 

El PSOE ha presentado denuncias por corrupción, prevaricación y delitos contra la salud pública, mientras la Comunidad de Madrid insiste en que todo es una causa política y que la calidad asistencial está garantizada.

 

 

Sin embargo, los datos son contundentes: Madrid es la región que más ha privatizado la sanidad, donde más seguros privados se contratan y donde un millón de personas están en listas de espera.

 

 

El modelo, que empezó con una zona y ahora abarca varias, deriva pacientes de la pública a la privada y liquida contratos a precios de oro, beneficiando a grandes grupos sanitarios y empresarios cercanos al poder.

 

 

Las denuncias por el caso del Hospital de Torrejón y las muertes en residencias durante la pandemia se suman a la lista de escándalos que afectan al gobierno de Ayuso.

 

 

Dos altos cargos están en busca y captura por no comparecer ante el juzgado, y las familias de las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación cinco años después.

 

 

El Partido Popular, a través de su secretario general Miguel Tellado, ha calificado la sentencia como “histórica” y exige la dimisión de todo el gobierno por haber defendido al fiscal condenado. Sin embargo, otros sectores ven la resolución como una “patada al Estado de Derecho”, una condena sin pruebas que inaugura la figura del entorno como presunto delincuente y que pone en cuestión la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

 

 

 

El gobierno, por su parte, ha relevado al fiscal general y acata el fallo, aunque considera que la sentencia es creativa y poco fundamentada.

 

 

El recorrido judicial ahora pasa por la presentación de un incidente de nulidad ante el Supremo y, posteriormente, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si una condena basada en suposiciones puede derrotar la presunción de inocencia.

 

 

 

Mientras tanto, la batalla política continúa. El PSOE ha presentado nuevas denuncias por la privatización de la sanidad y el escándalo de Rivera Salud, mientras Ayuso y su entorno insisten en que todo es una operación política para dañar su imagen.

 

 

La falta de transparencia, la ocultación de datos y la connivencia de ciertos medios de comunicación con el poder político alimentan la sensación de impunidad y corrupción.

 

 

La sentencia Frankenstein del Tribunal Supremo y el modelo sanitario madrileño son dos caras de una misma moneda: la crisis institucional y democrática que vive España.

 

 

La instrumentalización de la justicia, la privatización de servicios esenciales y la construcción de relatos mediáticos para proteger a las élites ponen en riesgo los principios básicos del Estado de Derecho.

 

 

La ciudadanía, cada vez más desconfiada, exige transparencia, rigor y justicia. Las voces críticas, desde periodistas como Ernesto Ekaizer hasta familiares de víctimas y profesionales sanitarios, reclaman una regeneración profunda del sistema político y judicial.

 

 

Porque, como advierten muchos, si hoy se puede condenar sin pruebas a un fiscal general, mañana cualquier ciudadano puede ser víctima de la arbitrariedad.

 

 

Madrid, laboratorio de la privatización y epicentro de la confrontación política, se ha convertido en el espejo donde se reflejan las amenazas y los desafíos de la democracia española.

 

 

La lucha por la sanidad pública, la exigencia de justicia para las víctimas y la defensa de la presunción de inocencia son hoy más necesarias que nunca. Porque la democracia no se sostiene sobre relatos, sino sobre hechos, derechos y transparencia.