EKAIZER SUELTA BOMBA Y DESTAPA NUEVO GOLPE JUDICIAL AL NOVIO DE AYUSO “SEÑALAN INFORME SECRETO UCO”.

 

 

 

 

 

Durante meses, el silencio fue casi tan ensordecedor como las acusaciones. Un silencio espeso, incómodo, que se colaba entre autos judiciales que no avanzaban, informes que no llegaban y preguntas que nadie parecía querer responder.

 

Mientras tanto, el nombre de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, seguía apareciendo una y otra vez en titulares, tertulias y conversaciones privadas, siempre acompañado de una misma sensación: algo no encajaba. Ahora, ese silencio empieza a resquebrajarse.

 

 

Lo que parecía una causa encallada, dormida en un cajón del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha vuelto a moverse.

 

Y no es un detalle menor. Tras cuatro meses de parálisis, el juez ha dado finalmente traslado a las defensas para que respondan a las acusaciones.

 

Diez días. Una cuenta atrás que, más allá de los plazos legales, tiene un enorme peso simbólico. Porque durante todo este tiempo, mientras otros procedimientos avanzaban a velocidad de vértigo, este permanecía congelado.

 

 

El caso no es menor. González Amador está acusado de dos delitos fiscales y de posibles delitos de corrupción en los negocios.

 

Según las investigaciones, habría presentado facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para defraudar a Hacienda, apoyado por una red de empresas pantalla y colaboradores que ahora también están imputados.

 

Cinco acusados en total. Cinco historias cruzadas por un entramado de facturación falsa, sociedades opacas y operaciones empresariales que, según las acusaciones, ocultarían algo mucho más grave.

 

Durante meses, la causa estuvo técnicamente lista para avanzar. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares habían presentado sus escritos.

 

Todo estaba preparado para que las defensas respondieran y el caso se elevara a los juzgados de lo penal. Pero eso no ocurrió. Pasaron semanas. Luego meses. Cuatro meses de espera injustificada que muchos calificaron abiertamente como un escándalo.

 

 

La reactivación del procedimiento llega ahora, después de que la dilación fuera denunciada públicamente. Y llega en un momento especialmente delicado, porque el calendario político y judicial empieza a cruzarse de forma peligrosa.

 

Una vez que las defensas contesten, la causa podrá elevarse al decanato para que se asigne un juez de lo penal.

 

Solo entonces se sabrá cuándo se celebrará el juicio. Y ahí surge la gran pregunta que muchos ya se hacen en voz baja: ¿será antes o después de las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid?

 

 

Pero la historia no acaba ahí. De hecho, se complica aún más.

 

 

Mientras la causa principal avanza a trompicones, hay una segunda línea de investigación que sigue rodeada de sombras.

 

Una investigación que tiene que ver con presuntas comisiones millonarias y con una compleja triangulación de operaciones entre González Amador, Fernando Camino —presidente del grupo sanitario Quirón— y su entorno empresarial.

 

En el centro de esa investigación está un ático situado en el barrio de Chamberí, donde reside la pareja de la presidenta madrileña, adquirido por un precio que ha despertado numerosas sospechas.

 

 

Para aclarar esta segunda causa, la jueza solicitó la intervención de la UCO de la Guardia Civil, dada la complejidad de las operaciones investigadas.

 

No se trataba de un simple informe, sino de la realización de diligencias especializadas: analizar movimientos de dinero, cruces societarios, compraventas empresariales y posibles encubrimientos.

 

La petición se firmó el 27 de junio. Sin embargo, según se ha sabido, la UCO no comenzó a trabajar en serio hasta meses después, ya en noviembre.

 

 

Han pasado más de siete meses desde entonces. Más de 200 días. Y a día de hoy, no hay resultados visibles. No hay diligencias concluidas.

 

No hay avances públicos. Nada. Esta lentitud ha agotado la paciencia de las acusaciones, entre ellas PSOE y Más Madrid, que han solicitado formalmente al juez que requiera explicaciones a la UCO y que se agilice de una vez la investigación.

 

La comparación resulta inevitable. Cuando las investigaciones afectan a dirigentes o entornos de la izquierda, la rapidez es extrema.

 

Registros, filtraciones, informes que aparecen casi de inmediato. En este caso, en cambio, la calma es desesperante. Una calma que muchos interpretan como una doble vara de medir que erosiona la confianza en las instituciones.

 

Y mientras todo esto ocurre, Alberto González Amador no solo se defiende. Contraataca.

 

En un movimiento que ha generado una enorme indignación social, la pareja de Ayuso ha solicitado que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le pague casi 65.000 euros en concepto de costas judiciales, una cantidad incluso superior a la multa y a la indemnización impuesta en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal por un delito de revelación de secretos.

 

Además, ha recurrido la decisión que permitía a García Ortiz reincorporarse a la carrera fiscal, buscando que quede definitivamente expulsado hasta, al menos, 2029.

 

 

El mensaje que muchos perciben es demoledor. Un presunto defraudador fiscal, con causas pendientes por corrupción en los negocios, exige que quien perdió su cargo por defender públicamente a la institución que dirigía no solo quede fuera de la carrera profesional, sino que además pague el coste de su defensa. Para una parte importante de la opinión pública, esto roza lo obsceno.

 

 

Las reacciones no se han hecho esperar. En platós de televisión, en columnas de opinión y en redes sociales, la palabra “indignidad” se repite una y otra vez. Indignidad por la lentitud de la justicia.

 

Indignidad por la asimetría en el trato. Indignidad porque, según denuncian algunos analistas, los ciudadanos estarían pagando dos veces: primero, presuntamente, con el fraude que permitió adquirir el inmueble; después, con el intento de cargar sobre un ex cargo público el coste de una defensa privada.

 

 

En este contexto, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso no han ayudado a rebajar la tensión. Al contrario. La presidenta madrileña ha elevado el tono, acusando a antiguos presidentes del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero de estar “en todas las salsas” y de representar una delincuencia que, según ella, “campa a sus anchas desde la Moncloa hasta las fronteras”.

 

Un discurso que algunos analistas califican abiertamente de estrategia de confrontación permanente, inspirada en modelos de comunicación política basados en el caos, el miedo y la deshumanización del adversario.

 

 

Para muchos, estas palabras contrastan brutalmente con la realidad judicial que rodea a su entorno más íntimo. Mientras se lanzan acusaciones genéricas contra la izquierda, el foco vuelve una y otra vez al ático de Chamberí, a las facturas falsas, a las empresas fantasma y a una investigación que avanza con una lentitud difícil de justificar.

 

 

La sensación de impunidad ha calado hondo. Y con ella, una pregunta incómoda: ¿es igual la justicia para todos? Hay quienes defienden que sí, que el sistema judicial funciona y que ponerlo en duda es peligroso para la democracia.

 

Otros, en cambio, sostienen que la democracia se debilita precisamente cuando se tolera que la justicia funcione a distintas velocidades según el apellido, la agenda política o el poder mediático de quien está en el punto de mira.

 

Lo que resulta innegable es que este caso se ha convertido en algo más que un procedimiento penal. Es un símbolo.

 

Un espejo en el que muchos ciudadanos ven reflejada su desconfianza, su cansancio y su hartazgo. Porque no se trata solo de delitos fiscales o de comisiones. Se trata de la percepción de que hay personas que siempre caen de pie y otras que pagan el precio más alto por decir la verdad.

 

A partir de ahora, el reloj corre. Diez días para que las defensas respondan. Un futuro juicio en el horizonte. Un informe de la UCO que sigue sin aparecer. Y un clima político cada vez más enrarecido, donde cada movimiento judicial tiene una lectura electoral.

 

La pregunta ya no es solo qué pasará con Alberto González Amador. La pregunta es qué pasará con la confianza de la ciudadanía en un sistema que promete igualdad ante la ley, pero que demasiadas veces parece fallar en demostrarla.

 

Porque cuando la justicia se percibe como lenta, selectiva o injusta, el daño va mucho más allá de un caso concreto. Afecta al corazón mismo de la democracia.

 

 

Y ahí, precisamente ahí, es donde este asunto deja de ser un simple titular para convertirse en una historia que interpela a todos.

 

A quienes miran hacia otro lado. A quienes justifican lo injustificable. Y también a quienes creen que callar es la mejor estrategia. Porque a veces, el silencio no protege: delata.