Begoña da al PSOE el peor fin de campaña: el juez Peinado la imputa.

 

 

 

“La Audiencia Provincial avala la imputación por malversación de Begoña Gómez y su asesora: un golpe judicial que complica el futuro de la esposa de Sánchez”.

 

 

 

La última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid marca un punto de inflexión en el caso que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez.

 

 

El tribunal madrileño ha respaldado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a ambas por un presunto delito de malversación, confirmando la solidez de la investigación y desbaratando los argumentos del entorno gubernamental que venían acusando al magistrado de actuar por motivaciones políticas o de practicar “lawfare”.

 

 

 

Este respaldo judicial se produce en un contexto de máxima tensión política y mediática, donde cada paso del juez Peinado ha sido escrutado y, en muchos casos, duramente criticado por miembros del Gobierno y sus aliados.

 

 

 

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha ido refrendando sistemáticamente las decisiones del instructor, desestimando querellas contra él y delimitando la investigación solo en aspectos puntuales, pero nunca cuestionando la base de las imputaciones.

 

 

El mensaje es claro: no hay ningún elemento que apunte a una prevaricación por parte del juez, y sí existen indicios sólidos para investigar a Begoña Gómez y a su entorno.

 

 

 

El núcleo de la acusación se centra en la contratación de Cristina Álvarez, amiga personal de Begoña Gómez y subordinada suya en la empresa IMARK antes de llegar a la Moncloa.

 

 

La Audiencia Provincial subraya que es la primera vez que, en este tipo de nombramientos, el puesto de asistente de la esposa del presidente no recae en un funcionario experto en protocolo, como ha sido tradicional, sino en una persona de máxima confianza y con vínculos personales directos.

 

 

Este hecho es considerado por el tribunal como “dudoso e incluso potencialmente delictivo”, dado que la función pública exige transparencia y profesionalidad en la gestión de recursos y cargos.

 

 

Según la investigación, Cristina Álvarez no solo realizaba funciones protocolarias o de acompañamiento en eventos oficiales, sino que habría desempeñado tareas privadas relacionadas con la actividad académica y profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

 

 

Existen correos electrónicos en los que Álvarez solicita fondos para el máster dirigido por Gómez, organiza viajes y gestiona cuestiones que no tienen que ver con la agenda institucional de la esposa del presidente, sino con sus intereses particulares.

 

 

Este uso de recursos públicos para fines privados es, precisamente, lo que la Audiencia Provincial considera que debe ser investigado en profundidad.

 

 

 

La situación judicial de Begoña Gómez se complica aún más porque la Audiencia Provincial deja la puerta abierta a que la investigación derive en un juicio oral.

 

 

El tribunal sostiene que “nadie la libra del banquillo de los acusados”, y que será en ese escenario donde se dilucide si las actuaciones de Gómez y Álvarez constituyen realmente un delito de malversación.

 

 

Aunque la presunción de inocencia sigue vigente y será el juicio el que determine la responsabilidad penal, el hecho de que la Audiencia Provincial avale la investigación refuerza la gravedad del caso y pone en cuestión la estrategia de defensa basada en el descrédito del juez instructor.

 

 

Este caso también plantea interrogantes sobre el papel de los asesores y asistentes personales de los altos cargos públicos.

 

 

Tradicionalmente, la esposa del presidente del Gobierno ha contado con la asistencia de funcionarios especializados en protocolo, encargados de gestionar la agenda y las actividades institucionales.

 

 

Sin embargo, en el caso de Begoña Gómez, la elección de una amiga personal para desempeñar estas funciones rompe con esa tradición y genera dudas sobre el uso de recursos públicos para fines particulares.

 

 

La Audiencia Provincial lo expresa sin ambages: “Sería la primera vez en este tipo de nombramientos que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino en una persona de su máxima confianza y para atender a sus intereses particulares”.

 

 

 

El debate político no se ha hecho esperar. Desde la oposición y varios medios de comunicación se insiste en que el caso de Begoña Gómez no tiene comparación con el de otras primeras damas, como la esposa de Mariano Rajoy, que contó con un asistente personal funcionario.

 

 

Lo que se investiga ahora es si Begoña Gómez utilizó su posición para contratar a una amiga y emplear fondos públicos en labores que excedían el ámbito protocolario y se adentraban en el terreno privado y profesional.

 

 

 

La defensa de Gómez y Álvarez sostiene que todas las actuaciones se ajustaron a la legalidad y que la contratación respondía a necesidades reales de la agenda institucional.

 

 

Sin embargo, los indicios recopilados por el juez Peinado y avalados por la Audiencia Provincial apuntan a una posible desviación de funciones.

 

 

La pregunta que deberá responder el tribunal es si esa desviación constituye realmente un delito de malversación, es decir, si se produjo un uso indebido de fondos públicos para beneficio privado.

 

 

La posición de Cristina Álvarez también será objeto de análisis.

 

 

Aunque la responsabilidad principal recae sobre quien realiza la contratación y determina las funciones, no se descarta que la propia asistente pueda ser considerada responsable penal si se demuestra que participó activamente en la gestión de recursos públicos para fines particulares.

 

 

Sin embargo, la Audiencia Provincial parece centrar el foco en la figura de Begoña Gómez como principal responsable de la contratación y del uso de los recursos públicos.

 

 

El caso Begoña Gómez se ha convertido así en uno de los principales desafíos judiciales para el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

 

La estrategia de defensa basada en el ataque al juez Peinado y la denuncia de un supuesto “lawfare” pierde fuerza ante el respaldo explícito de la Audiencia Provincial de Madrid.

 

 

El tribunal no solo avala la investigación, sino que considera que existen bases sólidas para imputar a Gómez y a su asesora, y que la investigación debe continuar hasta esclarecer todos los hechos.

 

 

En conclusión, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid supone un golpe judicial para Begoña Gómez y para el entorno del presidente del Gobierno.

 

 

La investigación por malversación sigue su curso, y todo apunta a que la esposa de Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el uso de fondos públicos en beneficio propio.

 

 

El desenlace del caso dependerá de lo que determinen los tribunales en el juicio oral, pero lo que está claro es que la polémica sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en el entorno presidencial está lejos de resolverse.