El COLAPSO de SÁNCHEZ en el Congreso 😂¡¡SE ACOJONA y “SE QUEDA SIN VOZ” ante las RISAS de ABASCAL!!.

 

 

La sesión de control al Gobierno de esta semana dejó una de esas escenas que condensan, en pocos minutos, el estado real de la política española.

 

No fue solo un intercambio de reproches entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

 

Fue una radiografía cruda de un Parlamento crispado, de un país cansado y de una ciudadanía que asiste, muchas veces con desconcierto, a debates que parecen cada vez más alejados de sus problemas cotidianos.

 

La pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez parecía, en apariencia, sencilla y concreta: si el Gobierno había culminado ya la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y cuándo pensaba presentarlos.

 

Una cuestión clave, no solo desde el punto de vista institucional, sino también económico y social.

 

Sin presupuestos, un país avanza a trompicones; con ellos, al menos sobre el papel, se traza una hoja de ruta.

 

Sin embargo, lo que siguió distó mucho de una respuesta técnica o calmada.

 

Pedro Sánchez tomó la palabra con un tono que mezcló defensa política y ataque directo.

 

Antes de entrar en el fondo de la cuestión presupuestaria, desvió el foco hacia las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

 

 

Denunció el deterioro de los servicios públicos en esos territorios y acusó a los gobiernos autonómicos del PP de aplicar un “plan calculado” para desmantelar el Estado del bienestar.

 

Sanidad, dependencia, educación: todos los frentes aparecieron en su intervención, no como una explicación de la acción del Ejecutivo central, sino como un contraataque al adversario.

 

 

El mensaje era claro: el problema, según el presidente, no es la falta de presupuestos, sino la gestión ideológica de la derecha en las comunidades donde gobierna.

 

Sánchez insistió en que el Gobierno sí transfiere recursos económicos, pero que estos no se traducen en mejores servicios porque, a su juicio, el PP prioriza privatizaciones y recortes.

 

Una narrativa conocida, pero que, en el contexto de la pregunta planteada, dejó una sensación de evasión.

 

Mientras el presidente hablaba, el ambiente en el hemiciclo se tensaba.

 

Los murmullos crecían, las interrupciones se sucedían y la presidenta del Congreso tuvo que pedir silencio en varias ocasiones.

 

No era una discusión ordenada; era un choque frontal de relatos. Sánchez fue más allá y lanzó responsabilidades directas a Feijóo como líder de la oposición: le instó a exigir a presidentes autonómicos populares que devuelvan fondos no ejecutados, que frenen privatizaciones y que compartan datos sanitarios con el Gobierno central.

 

 

El trasfondo del mensaje apuntaba a una idea recurrente del Ejecutivo: la mayoría parlamentaria legitima su acción política y desautoriza las críticas de la oposición.

 

Sin embargo, esa mayoría, construida con alianzas frágiles y heterogéneas, es precisamente uno de los puntos más cuestionados por sus adversarios. Y ahí fue donde Feijóo decidió subir el tono.

 

 

Cuando el líder del PP tomó la palabra, lo hizo sin rodeos. Su intervención no se centró únicamente en los presupuestos, sino en lo que considera una anomalía democrática: tres años sin nuevas cuentas públicas aprobadas y un Gobierno que, según él, “no responde”.

 

 

Feijóo dibujó una comparación directa con la vida cotidiana: cuando un trabajador no cumple, se le despide; cuando una empresa no presenta cuentas, se le sanciona; cuando una familia no planifica, quiebra.

 

En cambio, acusó al Gobierno de seguir funcionando sin presupuestos mientras “la gente vive peor y paga más”.

 

 

El discurso se endureció todavía más cuando introdujo la cuestión de la corrupción y los escándalos que rodean al entorno del Ejecutivo.

 

Feijóo habló de “impuestos para tapar corrupción” y de un Gobierno que, a su juicio, “se protege a sí mismo”.

 

La bancada socialista reaccionó con gestos de incredulidad y protestas, mientras el líder popular insistía en que el país no puede avanzar con un Ejecutivo que, según él, se aferra al poder sin una mayoría social clara.

 

 

El momento más tenso llegó cuando Feijóo lanzó un reto directo: si el Gobierno cree tener mayoría, que la demuestre con presupuestos; y si no, que convoque elecciones.

 

No fue una frase improvisada, sino el eje de su estrategia política: trasladar a la opinión pública la idea de bloqueo institucional y desgaste democrático.

 

 

La respuesta posterior de Pedro Sánchez no rebajó la confrontación. Con ironía, recordó que Feijóo lleva años al frente del PP y que es él quien pide elecciones de forma recurrente.

 

Defendió su legitimidad señalando a los millones de españoles que votaron al PSOE y a las fuerzas que sostienen al Gobierno.

 

Reivindicó además los logros económicos desde 2018: la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción del déficit en términos de PIB y el incremento de transferencias a las comunidades autónomas.

 

 

Sánchez entró también en el debate sobre inmigración, uno de los temas más utilizados por la derecha y la ultraderecha.

 

Frente al relato de “inmigración masiva”, respondió con datos: más del 90% de las personas migrantes llegan por vías regulares y ocho de cada diez proceden de Europa o América Latina.

 

“Los datos matan el relato”, afirmó, en una frase que resume bien su estrategia discursiva: confrontar acusaciones con cifras.

 

 

El presidente dedicó una parte importante de su intervención a defender las políticas hacia los autónomos, un colectivo especialmente sensible al discurso opositor.

 

Reconoció que queda mucho por hacer, pero aportó estadísticas sobre el aumento de ingresos, la confianza empresarial y la reforma de las cotizaciones por ingresos reales, recordando que esta fue una demanda histórica respaldada incluso por el propio Partido Popular en su momento.

 

 

Pero el debate no terminó ahí. La entrada de Vox, con la intervención de su portavoz, elevó aún más el tono.

 

El discurso fue abiertamente incendiario, mezclando críticas a la fiscalidad, a la deuda pública, a la inmigración y al modelo económico del Gobierno. Se habló de “saqueo” a la clase media, de inseguridad en las calles y de jóvenes obligados a emigrar.

 

Un mensaje diseñado claramente para la confrontación emocional y la viralización, más que para el debate parlamentario constructivo.

 

 

Pedro Sánchez respondió nuevamente, defendiendo el modelo económico del Ejecutivo y recordando avances sociales y laborales.

 

Sin embargo, el clima ya estaba marcado. No se trataba de convencer al adversario, sino de enviar mensajes a audiencias externas: votantes fieles, indecisos y ciudadanos desencantados.

 

 

Lo ocurrido en esta sesión de control es significativo no solo por lo que se dijo, sino por lo que revela.

 

La ausencia de presupuestos se ha convertido en un símbolo de la fragilidad política del Gobierno, mientras que la oposición utiliza ese vacío como prueba de agotamiento del ciclo.

 

Al mismo tiempo, el Ejecutivo se apoya en datos macroeconómicos y en su mayoría parlamentaria para defender su continuidad, aunque esa mayoría no siempre se traduzca en estabilidad legislativa.

 

 

Para el ciudadano medio, el espectáculo parlamentario deja una sensación ambivalente.

 

Por un lado, hay problemas reales sobre la mesa: inflación, vivienda, servicios públicos, fiscalidad.

 

Por otro, el tono del debate parece alejarse cada vez más de soluciones concretas.

 

Las interrupciones, los reproches personales y la constante referencia al adversario como culpable absoluto generan cansancio y desafección.

 

 

Sin embargo, este tipo de sesiones también cumplen una función: muestran sin filtros las líneas rojas de cada actor político.

 

Feijóo apuesta por el discurso de orden, responsabilidad presupuestaria y convocatoria electoral.

 

Sánchez se aferra a la legitimidad parlamentaria, a los datos económicos y a la confrontación ideológica con la derecha.

 

Vox, por su parte, intensifica un relato de ruptura que busca capitalizar el descontento social.

 

 

El verdadero interrogante es qué ocurre después del ruido. ¿Habrá presupuestos? ¿Se abrirá una negociación real o se prolongará el bloqueo? ¿Se traducirán los datos macroeconómicos en mejoras tangibles para la mayoría social? Estas son las preguntas que importan fuera del hemiciclo y que, de momento, siguen sin una respuesta clara.

 

 

La política española vive instalada en una tensión permanente entre la aritmética parlamentaria y la legitimidad social.

 

Y sesiones como esta no hacen sino evidenciarlo. Mientras los líderes se lanzan acusaciones cruzadas, millones de ciudadanos esperan algo más que discursos: esperan certezas, estabilidad y decisiones que impacten en su vida diaria.

 

 

Lo sucedido en el Congreso no fue un simple rifirrafe. Fue un síntoma. Un reflejo de un sistema político que funciona, sí, pero con dificultades crecientes para generar consensos amplios.

 

Y en ese contexto, la pregunta sobre los presupuestos no es solo una cuestión técnica: es una prueba de hasta qué punto el Gobierno y la oposición están dispuestos a anteponer el interés general al desgaste mutuo.

 

 

El debate continúa. Fuera del Parlamento, la vida sigue. Dentro, las palabras vuelan, pero las decisiones se hacen esperar. Y ahí, precisamente ahí, es donde se juega la credibilidad de todos.